MADRID.- El presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el exjuez Baltasar Garzón, ha celebrado la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de investigar al líder del grupo terrorista Boko Haram y ha instado al Gobierno a combatir la "impunidad" con la que actúa la organización yihadista para "no dejar en desamparo" a las víctimas de los "crímenes execrables" cometidos.

"El Gobierno de España debería ser consciente de la necesidad de combatir la impunidad impulsando sin fisuras esta iniciativa de la Fiscalía y la justicia españolas, para no dejar en desamparo a las víctimas de crímenes execrables como los aquí denunciados", ha manifestado Garzón.

El antiguo magistrado de la Audiencia Nacional ha asegurado que su fundación colaborará "en todo lo posible" para impulsar la querella contra el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, que ha sido presentada por la fiscal Dolores Delgado, a partir de una denuncia interpuesta en noviembre pasado por FIBGAR por la existencia entre las víctimas de una religiosa española que se encontraba el 22 de marzo de 2013 en la localidad nigeriana de Ganye.

FIBGAR ha explicado en un comunicado que su equipo jurídico puso en marcha esta acción judicial desde que el grupo criminal secuestrara a 276 niñas nigerianas y ha valorado el "exhaustivo trabajo de investigación" que ha llevado a cabo la fiscal Delgado para lograr que la Audiencia investigue a Boko Haram.

La justicia protege al más débil

"FIBGAR quiere destacar que esta acción se ha podido acometer gracias al empeño de los profesionales de la Justicia en cumplir con su cometido de protección del más débil y persecución del delito allá donde se cometa, a pesar de las dificultades jurídicas con que se encuentran en el desempeño de su labor", ha añadido.

Por último, la fundación presidida por Garzón ha criticado que la última reforma de la justicia universal ha supuesto un "grave deterioro" para que la Justicia atienda a quienes han sufrido "crímenes de esa humanidad en países en los que no se cumplen las garantías requeridas para perseguir estos delitos".

"La modificación de esta Ley conlleva el incremento de la impunidad y aboca a millares de ciudadanos a situaciones gravísimas en que ven sus derechos conculcados sin auxilio judicial alguno", ha concluido Garzón.