BRUSELAS.- La eurozona dio hoy luz verde al desembolso de 2.000 millones de euros a Grecia de su tercer rescate, después de que Atenas y sus socios lograran un acuerdo sobre cuestiones como la reforma de la gobernanza del sector financiero, los créditos morosos y la protección ante desahucios.

La Junta de Directores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) -formada por los número dos de los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro- autorizó el desembolso para Grecia, después de que el país haya cumplido con las medidas exigidas.

En cambio, otros 10.000 millones de euros del rescate que se destinarán a la recapitalización de la banca helena no han sido desembolsados hoy, debido a que la decisión se ha retrasado para efectuar algunos cambios en los términos de la operación.

Las recientes pruebas de resistencia efectuadas a la banca griega han arrojado unas necesidades adicionales de capital de entre 4.000 millones en el escenario base y 14.400 millones de euros en el adverso en las cuatro principales entidades financieras del país.

Para que se haya efectuado el pago de 2.000 millones, fue necesario que el Gobierno liderado por Alexis Tsipras y sus socios llegaran a un acuerdo sobre el cumplimiento de las medidas exigidas al país para lograr los fondos.

El consenso incluye medidas sobre los precios de los medicamentos genéricos, así como sobre la legislación del Fondo de Estabilidad Financiera del Estado Helénico (HFSF) para garantizar mejoras en la gobernanza del sector financiero y en legislaciones.

También cuenta con una estrategia para hacer frente a los créditos morosos y la protección de las primeras viviendas.

Este último punto es especialmente delicado para el Gobierno griego, que finalmente aceptó un modelo que solo ofrece protección absoluta del desahucio a los propietarios de vivienda con los ingresos más bajos, que constituyen en torno al 25 % de la cartera total de hipotecas morosas.

Con todo, el modelo de acuerdo alcanzado logrará proteger del desahucio al 60 % de las hipotecas, mientras que el objetivo inicial del Gobierno era el 72 %.