"Agentes de la Agencia de Seguridad Interior (ABW) han detenido a un ciudadano español de origen ruso bajo la acusación de espionaje", se leía en los titulares de una docena larga de medios polacos de comunicación el 4 de marzo del pasado año. Periódicos, radios y televisiones del país se limitaron en aquel momento a propagar la versión de lo acaecido que divulgó en las redes el vocero del Ministerio de Servicios Especiales, Stanisław Żaryn. Ni le cuestionaron una coma al portavoz a cargo, ni indagaron en las verdaderas circunstancias de los hechos para comprobar si, en efecto, el español que mencionaban espiaba, en realidad, para los rusos.

El periodista vasco Pablo González había sido arrestado la noche del 27 al 28 de febrero de 2022 y cuatro días después, ya había sido condenado públicamente y en ausencia de un juicio por la prensa de Polonia y los miembros del partido en el Gobierno, una formación de extrema derecha llamada Ley y Justicia. Los reporteros del país no le otorgaron inicialmente a González ni siquiera el beneficio del "presunto" al realizar el corta-pega de la nota del Gobierno. "El hombre fue detenido en Przemyśl", precisaba Żaryn, y repitieron hasta la náusea todos los digitales del país. "Fue identificado como un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General Ruso (GRU). Realizó actividades de espionaje para Rusia sirviéndose de su condición de periodista. Gracias a ello, pudo moverse libremente por Europa y el mundo".

A juzgar por el modo en que Żaryn comunicó las circunstancias que rodeaban a Pablo, se hubiera dicho que el trabajo como corresponsal del reportero de origen vasco comprometía el futuro de la OTAN. A no mucho tardar se supo que no tenían nada consistente contra él aparte de malentendidos y especulaciones insidiosas. Y, lo que es mucho peor, pronto se comprobó igualmente que no necesitaban tener algo para privar al reportero de sus derechos. O lo que es lo mismo, para ignorar la Ley y Justicia con la que pomposamente bautizaron su partido los populistas que rigen el destino de de Polonia.

No es el primero

Pablo González no ha sido el primer extranjero acusado de trabajar en el país a sueldo del Kremlin. Varios periodistas más han sido acusados de espionaje y docenas de individuos de otras profesiones y nacionalidades han sido detenidos, arrestados o expulsados de Polonia en los últimos años acusados de trabajar presuntamente para los servicios de inteligencia de Moscú.

Antes de la invasión, la actividad de los servicios especiales de Polonia contra infiltrados chinos, bielorrusos y rusos era ya frenética. Pero desde febrero de 2022, la ABW se ha venido aún más arriba y no discurre un mes sin que se identifique a alguien como confidente, delator, soplón o agente del GRU. El Gobierno de Varsovia está en modo "Guerra fría" y, al decir del entorno del reportero vasco, el problema es que sus servicios especiales no acostumbran a hilar fino.

¿Puede haber influido para mal en el destino de González la presencia en el gobierno de coalición de un partido de radicales de extrema derecha? "En el desarrollo fiscal del procedimiento, estoy seguro", dice Gonzalo Boye, su abogado en España. "La Fiscalía del país es muy dependiente de un Gobierno con una ideología y una línea muy concreta y no podíamos esperar otra cosa. Por otro lado, hay algo que aquí no ha dicho nadie. A Pablo no le acusan de haber ido a fotografiar un documento o una base secreta, sino de ser prorruso. Hasta donde sabemos, no se le imputa ningún acto específico de espionaje, bien es verdad que hemos tenido un acceso muy limitado a la información de la causa".

Los actos de hostigamiento contra periodistas son muy anteriores a la invasión rusa de Ucrania. El mismo año de la anexión de Crimea, 2014, el periodista ruso Leonid Sviridov fue expulsado de Polonia a petición de la Agencia de Seguridad Interior. Se le prohibió además la entrada a todo el territorio Schengen aduciendo que sus actuaciones iban "en detrimento de Polonia y eran una amenaza para la seguridad del Estado", pero sin revelar las razones de su decisión. El propio abogado de Sviridov, Jarosław Chełstowski, insistió durante aquellos días en que la expulsión de su cliente no estaba relacionada con el espionaje. Seis años después del episodio, Sviridov exigió una disculpa y una compensación de 60.000 eslotis —unos 12.700 euros— por las acusaciones de espionaje que se le hicieron. Sin embargo, el tribunal al que apeló desestimó su demanda.

Tampoco este era el primer caso de periodista pateado por Ley y Justicia y acusado de espiar sin pruebas. Anteriormente, las autoridades polacas habían vetado la presencia de un profesional de la televisión llamado Yevgeny Reshetnev, a quien acusaban de realizar "otras actividades no relacionadas con su empleo de reportero". Reshetnev dejó Polonia en enero de 2020. El Gobierno del país adujo que tomó la decisión porque Reshetnev "estaba recopilando materiales para dar información falsa que dañaba la imagen de Polonia". A juzgar por su modus operandi, el Gobierno de Varsovia parecía incapaz de distinguir entre el espionaje, la desinformación deliberadamente maliciosa y la legítima toma de partido informativa que caracteriza a todos los medios de las democracias de Occidente.

Acoso a la prensa

El hostigamiento de los reporteros ha ido in crescendo al ritmo de la actualidad geopolítica desde que el partido ultraconservador que aún gobierna en coalición recuperó las riendas del país en 2015. Su hostilidad contra la libertad de prensa va mucho más allá de una indisimulada y rabiosa rusofobia muy cercana al racismo. Tres meses antes del arresto de González, en noviembre de 2021, el Comité para la Protección de Periodistas (una organización independiente respetada en todo el mundo) denunciaba en un informe el acoso despiadado de la Policía del país y de su guardia fronteriza a varios profesionales de la información que cubrían los cruces de refugiados desde Bielorrusia. Algunos fueron arrestados, registrados, juzgados, sancionados y tratados a priori como espías potenciales por documentar el paso de los refugiados en una zona de emergencia. Hay además otros casos recientes de reporteros, cuyos hijos habían sido amenazados por arrojar algo de luz sobre las alcantarillas del Gobierno y el espionaje con Pegasus a líderes de la oposición.

La furia cazaespías y la alergia a la prensa de Varsovia se desató aún más cuando Putin dio la orden de atravesar las líneas. A menudo, su paranoia frisaba lo grotesco. A principios de marzo del pasado año, dos semanas después de la detención de Pablo, varios medios del país denunciaron la presencia de Mateusz Piskorski —un miembro fundador de un partido prorruso al que las autoridades del país habían acusado de espionaje en 2016— en una reunión a la que había acudido la primera dama de Polonia. En efecto, Piskorski había estado allí. Lo que resultaba casi espeluznante es que se acusara a los servicios especiales del país de poner en riesgo la seguridad polaca por permitir que trabajara como intérprete en una reunión protocolaria de la esposa del presidente con un grupo de refugiados. El concepto de democracia de Ley y Justicia no parece en lo esencial diferente al de Putin en todo lo que respecta a tolerar las discrepancias.

Diez días después de este episodio, Polonia decidió expulsar a 45 diplomáticos de Rusia. Según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos los nombres que aparecían en la lista debían abandonar el país en un plazo que iba de los dos a cinco días por realizar "actividades incompatibles con la ley polaca y su estatus de diplomáticos". Ese mismo mes fue detenido un empleado de la Oficina del Registro en Varsovia. El arrestado, Tomasz L., era polaco y, en palabras del ABW, "tenía poderosas armas a su alcance para llevar a cabo actividades hostiles de inteligencia".

En abril del pasado año, el servicio polaco de Contrainteligencia Militar encarceló a otro ciudadano ruso, residente en Polonia desde hacía 18 años, al que se acusaba de recopilar información sobre las tropas polacas de la OTAN. Dos bielorrusos cayeron esos mismos días por espiar para Minsk.

Y la larga lista continúa. Las últimas detenciones conocidas se dieron a conocer el pasado mes de enero, cuando la Fiscalía militar polaca acusó a un ruso y un bielorruso de haber trabajado para el Kremlin durante varios años. Ambos residían legalmente en el país.

Falta de garantías procesales

Nadie pone en duda que Polonia sea un escenario de interés preferente para la inteligencia rusa por el valor estratégico del país y la importancia de las tropas dentro de los frentes de la OTAN. Lo que se ha venido denunciando desde las defensas de los imputados es la absoluta falta de garantías procesales y jurídicas con las que los polacos han organizado sus cacerías y la arbitrariedad de algunas detenciones. Y el caso del vasco es, con mucho, el más sangrante de cuantos se conocen. "Esto que ha pasado con Pablo no podría suceder en España", dice Gonzalo Boye. "Es simplemente imposible que alguien esté aquí un mes y pico sin abogado o que el abogado lleve un año sin poder verlo o que la causa siga siendo secreta".

La pregunta eterna que reverbera desde su detención es dónde están las pruebas irrefutables de las que el ABW se pavoneaba cuando aseguró tajantemente que González era un agente del GRU. "Si tuvieran algún as en la manga ya lo hubieran sacado", insiste el letrado. "Se hubiese producido ya una filtración de algo para que todo el mundo dijera: Ah, vale, ahora lo entiendo. Incluso en causas españolas protegidas por el secreto de sumario han salido a la luz copias de atestados en los medios".

A juicio de Boye, la secuencia en que los hechos se fueron encadenando para encarcelar al periodista de origen vasco sugiere claramente la participación de otras agencias de inteligencia occidentales. "Los del MI6 fueron los primeros en asegurar la culpabilidad de Pablo cuando realizaron una declaración pública que hablaba de un espía español. Que yo sepa, no hay nadie más con un pasaporte español detenido por eso. A la parte más dura del procedimiento no nos dejan acceder, pero me temo que cuando podamos verla nos vamos a encontrar también con una fuerte participación española. Madrid fue el primero que actuó contra Pablo. Un mes antes de que los polacos le arrestaran, agentes del CNI fueron a ver a su familia en el País Vasco y Barcelona con preguntas y fotografías. Aquí se ha cometido un gran error. Y el error se ha traducido en el procedimiento contra Pablo".

Hace solo unos días, cuando estaba a punto de cumplirse un año de prisión para el periodista, los polacos prorrogaron otros tres meses su encarcelamiento. No hay ni siquiera fecha aún para el juicio y, oficialmente, se hallan todavía en el procedimiento indagatorio. Han solicitado una comisión rogatoria para que declare la madre de sus hijos; otra, para supervisar sus cuentas bancarias y una tercera, para conseguir las copias de su expediente de nacionalidad. "Detesto las conspiraciones y las teorías conspiranoicas, pero aquí veo fantasmas por todos los lados. Hay demasiadas cosas que no encajan", apostilla Boye.

No encontrará Pablo un clima propicio entre los miembros de Ley y Justicia (PiS). Es tal su paranoia con el espionaje ruso que ciertos diputados de esa formación como Jaroslaw Krajewski están desplegando una febril actividad parlamentaria para que se endurezcan las sanciones y se castigue a los agentes extranjeros con cadena perpetua. Según el Código Penal vigente en Polonia, la pena máxima por organizar o dirigir las actividades de un servicio de inteligencia extranjero es de 25 años de prisión. Muy probablemente, conseguirán sus objetivos porque, desde la pasada primavera, el Ministerio de Justicia trabaja ya en un borrador que pretende asimismo elevar el mayor castigo por participar en actividades de espionaje de los diez años actuales a los 25. En todo caso, eso no afectaría nunca al vasco porque no podría aplicársele la nueva norma con carácter retroactivo.

Y los buzos, de rositas

La misma agencia que encarceló a Pablo González sin evidencias descartó a mediados del pasado mes de enero que trabajaran para el Kremlin tres buzos españoles rescatados por la noche a bordo de una barca a la deriva y sin licencia que navegaba junto a varias infraestructuras estratégicas cercanas a la ciudad de Gdansk. Pocas horas después de que se conociera el incidente, el secretario de Estado Stanisław Żaryn salió de nuevo a la palestra para decir que la presencia de los españoles en el Báltico no había planteado ninguna amenaza a la seguridad de la República de Polonia, ni a ciertas instalaciones críticas como la refinería de Gdansk o Naftoport.

¿Cómo estaban tan seguros? Por las mismas razones que adujeron cuando arrestaron a González, solo que a la inversa. Dijeron tener algunos datos, pero no revelaron nunca cuáles. De lo que no nadie tiene duda es de que no eran pescadores de ámbar, tal y como pretendían. Los tres fueron inmediatamente liberados sin ser siquiera identificados de manera apropiada.