La ministra de Administración Interna portuguesa, Francisca Van Dunem, ordenó la suspensión provisional de cinco de los siete militares de la Guardia Nacional Republicana (GNR) acusados por la Fiscalía lusa de torturar y humillar a migrantes de la zona de Odemira (sur).

Fuentes del Ministerio de Administración Interna confirmaron a EFE la medida, que tiene una duración provisional de 90 días con opción a ser prorrogada y que parte de una propuesta de la Inspección General de la Administración Interna (IGAI). En cuanto a los otros dos militares, todavía no han sido suspendidos debido a un retraso en sus procesos, pero se espera que se les aplique la misma medida que al resto.

Los siete agentes de la GNR —policía militarizada— están acusados de 33 delitos por humillar y torturar a migrantes, oriundos de países como Bangladesh, Nepal o Pakistán, que trabajaban en Odemira, una región del sur de Portugal con amplias zonas agrícolas.

La Policía requisó vídeos que demostrarían las torturas

Según las investigaciones divulgadas el pasado diciembre por medios locales, los agentes de la GNR realizaban falsas operaciones de fiscalización para cometer los presuntos delitos de tortura. La Policía Judicial portuguesa requisó los móviles de cinco de los acusados, donde encontraron vídeos e imágenes que demostrarían las torturas y el trato vejatorio.

En los vídeos se ve, entre otras situaciones, cómo una de las víctimas fue obligada a inhalar gas pimienta a través de un alcoholímetro y, mientras pedía agua, los agentes lo insultaban. De los siete agentes acusados, todos del cuartel de Odemira, tres eran reincidentes y ya habían sido condenados a penas suspensas en 2018 por agresiones a migrantes.