El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es hoy un poco más igual ante la Ley que el resto de los ciudadanos. La Corte Constitucional ha decidido invalidar parcialmente el legítimo impedimento, una norma que permitía a Il Cavaliere ausentarse de los tres procesos judiciales que tiene pendientes aduciendo una incompatibilidad con su agenda institucional.

La ley no ha sido declarada inconstitucional en su totalidad, pero será modificada en su esencia, ya que le tocará al juez decidir si los compromisos de Berlusconi al frente del Gobierno son suficiente excusa como para librarse de acudir a los tribunales.

El veredicto, además, invalida otro de los artículos del legítimo impedimento en el que se obligaba al juez de turno a posponer el juicio seis meses en el caso de que Berlusconi no se pudiera presentar. Esto es especialmente importante ya que dos de los procesos abiertos prescriben en octubre de este año.

La decisión vuelve a poner en duda la supervivencia del Gobierno de Il Cavaliere, que además de enfrentarse al Parlamento en minoría, tendrá que ausentarse de sus ocupaciones para rendir cuentas ante la Justicia por sus asuntos personales. Y aunque esta tarde confesara a los suyos que 'hay que ver el vaso medio lleno', se puede hablar de derrota porque sus movimientos para blindarse de los jueces aprovechando su posición política ha fracasado.

Sin embargo, resulta desconcertante que la Corte Constitucional decida mantener la norma, porque reconoce de alguna manera que el artículo 3 de la Carta Magna, el que define que 'todos los italianos son iguales ante la ley', no incluye a los cargos del Gobierno en determinadas circunstancias. De ahí que Niccolò Ghedini, abogado de Berlusconi, dijera después del veredicto que se ha demostrado que 'la ley es válida'.

Pero no todos los hombres del premier fueron tan positivos. El ministro de Cultura, Sandro Bondi, aseguró que 'nos enfrentamos al hundimiento de los principios fundamentales del orden democrático [...] dejando en manos de un magistrado la última decisión sobre el ejercicio de la responsabilidad política e institucional'.

Quizá no haya que esperar a los jueces. Los 15 magistrados que componen el Alto Tribunal aceptaron en una audiencia pública el miércoles que se lleve a cabo un referéndum antes del verano, para que sean los ciudadanos los que decidan si la norma debe seguir vigente o se debe eliminar.

El legítimo impedimento era una más de las leyes aprobadas por Berlusconi ad personam. Es decir, un parche instantáneo que sirviera para frenar la sangría legal que es el mundo empresarial del premier.

Fue concebida en abril de 2010 con una vigencia de 18 meses, mientras el Gobierno preparaba su recurso al defenestrado Lodo Alfano, una reforma de la Justicia declarada inconstitucional en octubre de 2009 y que blindaba a Il Cavaliere del caso Mills, el caso Mediaset, el caso Mediatrade, y otros problemas que pudieran surgir por el camino. 

Mientras que Berlusconi ya ha anunciado su aparición mañana en directo en uno de los programas de sus cadenas de televisión 'para explicar a los italianos la persecución judicial' de la que se dice 'víctima', la oposición vio con cierta desconfianza la decisión de la Corte. El juez Antonio di Pietro, líder de Italia de los Valores, dijo que 'sigue en pie un artículo que debe ser abatido con el referéndum porque si no Berlusconi no irá nunca a ver a los jueces'.

Si todo sigue su curso, a partir de ahora Berlusconi se enfrentará primero al caso Mills, en el que la fiscalía de Milán le acusa de sobornar al abogado británico David Mills para declarar a su favor en dos juicios.

También, a los casos Mediaset y Mediatrade, por los que los jueces lombardos le acusan de evasión de capitales y fraude fiscal en la adquisición de derechos televisivos para sus empresas.

Y por último, a la fiscalía de Roma, que tiene abierta una vista preliminar en un caso derivado del Mediatrade en la capital italiana por los mismos motivos.