El reportero Pablo González, colaborador freelance de Público, ya lleva desde el pasado 28 de febrero encarcelado en la prisión polaca de Rzeszów, cerca de la frontera ucraniana, acusado de ser miembro de la Inteligencia militar rusa. Sobre este asunto ha girado el programa de este jueves de La Base.

Esta misma semana, la Sala II de lo Penal del Tribunal Regional de Rzeszów (Polonia) ha comunicado en un auto judicial que debe permanecer en prisión preventiva hasta el próximo 29 de mayo. Entonces, los jueces del país decidirán respecto a su libertad condicional.

El juzgado considera que es un espía al servicio de Rusia y ha afirmado que Aleksey Rubtsov y Pavel Rubtsov con nombres falsos, ya que los tilda de alias, estima que los habría utilizado el reportero en sus presuntas labores para el Gobierno de Putin, según el auto al que ha tenido acceso Público.

Sin embargo, estos dos nombres pertenecen oficialmente a Pablo González, que nació en Rusia en 1982 y tiene doble nacionalidad: Pavel Aleksevich Rubtsov, tal y como consta en el pasaporte que publicamos esta semana en exclusiva.

"Las últimas noticias que tenemos de Pablo son de ayer, cuando nos llegó el auto judicial. Y también hemos sabido que le han cambiado la abogada de oficio", ha explicado Ohiana Goiriena, mujer del periodista, en una entrevista por Zoom concedida La Base. "Se ve que la abogada a la que le habían designado ha renunciado y le han puesto a otra", añade.

"Gonzalo Boye es su abogado, elegido por Pablo, y se ha puesto en contacto con su nueva abogada de oficio y esta le ha dicho que intentaría estar con él lo antes posible, a ser posible hoy jueves, y que, en cuanto supiera de él y tuviera acceso al expediente, se pondría en contacto con Gonzalo. De momento, no ha ocurrido. Estaba esperando ella a que le dieran la comunicación oficial de su designación", ha asegurado Goiriena.

Entre su interrogatorio en Ucrania y su detención en Polonia, el CNI se presentó en la vivienda de familiares y allegados suyos en Euskadi y Catalunya. "El tono fue muy amable. No fue la sensación de un interrogatorio", apunta Ohiana, para continuar diciendo: "Más que nada demostraron lo que ellos sí sabían de nosotros, que son datos personales: los nombres de sus padres, dónde vivía, qué había estudiado, por dónde se había movido los últimos años, a quién pertenece la casa donde vivimos, que hemos comprado un piso… La sensación que tuve yo fue de una exhibición de que estamos siendo controlados". Más allá de eso, asegura que les dijeron que, "cuando le detuvieron en Ucrania, le habían acusado de ser prorruso y nos preguntaron qué sabíamos del tema".

"No valoro muy bien la actuación del Gobierno de España", sentencia la mujer del periodista. "Se han callado demasiado, han actuado con mucha lentitud. Creo que podrían hacer más. Si el consulado en Polonia tiene unos límites de actuación, yo creo que debería intervenir el Ministerio de Exteriores para hacer presión al Gobierno de Polonia porque se están pisoteando derechos internacionales y eso no debería permitirlo, aunque la acusación sea lo grave que es", zanja contundente.

Gonzalo Boye es el abogado designado por Pablo González. "No he podido hablar con él, tampoco he podido hablar con el fiscal ni con el juez, ni siquiera con la nueva abogada de oficio. Estamos en una situación francamente incomprensible desde el punto de vista del derecho de la UE y de su marco jurídico", asevera.

"Lo sorprendente es que tardaran 14 días en nombrarle a la primera abogada de oficio. Durante 14 días un ciudadano de la Unión no tiene derecho a un abogado", explica para continuar asegurando que le envío a la primera letrada toda la documentación, para recibir únicamente por respuesta: "Sí, soy la nueva abogada". Tras la renuncia de esta mujer, repitió el mismo procedimiento con la segunda profesional. Y, por el momento, afirma, que no ha recibido contestación.

Sin embargo, es contundente a la hora de calificar lo sucedido: "Estamos en la UE. Quien está fuera de la Unión es Polonia. Polonia no está respetando ni la Carta de Derechos Humanos ni siquiera el reglamento de legalización de documentos". Gonzalo Boye remarca, además, que no se rendirá: "Estoy intentando que los organismos europeos se pronuncien. Me he puesto en contacto con el Colegio General de la Abogacía Europea, con el Colegio de Abogados de Polonia, con el Consejo de la Abogacía polaca… Los dos últimos ni siquiera me han dicho 'compañero, gracias por su mail, no nos interesan sus problemas', que en esta situación casi lo podría entender. Pero el silencio a mí me parece de mala educación".

Preguntado por Pablo Iglesias sobre la valoración de la esposa de Pablo González acerca de la actuación del Gobierno en este caso, el secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago lo tiene claro: "Desde el primer momento en que la familia contactó con nosotros, prácticamente cuando conocimos la detención de este periodista español, hemos estado en contacto constante -yo diría que casi a diario- con el Ministerio de Exteriores para que se garanticen sus derechos". No obstante, apunta que "el Estado polaco no está garantizando los derechos que cualquier país de la UE debe garantizar a una persona detenida a la que, en primer lugar, hay que defender y mantener el principio de presunción de inocencia".

Por ello, afirma que desde su secretaría de Estado han estado y siguen trabajando para que el ministerio encabezado por José Manuel Albares "despliegue el máximo de esfuerzos para que estos derechos del ciudadano español, y periodista, se garanticen en un momento en el que es fundamental garantizar la libertad de información, que es una de las primeras víctimas en todas las guerras".

Santiago, también abogado con experiencia internacional, considera asimismo que "tres semanas y un día después de la detención de Pablo González, aún no ha podido entrevistarse con un abogado de su confianza, lo cual es una anomalía". Y habla de una segunda "anomalía": que no haya podido tener ningún contacto directo con su familia. "Esto son dos derechos básicos de los que disfruta cualquier detenido conforme al respeto de las garantías procesales de las que cualquier persona con presunción de inocencia debe tener", asegura, para finalizar afirmando: "Las gestiones consulares se tienen que incrementar y ojalá estén en condiciones de trasladar a las instituciones polacas que hay bastantes anomalías conforme al Estado de derecho".

Sobre la actuación del Ministerio de Exteriores también se ha posicionado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu: “La sensación que tenemos tanto en el partido como quienes conocemos a Pablo es que, si bien es cierto que desde el Gobierno vasco y desde el Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con labores consulares están trabajando, en lo relativo a la denuncia política de las irregularidades que se están viendo en este caso no hay, no hay ninguna denuncia política. Y hemos visto en otros casos en los que sí han denunciado políticamente tanto el Gobierno como los partidos".

"Desde mi punto de vista, Polonia está aprovechando el escenario internacional, con un conflicto en el que estamos viendo cómo todos los ciudadanos rusos están siendo vistos como sospechosos -Pablo también tienen nacionalidad rusa-", explica el político, que considera que "estas irregularidades pudieran tener consecuencias penales en el futuro, pero a Polonia al parecer le da igual".

La directora de Público, Virginia Pérez Alonso, también ha participado en La Base. Ha valorado cuál es la reacción que está teniendo este caso, tanto desde el mundo del periodismo como desde el país en general.

"Ya sabemos cuál es la capacidad de reacción del periodismo en España, que reacciona a lo que le interesa y no sabemos qué le interesa, aunque lo podamos intuir. ¿Las reacciones desde España? Pues depende", explica para, a continuación, añadir que desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), a la que pertenece, desde un primer momento mandaron cartas tanto al ministro de Exteriores como la embajada polaca pidiendo que intercedieran para que se le liberara de forma inmediata. "Que se le trajera a España y, si en un momento dado se pide la extradición, pues tendrán que proceder, pero por lo menos que esté en España y que se habiliten las comunicaciones normales y esperables", solicita.

Apunta también que -junto a la directora adjunta de este medio, Esther Rebollo- está haciendo gestiones con organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa "para que también emitan sus comunicados y hagan presión en Polonia. Sin embargo, esto en España apenas tiene eco".

Una reacción que narra con tristeza que no le extraña: "Desde que trabajo en Público me doy cuenta de que en todo lo que huele a izquierdas hay un bloqueo permanente. Resulta bastante doloroso y supongo que para él también cuando sea consciente de todo esto".

Se une a esta conversación en La Base Nacho Calle, periodista de investigación de Público, quien asegura que "el problema de todo es que se refieren a un artículo del Código Penal polaco, el 130.1 y ahí dice 'actividades de espionaje'. A partir de ahí, no sabemos nada más, no sabemos ni siquiera qué es lo que están buscando de Pablo González".

Continúa explicando que "lo gracioso de todo es que en todo este tiempo nos tenemos que remitir a un comunicado del día 3 de marzo para intuir a qué se refieren los polacos cuando dicen que le han detenido por actividades de espionaje". Narra además que en dicho comunicado lo único que dicen es que el periodista tenía pensado volver a Ucrania, el país donde inicialmente le habían retenido, para continuar con lo que califican de "actividades internacionales". No han expresado ni una sola actividad en concreto por la que haya sido detenido, puntualiza Calle.

"Es súper sorprendente que un país que pide traducciones juradas para todo, pues el único comunicado que emiten sale de la Fiscalía de Polonia. Y, en cambio, no han comprobado ni siquiera las dos entidades del pasaporte. Pues uno es su nombre en ruso y el otro, su nombre en español", zanja.

Virginia Pérez Alonso se suma en este punto de nuevo a la conversación para poner el foco en un problema que surge a raíz de este caso. "Parece que en la guerra vale todo. Pero a mí lo que me parece muy grave es que estamos hablando de un periodista, un periodista que está al servicio de la ciudadanía, para contar lo que le sucede a la ciudadanía. Y esto produce un efecto contagio de ese miedo en el resto de profesionales".

Sigue narrando la directora de Público que "Pablo González, tanto si le condenan como si no, va a estar marcado de por vida por este episodio. Y esto genera una sensación en los compañeros, un 'a ver si me van a señalar a mí también. Podría defenderle, que sería lo lógico, pero no voy a hacerlo a ver si voy a terminar en una situación parecida'. Y se genera el efecto desaliento. Te retraes, te controlas, te autocensuras. Y esto está sucediendo".