JERUSALÉN.- Israel ha tomado una serie de medidas para, en nombre de su seguridad, frenar la actual ola de violencia y, con ello, aumentar aún más la presión sobre los palestinos. Entre las iniciativas aprobadas, el Gobierno de Netanyahu ha decidido no devolver a sus familias los cadáveres de los autores de los últimos ataques que han sido disparados por las fuerzas israelíes. El Ejecutivo defiende que al tomar esta decisión evita que los funerales se conviertan en manifestaciones que alienten a la violencia. 

"La familia del terrorista convierte su funeral en una manifestación de apoyo al terrorismo e incitación al asesinato y no debemos tolerarlo, Debemos hacer todo lo posible para que los terroristas no reciban honores y elogios tras llevar a cabo los ataques", adujo el ministro de Seguridad Interna israelí, Guilad Erdan, en un comunicado difundido este miércoles. Según la decisión, aprobada anoche por el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí, los atacantes serán enterrados en antiguos cementerios militares de Israel.

El Gobierno de Netanyahu también ha anunciado que, dentro de las medidas excepcionales adoptadas en las últimas horas, podrá a partir de ahora cercar los barrios árabes de Jerusalén Este, considerados "centros de fricción e incitación". Además, incrementará aún más la dotación policial, destinará unos 18 millones de euros para reclutar 300 guardias adicionales que desplegará en el transporte público de Jerusalén y reforzará las fuerzas policiales en ciudades y carreteras con fuerzas militares. "El Ejército recibirá instrucciones para destacar unidades en áreas sensibles" a lo largo del muro, señala la nota del Gobierno, que también ha ordenado que se acelere la construcción de la valla a lo largo de las colinas del sur de Hebrón, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

Medidas cuestionadas por los tribunales

La batería de medidas no acaba ahí. El gabinete de seguridad del Ejecutivo ha decidido asimismo revocar los derechos de residencia a los palestinos acusados de delitos de "terrorismo", lo que afecta fundamentalmente a los del territorio ocupado de Jerusalén Este, que no tienen nacionalidad israelí pero si residencia, y confiscar las propiedades de quienes lleven a cabo ataques. Las autoridades israelíes también reforzarán las tareas de demolición de casas de los responsables de ataques y prohibirá que se vuelva a construir en esos lugares. Iniciativas similares han sido posteriormente canceladas por los tribunales israelíes, que han cuestionado la legalidad de ese tipo de medidas.
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La región cumple este miércoles hoy dos semanas consecutivas de violencia, con ataques y disturbios en los que han muerto siete israelíes y 30 palestinos, incluidos niños. Según fuentes policiales israelíes, a once de ellos se les mató a tiros tras perpetrar o intentar perpetrar ataques mediante apuñalamientos y atropellos.

Las causas de la violencia son múltiples aunque los palestinos están molestos por lo que ven como una creciente intrusión de los judíos en el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una zona considerada sagrada tanto por musulmanes como por judíos. Además, existe entre los palestinos una profunda decepción por los fracasos en las conversaciones de paz que se desarrollan desde hace años, sin que hayan logrado avanzar hacia el objetivo de lograr un Estado propio y sin que detenga la construcción de asentamientos en Jerusalén Este y en Cisjordania.

Nueva escalada en la política de seguridad de Israel

Muchos de los ataques registrados desde comienzos de octubre han sido llevados a cabo por residentes de Jerusalén Este, el sector predominantemente árabe de la ciudad. Israel considera, en un desafío a la comunidad internacional, que todo Jerusalén forma parte de su territorio, por lo que la decisión de cerrar los barrios árabes supone una nueva escalada en la política de seguridad.

Analistas israelíes de temas militares han puesto en entredicho la eficacia que pueda tener esta medida por considerar que los que están decididos a atacar continuarán encontrando el modo de hacerlo. Asimismo, la organización Human Rights Watch ha asegurado que esta iniciativa, que todavía no se ha impuesto pero que se impondrá si continúa la violencia, representa "una receta para el acoso y el abuso". "Cerrar los barrios de Jerusalén Este infringirá una vez más la libertad de movimientos de todos los residentes palestinos en lugar de ser una respuesta estrictamente medida frente a una preocupación concreta", ha afirmado la ONG en un comunicado.

El ministro israelí para temas de Jerusalén, Zeev Elkin, ha declarado a Israel Radio que esta medida se adopta por cuestiones de seguridad y que no persigue someter a la ciudad a una división política. Los palestinos reivindican Jerusalén Este como la capital de su futuro Estado. Este martes, en la última jornada de violencia, varios hombres armados con cuchillos y pistolas mataron a tres israelíes y dejaron a varios más heridos en Jerusalén y en Raanana, cerca de Tel Aviv, en lo que varios grupos palestinos habían declarado como un nuevo "Día de la Ira".