Al periodista haitiano Jean Dominique, azote de los poderosos, lo mataron el 3 de abril de 2000 a la puerta de la emisora de radio donde trabajaba en Puerto Príncipe. Había sido un feroz opositor a la dictadura de los Duvalier (1957-1986) y desde los micrófonos de Radio Haití-Inter también denunciaba la corrupción enquistada en las instituciones democráticas. A día de hoy todavía no se sabe quién lo mandó matar. Dos décadas después de ese crimen que conmocionó a Haití, nada parece haber cambiado en ese rincón del Caribe. La impunidad campa a sus anchas. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado ha dejado un país ingobernable, cada vez más empobrecido, víctima de las constantes rencillas entre la clase política y dominado por unas violentas pandillas que pretenden suplantar al Estado ante la incompetencia de la comunidad internacional.

Secuestros, asesinatos y extorsiones son el pan de cada día en Haití. El año pasado se registraron casi mil secuestros, entre ellos los de 55 extranjeros, según el Centro de Análisis e Investigaciones de Derechos Humanos de Haití (CARDH). El primer ministro, Ariel Henry, salía ileso de un atentado a principios de este mes. Desde el gobierno se acusa del ataque a bandas del crimen organizado. Apoyado en un primer momento por el denominado Core Group (EE.UU., Canadá y Francia, entre otros países), Henry ha ido perdiendo credibilidad desde que la justicia lo vinculara con el magnicidio. El fiscal Bedford Claude reveló en septiembre que Henry había hablado por teléfono horas después del atentado con uno de los principales sospechosos del caso, Joseph Badio, y pidió que se abriera una investigación al respecto. Para defenderse, el primer ministro pasó a la ofensiva y ordenó al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, que cesara al fiscal. Como Vincent no le hizo caso, Henry destituyó al ministro y despidió al fiscal de una tacada.

Hay cerca de medio centenar de personas arrestadas por el asesinato de Moïse, entre ellas 18 mercenarios colombianos y varios mandos policiales haitianos. Pero no se ha podido demostrar todavía quiénes fueron los autores intelectuales de un atentado que tiene muchos interrogantes sin resolver. Los miembros de la seguridad del mandatario no opusieron resistencia al comando armado que irrumpió en la residencia presidencial el 7 de julio. En una entrevista con The New York Times, Rodolphe Jaar, empresario ligado en el pasado al narcotráfico, ha admitido su colaboración en la trama. Según su relato, puso 130.000 dólares de su bolsillo, armas y una casa para albergar a los exmilitares colombianos.

Ahora que acaba de ser detenido en República Dominicana a petición de Estados Unidos, tal vez tenga tiempo para dar más explicaciones. Entre otras revelaciones, Jaar le contó al diario norteamericano que Badio le había hablado maravillas de Henry, un aliado político al que supuestamente tenía bajo su control. El plan inicial era deponer a Moïse pero no matarlo, de acuerdo con la declaración de Jaar, quien se habría unido a la confabulación después de que Badio le asegurara que los conspiradores contaban con el apoyo de Estados Unidos. Según esa hipótesis, Moïse, en el poder desde 2017, habría perdido el favor de Washington por su errática forma de gobernar.

El académico haitiano Laennec Hurbon, lamentaba ya en febrero de 2021 la "deriva autoritaria" de Moïse. En un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad, Hurbon señalaba también la responsabilidad de la Casa Blanca: "La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato (de cinco años) finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional, representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití (…) Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe". Moïse pretendía permanecer en el poder hasta febrero de 2022, bajo el argumento de que tardó un año en asumir el cargo debido a las irregularidades detectadas en los comicios de finales de 2015 y la repetición electoral un año después. En enero de 2020 disolvió el Parlamento y se negó a convocar elecciones legislativas.

Mientras la investigación del magnicidio continúa, Haití sigue tan inestable como siempre. El asesinato de Moïse provocó una dura pugna por el control del poder. Henry, un neurocirujano de 72 años que ya fue ministro del Interior en el gobierno de Michel Martelly (2011-2016), se impuso a sus rivales con la promesa de una reforma constitucional y una convocatoria electoral. No ha cumplido su palabra todavía, aunque se espera que lo haga a lo largo de este año.

En todo caso, Haití precisa de un consenso social y político previo a cualquier proceso electoral, y un mayor esfuerzo de la comunidad internacional para aliviar la grave crisis humanitaria que padece. Como si se tratara de una maldición bíblica, la tierra tembló otra vez un mes después del magnicidio. Aunque el terremoto del 14 de agosto no fue tan devastador como el de 2010 (en el que murieron unas 300.000 personas), hubo más de 2.000 muertos y 300 desaparecidos.

El poder de las pandillas

A la inestabilidad política se suma la cada vez más violenta presencia de las pandillas criminales en las calles de la capital. Hombres armados mataron hace diez días a dos periodistas que investigaban precisamente sobre las disputas entre bandas rivales en un barrio de Puerto Príncipe. Históricamente, el poder político se ha valido de esas pandillas, a las que ha formado y financiado con la ayuda de empresarios sin escrúpulos. Los sátrapas François y Jean-Claude Duvalier tenían como fuerza de choque a los tristemente célebres Tontons-Macoutes. Ya en democracia, Jean-Bertrand Aristide contó en sus diferentes mandatos con el fanatismo de los Chimères. Y Moïse también se apoyó en varias pandillas.

El informe anual de Human Rights Watch denuncia esa connivencia entre actores institucionales y un centenar de grupos armados. Pero esa dinámica podría estar cambiando. Organizaciones de Derechos Humanos de Haití alertan sobre la creciente independencia de las bandas, cuyo perfil va pareciéndose al de las maras centroamericanas. Un caso paradigmático es el de la G-9 an fanmi (G9 y familia, una alianza de nueve pandillas), comandada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y acusada de varias masacres. A mediados de septiembre, las pandillas pusieron en jaque al país al tomar varios puertos y hacerse con el control de los depósitos de combustible.

La encrucijada en la que se encuentra Haití no tiene visos de resolverse a medio plazo. Dos millones de haitianos (casi el 20% de la población) han emigrado en los últimos años. Para el 50% de los que se quedan, la lucha por la vida se libra con menos de dos dólares al día. No hay soluciones fáciles para el país caribeño, hundido en una recesión económica y castigado también por la pandemia. Un reciente informe del International Crisis Group sugiere que antes de embarcarse en un proceso electoral, Haití debería acometer sin más dilación reformas profundas con la ayuda de la comunidad internacional: “Los donantes y organismos extranjeros deben actuar de inmediato para respaldar reformas al poder judicial, a la policía y al sistema penitenciario, enfocadas en la lucha contra los delitos graves de alto impacto".

Jean Dominique era la voz de los que no tienen voz. Desde los micrófonos de Radio Haití-Inter les hablaba en créole a esos miles de haitianos que nacen y mueren en una bidonville. Pese a las amenazas de muerte recibidas, denunció hasta el último momento a políticos y empresarios corruptos. Soñaba con un Haití más justo, menos desigual. Casi veintidós años después de que silenciaran su voz, la corrupción, la violencia institucional y una pobreza secular son todavía las señas de identidad de un territorio ingobernable.