La oposición fujimorista y sus aliados en el Congreso peruano necesitan una mayoría complaciente en el Tribunal Constitucional. Para ellos, más que un tribunal es otra cámara legislativa, otro escenario donde alcanzar pactos de gobierno. El presidente Martín Vizcarra, en su afán por evitarlo, ha jugado sus cartas y ahora el Congreso, con dominio opositor, está técnicamente desactivado, y la política peruana se ha convertido en una hoguera.

La esencia del altercado se halla en las decisiones más trascendentales que el Tribunal Constitucional tendrá que afrontar en los próximos meses, casi todas orbitando en torno a la corrupción y a los sobornos procedentes de la constructora brasileña Odebrecht. El coloso suramericano de las infraestructuras tan pronto construye carreteras, puertos y centrales hidroeléctricas como destruye gobiernos enteros. Entre estas decisiones, dos habeas corpus, uno presentado por Keiko Fujimori –en prisión preventiva por lavado de dinero de sobornos de Odebrecht–, y otro por su padre, Alberto Fujimori –condenado a 25 años de prisión como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta–.

La responsabilidad del proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional recae, según el Reglamento Normativo del propio tribunal, en el Congreso, “con el voto favorable de por los menos dos tercios del número legal de sus miembros y por un periodo de cinco años”. Actualmente seis de sus siete miembros han concluido mandato. Sin embargo, el Congreso, con mayoría opositora –fujimorista y aliados– venía articulando un proceso de selección exprés y controvertido. La comisión parlamentaria que debería elegir a los nuevos jueces no se había reunido aún con los once candidatos, de los cuales se tenían pocas referencias. Argucias demasiado opacas. Por eso presentó Martín Vizcarra la moción de confianza para suspender temporalmente esta elección de magistrados.

A partir del rechazo de la moción de confianza –Martín Vizcarra entendió que, al comenzar el Congreso la elección de miembros del Tribunal Constitucional sin antes atender su pedido, la moción resultaba negada–, el presidente peruano activó el artículo 134 de la Constitución, que le faculta “para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”. Esta era la segunda negación a una cuestión de confianza que recibía su Gobierno. La disolución tendría que incluir, como así ha sido, “la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso”, dentro de un plazo de cuatro meses. El Congreso intentó inhabilitar a Martín Vizcarra, pero ya era tarde.

El diario Público ha conversado con la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú), que ha vivido desde dentro este nuevo drama de la política peruana. “La crisis ha llegado hasta acá por acciones del Ejecutivo y del Legislativo, con responsabilidades compartidas”, explica Glave, “pero lo cierto es que el último capítulo es responsabilidad integral del Parlamento”.

Haciendo oídos sordos a las acusaciones de falta de transparencia en la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el Congreso eligió, como primer nuevo juez, al primo del presidente de la comisión permanente de la Cámara. “A través de una resolución legislativa, que ni siquiera se votó en el pleno, determina cuál será el criterio de recambio”, denuncia Glave. “Está incluso determinando a dedo qué magistrado del actual Tribunal Constitucional es al que hay que sacar. Eso es una intromisión grosera, y absoluta infracción en la Constitución”.

Martín Vizcarra, en su primera entrevista tras la disolución del Congreso, se lamentaba de que la cámara había determinado los once candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional “en media hora”. Ahora, con cuatro meses por delante con el país en estado de espera, el presidente contaba a El Comercio que va a continuar el “esfuerzo por tener resultados en beneficio de la población”, recalcando que, aunque no esté activo el Congreso, no tiene pensado “hacer uso y abuso de los decretos de urgencia” para ir sacando adelante medidas.

Odebrecht, la constructora brasileña omnipresente

Después de llevarse por delante a Keiko Fujimori, los contactos con la constructora brasileña Odebrecht acabaron también con la carrera presidencial de Pedro Pablo Kuczynski –Martín Vizcarra era su vicepresidente–. La empresa de Marcelo Odebrecht –detenido en Brasil en 2015, ahora en régimen semiabierto– instauró un efectivo modus operando por el cual apoyaba campañas electorales a cambio de futuros multimillonarios contratos de obras públicas. Todos los presidentes peruanos de los últimos lustros conocían el esquema a la perfección, incluido Allan García, que se disparó un tiro en la cabeza el pasado mes de abril cuando el cerco se estrechó sobre él.

En el mismo instante en que la mayoría fujimorista del Congreso peruano estaba intentando elegir para el Tribunal Constitucional a magistrados afines, llegaba a Brasil el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Estaba a punto de desvelar los famosos “codinomes”, los pseudóminos que se escondían detrás de las identidades de los receptores de sobornos. La Fiscalía brasileña que coordina la operación anticorrupción Lava-Jato se lo exigía, dentro del acuerdo de delaciones premiadas firmado con la constructora, para desvelar la totalidad de la documentación incautada. También están descodificando informaciones los exdirectivos Eleuberto Antonio Martorelli y Marko Antonio Harasic Angulo.

Agentes de la Policía Federal brasileña en la sede de la constructora Odebrecht en São Paulo, en febrero de 2016, durante una de las fases de la operación anticorrupción Lava-Jato. ROVENA ROSA/ AGÊNCIA BRASIL.

“Yo creo que no es una coincidencia, creo que hay una relación profunda”, asegura la congresista Marisa Glave. “Si no fuera por esta declaración no tiene ningún sentido que el Parlamento haya insistido, de manera casi desesperada, en intentar elegir a miembros del Tribunal Constitucional”. La congresista de Nuevo Perú sospecha de esa íntima relación de los hechos, y da por seguro que “el Congreso se está blindando, porque se sabe que los codinomes van a incluir nombres de parlamentarios”.

Los criptónimos están siendo desvelados, tal y como estaba planeado. Son 71 nombres secretos que recibieron cuantías no contabilizadas. Las filtraciones de los testimonios de los exmandatarios de Odebrecht llegaron desde Curitiba (Paraná) hasta Lima en cuestión de minutos. Son decenas y decenas de campañas electorales, tanto a nivel nacional como regional, compradas a golpe de talonario, entre ellas las de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo. Se auguran malos tiempos para los congresistas y excongresistas cercanos a estas figuras.

Más allá de las fronteras peruanas, la confrontación ha levantado todo tipo de temores, sobre todo en Suramérica. La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que señalaba que: “Compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”. La OEA recibe, con controlado optimismo, la convocatoria de elecciones, definiéndola como “un paso constructivo”, ya que cree conveniente “que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.