Helen Kitania tiene 27 años y vive en uno de los barrios del sur de Tel Aviv donde se concentra una población de decenas de miles de africanos que han pedido asilo político en Israel. En su inmensa mayoría son hombres, aunque también hay mujeres como Helen, que a veces han encontrado puestos de trabajo precarios, en una lavandería, limpiando coches, o en cualquier otro sitio donde los locales no quieren trabajar. 

Este mes de febrero el Ministerio del Interior les ha comenzado a entregar avisos escritos mediante los que se les comunica que tienen que tomar una decisión, y se les da el plazo de algunas semanas: si no desean ingresar en la cárcel, deben abandonar Israel con destino a Uganda o Ruanda, dos países con los que las autoridades israelíes han negociado que les den acogida, aunque no hay ciudadanos de esos dos países como refugiados en Israel. 

Helen es una cristiana de Eritrea, el país que cuenta con más refugiados en Israel, y dedica su tiempo a asistir a otras mujeres africanas, inválidas o que simplemente no pueden seguir adelante. "En Eritrea se nos persigue a las mujeres por ser mujeres, especialmente a las que tienen a sus maridos o hermanos fuera del país", dice Helen, casada y madre de una niña de cuatro años. "Allí la situación es muy complicada y a veces se roban órganos a las mujeres para venderlos". 

"Me gustaría volver a Eritrea pero antes tiene que cambiar el gobierno. Con este gobierno es imposible". Este argumento lo comparten todos los eritreos que hay en Israel, y el gobierno lo sabe, así que les da la posibilidad de irse a Ruanda o Uganda y evitar Eritrea. Sin embargo, otros eritreos que han tomado esta vía les han avisado que es peligroso emigrar a esos países puesto que la vida allí es difícil.
El gobierno israelí da los eritreos hasta 3.000 dólares en el momento que han cruzado la oficinas de pasaportes del aeropuerto de Tel Aviv, pero ese dinero se vuelve en contra suya cuando llegan a Uganda o Ruanda puesto que allí saben que los eritreos viajan con dinero y a menudo se lo roban. 

Michael Teklit es otro cristiano que llegó desde Eritrea hace nueve años, cuando tenía 17 años. "En Eritrea me detuvieron y me alistaron en el ejército. Logré escapar y me refugié en Sudán, pero la vida no era fácil y escapé a Egipto. Como en Sudán, en Egipto la policía me perseguía, así que conseguí pasar a Israel por el Sinaí", dice. 

Soltero, Teklit no descarta entrar en prisión puesto que no va a aceptar la deportación a ningún país africano. "El gobierno israelí dice que no es una deportación, que es un viaje voluntario, pero lo cierto es que se nos quiere forzar a marcharnos y eso es deportación. Prefiero que me metan en la cárcel", dice, y añade que la inmensa mayoría de eritreos son de la misma opinión. 

Desde que llegó, ha estado trabajando en empleos precarios, en cocinas o haciendo limpiezas, principalmente, y sin ningún beneficio del Estado. "No quiero quedarme para siempre en Israel, sino solo hasta que Eritrea sea un país seguro para mí, algo que de momento no puede ser puesto que allí no hay libertad. Es una pena que el gobierno israelí nos quiera presentar como delincuentes delante de la sociedad, mientras nosotros soñamos con regresar a Eritrea porque aquí no tenemos familia". 

"Somos conscientes de que muchos refugiados vivimos en el sur de Tel Aviv, pero es así porque no nos dan otra opción. No podemos alquilar una habitación en otros barrios de la ciudad, o en otras ciudades de Israel, por eso estamos en el sur de Tel Aviv", dice Teklit, quien continuamente debe ir a renovar el visado que le dan periódicamente. "Hace cuatro años me entrevistó la policía y solicité asilo, pero hasta ahora nadie me ha respondido". 

Michal Rozin, una diputada de Meretz, el partido liberal que cuenta con una magra representación en la Kneset, se ha ocupado durante cinco años de los refugiados africanos. "Hemos propuesto al gobierno que dé trabajo a algunos miles de refugiados por todo el país con el fin de aliviar los barrios del sur de Tel Aviv, pero el gobierno solo habla de deportación o de prisión, no tiene otro interés", dice la diputada. 

"Creo que los refugiados deberían quedarse en Israel con todos sus derechos sociales hasta que puedan regresar a sus países con seguridad. Creemos que no representan ninguna amenaza para nuestra seguridad ni para el carácter judío de Israel", dice respondiendo a algunas objeciones que ha puesto la derecha. Rozin, que ha visitado Ruanda y Uganda, dice que "la mayoría de los deportados acaban en la cárcel o en viviendas comunes con numerosos problemas". 

Yael, una joven israelí empleada en una ONG que asiste a los refugiados africanos, dice: "Nuestro trabajo consiste en buscar que Israel respete la legislación internacional. En Europa, el 91,3% de los eritreos son acogidos como refugiados políticos, mientras que aquí prácticamente no se ha dado asilo a ningún eritreo. La proporción lo dice todo". 

Según los datos de esta ONG, el Ministerio del Interior estima que en el país hay 26.000 eritreos y 7.500 sudaneses del sur. En el primer plan de gobierno se pretende deportar a todos los eritreos y sudaneses del sur que no tienen familia en Israel.