El otoño estará marcado por la inestabilidad política en Europa. El interminable folletín del brexit, el inicio del final de la era Merkel en Alemania, España inmersa en la espiral de la repetición de elecciones, un ejecutivo italiano lleno de contradicciones asechado por la oposición de la ultraderecha… En esta panorámica de las crisis de gobernabilidad europeas, destaca una ausencia: Francia. ¿El país presidido por Emmanuel Macron se ha convertido en un polo de estabilidad? Nada más lejos de la realidad para el dirigente centrista, que afronta una “rentrée caliente” marcada por la reforma de las pensiones.

Casi un año después de la aparición de los chalecos amarillos, el joven dirigente vuelve a confrontarse a múltiples focos de malestar. Unas 150.000 personas, según Greenpeace, participaron este sábado en una serie de manifestaciones en el conjunto de Francia contra la "urgencia climática y social". Una convergencia entre militantes ecologistas y chalecos amarillos, intentada desde hace meses, que si se confirmara podría convertirse en todo un dolor de cabeza para el joven presidente francés. Más de 150 manifestantes fueron detenidos durante las protestas del sábado en París, en las que se produjeron algunos destrozos de mobiliario urbano y hubo un importante despliegue policial.

Bomberos, agentes de policía, personal de los servicios de urgencias en los hospitales… Son múltiples los sectores movilizados en la administración pública en el inicio del curso político. Hasta 249 servicios de urgencias hicieron huelga en el conjunto de Francia durante los últimos seis meses. Unas protestas en los hospitales que se han convertido en punta de lanza del malestar por la degradación de las condiciones laborales en la función pública francesa. Los sindicatos de policía preparan para el 2 de octubre una manifestación conjunta en París por primera vez en los últimos quince años en esta profesión. Y los bomberos alargaron hasta finales de octubre la huelga iniciada hace tres meses.

“El curso político apenas ha empezado y ya tenemos conflictos sociales en múltiples sectores, como las urgencias, la educación o los bomberos. Además, la tensión también aumenta a causa de la reforma de las pensiones”, asegura el analista Thomas Guénolé, comprometido en la lucha contra la austeridad y autor del libro Antisocial. “La mayoría de estas movilizaciones en el sector público (urgencias, bomberos, etc) tienen un gran apoyo de la opinión pública, ya que se trata de servicios que todo el mundo necesita”, explica Luc Rouban. Además, según este director de investigaciones en el prestigioso CNRS, la reforma de las pensiones puede ser “potencialmente explosiva”.

"Riesgo importante de una bajada de las pensiones"

Tras haber vivido el año pasado un otoño catastrófico, marcado por la dimisión de ministros claves y la revuelta de los chalecos amarillos, Macron avanza ahora de puntillas para evitar un nuevo estallido de la indignación. Intenta mostrar una apariencia más social y ha prometido “escuchar más” y “construir conjuntamente” con los ciudadanos. Hasta 249 servicios de urgencias hicieron huelga en el conjunto de Francia durante los últimos seis meses, después de las elecciones municipales que se celebrarán en marzo.

A pesar de su prudencia, el dirigente centrista se muestra determinado en sacar adelante una de sus reformas neoliberales más delicadas. El gobierno francés pretende transformar el actual sistema formado por 40 regímenes de cotización en uno solo por puntos. Esta medida, aparentemente técnica, puede representar toda una amenaza para las pensiones públicas de jubilación en Francia, entre las más elevadas del viejo continente. Tras la entrada en vigor de esta reforma, prevista para 2025, los futuros jubilados percibirán unas pensiones entre un 15% y un 23% más bajas que las de sus conciudadanos que se jubilen ahora a los 64 años con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados, según el colectivo ciudadano RéformedesRetraites (Reforma de las Pensiones), formado por trabajadores y economistas.

“El gobierno asegura que las pensiones no bajarán, pero existe un riesgo importante que el poder adquisitivo de los futuros pensionistas sea bastante menos elevado que con el sistema actual”, asegura la economista Annie Jolivet. Según esta investigadora del CEET-Cnam de París, esta reforma “resultará especialmente desventajosa para los funcionarios, cuyas pensiones dejarán de ser calculadas en función de sus últimos seis meses de salario para hacerlo a partir de toda su carrera”. Otro aspecto polémico del sistema por puntos es que serán los poderes públicos, probablemente el ejecutivo, quienes cada año decidirán el valor del punto que determinará la pensión final. Lo que permitirá adaptar las jubilaciones en función de la coyuntura económica —es decir, bajar las pensiones en momentos de crisis—.

Ante la inquietud provocada por esta medida, Macron designó a principios de septiembre al conservador Jean-Paul Delevoye como nuevo ministro encargado específicamente de las pensiones. También prometió una “consulta ciudadana” sobre esta reforma. “No creo que esta iniciativa cambie las líneas maestras”, defiende Jolivet, quien recuerda uno de los grandes tabúes en el discurso del gobierno: las ventajas que esta puede aportar a las entidades financieras y el sistema privado de pensiones. “Aquellas clases medias que verán cómo se reduce su futura pensión probablemente apostarán por planes de pensión privados y por invertir —y especular— en el sector inmobiliario”, explica.

Los trabajadores de la empresa de transporte metropolitano de París (RATP) ya impulsaron contra esta medida una importante huelga el 13 de septiembre, con un gran seguimiento y que paralizó el metro parisino. Más de 20.000 abogados y empleados del sector sanitario protestaron el pasado lunes en la capital francesa contra la reforma de pensiones. El sindicato Force Ouvrière también reunió este sábado entre 6.000, según la policía, y 15.000 personas, según los organizadores. Para el próximo martes, la CGT y Solidaires, dos de las organizaciones sindicales más importantes y menos mansas en Francia, preparan otra jornada de movilizaciones.

¿Convergencia entre ecologistas y chalecos amarillos?

“Esta fragmentación en las manifestaciones y estas divisiones sindicales solo servirán para debilitar las protestas”, advierte Elvis E., un profesor miembro de los chalecos amarillos que participó en la marcha por el clima. Aún más contundente se muestra el analista Guénolé: “Algunas direcciones sindicales se están dedicando a boicotear las protestas, decidiendo manifestarse por separado en múltiples días distintos”. Según este politólogo, “si solo hay manifestaciones, el gobierno podrá llevar a cabo su reforma de las pensiones”, como ya sucedió con las masivas protestas de 2010 contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy, que no impidieron al dirigente conservador prolongar la edad de jubilación de los 60 y 64 años hasta los 62 y 66 años respectivamente. “Hacen falta acciones de bloqueo de la economía”, añade.

No obstante, la reforma de las pensiones y el cambio climático son cuestiones que “amenazan nuestro futuro”, afirma Elvis E., de 32 años, quien considera que la lucha por el clima y social están estrechamente vinculadas. Quizás hubiera parecido una paradoja hace un año cuando el aumento del precio del combustible fue la gota de gasolina que colmó el vaso de la indignación en Francia, pero este sábado miles de chalecos amarillos y ecologistas se unieron en las calles. “Los militantes verdes empiezan a comprender que solo defendiendo el clima no es suficiente, ya que también hace falta interesarse por las cuestiones sociales y luchar por cambiar el sistema”, explica Patrick Marquet, de 60 años, militante de Greenpeace y Anv Cop21.

Esta convergencia entre la lucha por el clima y la defensa de la dignidad de los de abajo puede resultar especialmente fértil, pero también se confronta con los respectivos resentimientos sociales que separan los militantes ecologistas —compuestos mayoritariamente por clases medias urbanitas más acomodadas— de los chalecos amarillos —más presentes en territorios periurbanos y rurales más degradados—. Menos de una hora después del inicio de la marcha por la “urgencia climática y social”, los destrozos provocados por “black blocs” en una sucursal bancaria provocaron una dura respuesta de la policía a través del lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma. Esto impidió el avance de la manifestación durante más de una hora.

En esos momentos de espera y tensión se produjeron, de forma excepcional, algunas acaloradas discusiones entre militantes ecologistas y chalecos amarillos. Lo que resultó un buen reflejo de las distintas culturas políticas: unos manifestantes verdes partidarios de la no-violencia y en algunos casos alérgicos al conflicto y unos chalecos amarillos que apuestan por formas de protesta más conflictivas y que adoptaron en los últimos meses una posición más bien condescendiente respecto a las violencias materiales de los “blac blocks”.

Macron, astuto estratega político, confía en estas divisiones para aislar los malestares y neutralizarlos. No es ninguna casualidad que el pasado lunes pronunciara un duro discurso contra la llegada de extranjeros y pusiera en el centro de la agenda la cuestión migratoria, objeto de división y profundas discrepancias entre las clases populares francesas.

Dividir a los opositores y ralentizar (al menos aparentarlo) su ofensiva neoliberal; es la fórmula con la que el joven presidente confía apaciguar la amenaza de un otoño caliente. Una estrategia que, según el politólogo Luc Rouban, puede comportar un riesgo: “Que Macron se parezca cada vez más a François Hollande y sea percibido como un dirigente inmóvil, que ha perdido la iniciativa”.