MADRID
Actualizado:Un grupo de ONG han presentado una denuncia en Francia contra el Estado para reclamar que las fuerzas de seguridad pongan fin a las prácticas que puedan ser discriminatorias en sus intervenciones, en particular cuando piden a los ciudadanos que se identifiquen. El presidente galo, Emmanuel Macron, reconoció el problema a raíz de los abusos cometidos contra el productor de música Michel Zecler, asaltado y golpeado por policías.
Las imágenes evidenciaron los excesos cometidos por los agentes y reavivaron el debate en Francia sobre el trato dado por sistema a las minorías. Las ONG, entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han asumido que las promesas de Macron tras este incidente no se traducirán en avances prácticos y, por primera vez, han decidido lanzar una acción colectiva, de la que ya han notificado formalmente al primer ministro y a los departamentos de Justicia e Interior.
Quieren "reformas estructurales y medidas concretas" para poner fin a una práctica que consideran "estigmatizadora, humillante y degradante" y, como prueba, incluyen en la denuncia testimonios de "numerosas personas" que han relatado comprobaciones de identidad que podrían catalogarse de "discriminatorias", tanto en París como en otras ciudades.
Según las ONG, los estudios indican que los hombres percibidos como árabes son los más afectados
Una de estas personas cuenta que la Policía le para por sistema desde que tiene 16 años, "a veces tres veces al día", y que en una ocasión reciente los agentes le empujaron "violentamente" contra un muro y uno de ellos le llamó "sucio árabe". Según las ONG, los estudios demuestran que los hombres percibidos como árabes o negros se ven afectados por estas prácticas de forma desproporcionada.
El proceso, sin embargo, no llegará inmediatamente a los tribunales, ya que la notificación formal al Gobierno abre un periodo de cuatro meses en el que las partes pueden negociar. Las organizaciones ya han dejado claro que, entre las reformas que reclaman, están la adopción de regulaciones específicas, la mejora de la formación de los policías y la apertura de un sistema de quejas "eficaz" e "independiente".
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