La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe presentado este martes que más de 3.000 menores fueron detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, documentando entre ellos 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abusos y violaciones a los derechos humanos.

"Desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más de 3.000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas. Human Rights Watch documentó 66 casos de menores que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos, y acoso policial", señala el informe.

Bajo el título "Su hijo no existe aquí: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador", el informe detalla que, en los casos documentados, "los menores detenidos reportaron condiciones de detención inhumanas, que incluyen hacinamiento extremo y condiciones antihigiénicas que ponen en riesgo su salud, así como falta de alimentación y de atención sanitaria adecuadas".

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, remarcó en una conferencia de prensa en San Salvador que algunas de las violaciones a derechos de menores son detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, golpizas, falta de condiciones básica, castigos físicos, entre otras.

Expuso ante periodistas el caso de un menor de 16 años –identificado únicamente como Agustín– quien junto con su familia sufrió desplazamiento forzado interno a causa de la violencia de las pandillas y que luego fue capturado en el marco del régimen de excepción y "lo mantuvieron detenido en una celda hacinada".

Relató que al menor, que fue liberado, "lo golpearon otros presos y los guardias no intervenían ante las agresiones que sufría". "El caso de Agustín es uno de los cientos de casos de los que ocurren diariamente en El Salvador bajo el régimen de excepción", dijo la directora de HRW.

Más de 3.300 menores detenidos

De acuerdo con HRW, "si bien las cifras gubernamentales sobre los menores detenidos son inconsistentes", el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) indicó a las autoridades de Estados Unidos que 3.319 niños fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, con 841 permanecían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena.

"Las detenciones se han concentrado en comunidades en las que la población ha sufrido durante años la inseguridad y la falta de oportunidades económicas y educativas", advierte el informe. "Se está priorizando en El Salvador, contrario a estándares internacionales, una decisión carcelaria cuando la obligación internacional es que para los niños y adolescentes la cárcel debería hacer el último recurso", agregó.

De acuerdo con el decreto aprobado, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, por lo que la continuidad de la suspensión de los derechos constitucionales "siguen siendo las necesarias" para "continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales".

El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, se colocó como la medida más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele y le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

"Costo humano muy alto"

El subdirector para las Américas de HRW, Juan Pappier, reconoció este martes que la violencia generada por las pandillas en El Salvador ha disminuido, pero señaló que lo ha hecho "a un costo humano muy alto".

La niñez salvadoreña indicó, "ha sufrido la falta de acceso a la educación, han sido afectados por el abandono y por supuesto por la violencia de las maras, que han cometido todo tipo de atrocidades en contra de los menores".

Reconoció que "la violencia por parte de las pandillas ha disminuido, la tasa de homicidios ha bajado significativamente en el país y la de extorsiones, aunque lamentablemente no podemos saber con exactitud cuál ha sido la disminución debido a la falta de transparencia y debido a reportes de manipulación de cifras en la tasa de homicidios".

"Queda claro que la violencia de las pandillas se ha disminuido en el país. Lo que ocurre es que esa disminución de la violencia ha ocurrido a un costo humano muy alto y completamente injustificado, que afecta a estos niños y adolescentes inocentes que nada tenían que ver con las pandillas brutales que operan en El Salvador", enfatizó. Además, se enviaron siete solicitudes de información al Gobierno de las que "algunas no las respondieron, otras fueron respuestas parciales, y otras que no existía o en reserva la información", añadió.

Organizaciones humanitarias han recibido, en el contexto de la implementación de esta medida, más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal.