La Asamblea Nacional francesa ha iniciado el examen de un proyecto de ley impulsado por Nicolas Sarkozy y duramente criticado por más de 50 organizaciones de defensa de derechos civiles, que ven en el texto un 'retroceso importante para el respeto de los derechos humanos'. Se trata de una ley que prevé la supresión de cinco autoridades de derechos civiles actualmente existentes en Francia, y la concentración de sus competencias en una única persona, un Defensor de los Derechos que será nombrado a dedo por el propio Sarkozy.

Las salvas de advertencia de las asociaciones son constantes desde junio pasado, cuando el Senado, de mayoría conservadora, dio el primer visto bueno al proyecto de ley, que ahora pasará por tres días de tramitación en el pleno de la Cámara Baja.

El texto prevé la supresión de cinco autoridades oficiales independientes que han probado durante años su eficacia y el trabajo sobre el terreno de sus funcionarios. Se trata del Defensor de la Infancia, oficina muy activa a la hora de proteger a los niños sin papeles de la expulsión, y de la Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones, que ha trabajado en la lucha contra la homofobia, la discriminación de sexo y el rechazo a las personas con discapacidad. De salir adelante en sus términos, la ley suprimirá igualmente la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad, que estudia las demandas de ciudadanos contra excesos de la policía, incluso cuando esta los niega y ni siquiera abre investigación interna.

También muy sensibles, aunque en menor grado, son las supresiones del Mediador de la República encargado de velar por el respeto de la ley por parte de la Administración en sus tratos con los ciudadanos, y del Controlador General de Lugares de Privación de la Libertad, encargado de vigilar, prisiones y calabozos de comisarías.

En lugar de esas administraciones independientes, Sarkozy pretende confiar todas las competencias en derechos civiles a una única oficina fastuosa, el Defensor de los Derechos. La personalidad que la encabece será designada a dedo por el propio presidente y nombrada por decreto del Gobierno. Además, sólo podría ser recusada por una mayoría de tres quintos en las comisiones permanentes de las dos cámaras del Parlamento, algo técnicamente imposible en un sistema como el francés, donde la mayoría presidencial es una realidad histórica intangible.

La presidenta de Amnistía Internacional Francia, Geneviève Garrigos, ha denunciado que se trata de un 'Defensor de los Derechos en rebajas' y afirma que la ley es 'un retroceso importante para el respeto de la protección de los derechos'. El sindicato CGT, así como 49 asociaciones, incluidas varias de personas con discapacidad, también se oponen.

Sarkozy, que impuso la nueva figura en una reforma constitucional previa a la ley, defiende su proyecto afirmando que una administración será más eficaz que cinco, pero obvia citar que el nuevo Defensor decidirá solo y no podrá más que mediar, sin elevar querellas o sentar jurisprudencia. En el cargo quería colocar inicialmente a un tránsfuga socialista, como Bernard Kouchner o Jack Lang. No obstante, la derecha parlamentaria intenta impedirlo, y una candidata derechista, Françoise de Panafieu, ya se ha manifestado en contra.

La coalición de unas 50 asociaciones y sindicatos subrayan que el nuevo Defensor ni siquiera dispondrá de un 'comité consultivo encargado de mantener el nexo' con la sociedad civil, y reclaman instituciones 'independientes, transparentes, autónomas, colegiadas y especializadas'.

La tramitación de la ley francesa que las organizaciones de derechos civiles perciben como un retroceso coincide en el tiempo con la presentación en España de otra norma, la de Igualdad de Trato y No Discriminación, que persigue desarrollar los derechos contemplados en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución. El proyecto español, que creará una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, incluye un régimen sancionador con multas desde 150 a 500.000 euros para quienes impongan la exclusión.