La Policía siria detuvo hoy a decenas de activistas a los que el régimen considera responsables de las protestas que se iniciaron la ciudad de Derá el 17 de marzo y que desde entonces se han extendido por todo el país. Los manifestantes exigen libertades políticas y la caída el presidente Bashar al Asad, que gobierna Siria desde el repentino fallecimiento de su padre, Hafez al Asad, en 2000.

Las detenciones se practicaron de madrugada. Los policías vestían de paisano e iban armados con fusiles. Se presentaron en los domicilios de los activistas que más se han significado durante las cinco semanas de protestas y se los llevaron, aparentemente con la intención de descabezar las protestas.

En la ciudad mediterránea de Yabla, las fuerzas de seguridad, junto con paramilitares vestidos de paisano, cerraron los accesos y abrieron fuego contra una multitud que se manifestaba de manera pacífica. En los tejados se apostaron paramilitares de paisano armados y la gente se metió en las casas para ponerse a resguardo. En Yabla hubo hoy al menos nueve muertos, aunque un activista dijo que murieron seis personas por disparos de las fuerzas de seguridad y de los francotiradores.

Las detenciones de las últimas horas no pueden ocultar que los poderosos servicios secretos sirios no han sabido obrar debidamente en el momento oportuno y la situación se les ha escapado de las manos. Los muhabarat, que así es como se conoce a los servicios secretos comunes, que generalmente son muy eficaces, tratan ahora de recuperar el tiempo perdido.

En la ciudad de Homs, al norte de Damasco, la Policía detuvo a Mansur al Alí, un notable de la minoría alauí, la misma a la que pertenece el presidente Asad, que se había expresado públicamente en contra de que las fuerzas de seguridad disparen a discreción contra los manifestantes.

Las detenciones también llegaron al norte, la zona del país donde menos protestas ha habido y donde éstas han sido menos numerosas. En la ciudad de Iblid se practicaron nueve detenciones, en Raqqa hubo cinco y en Alepo, la segunda ciudad de Siria, hubo cuatro.

Las familias de las víctimas de los últimos días dijeron que la Policía secreta les ha pedido que firmen documentos en los que se afirma que los fallecidos murieron a manos de 'terroristas'. Sólo después de firmados estos documentos, los muhabarat les han entregado los cadáveres para ser enterrados.

En la localidad sureña de Nawa, cerca de Derá, donde se iniciaron las protestas, se congregaron miles de manifestantes que gritaron consignas contra el presidente Asad. Los desórdenes que comenzaron pidiendo cambios de escasa entidad se han transformado en grandes manifestaciones contra el régimen. En Nawa, el sábado fallecieron cuatro personas durante las protestas, así como siete miembros de las fuerzas de seguridad, según la información del Gobierno.

La Comisión Internacional de Juristas (ICJ), que estima que desde el 17 de marzo han muerto 330 personas, exige una investigación independiente así como una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que determine quiénes son responsables de los 'asesinatos masivos' con objeto de llevarlos ante el Tribunal Penal Internacional.

Sin embargo, el Observatorio de Mujeres Sirias se lamentó de que la razón haya desaparecido del debate y pidió una tregua de 15 días sin protestas con el fin de dar una oportunidad al diálogo, advirtiendo que la situación se puede deteriorar y llegar a unos límites desconocidos en las protestas que han tenido lugar recientemente en otros países árabes.

El número de periodistas extranjeros que quedan en Damasco es muy reducido. Carl Perry, del servicio en inglés de Al Yazira, abandonó el país después de que las autoridades le advirtieran de que no era una persona grata. Rula Amin, la otra enviada de Al Yazira, continúa en la capital transmitiendo crónicas muy ponderadas que expresan equilibradamente la posición de los manifestantes y del Gobierno.

Los corresponsales de otros medios árabes que siguen en Damasco, como el del diario libanés prosirio Al Safir, también escriben la información de una manera muy ponderada.

Numerosas organizaciones extranjeras están exigiendo a la comunidad internacional que investigue los sucesos de las últimas cinco semanas y determine las responsabilidades con el fin de que los culpables sean llevados ante la Justicia.