Tres ministros de Kenia —incluido Uhuru Kenyatta, hijo del padre de la independencia, Jomo Kenyatta— y el ex comandante de la policía nacional figuran en la lista de seis sospechosos de crímenes contra la humanidad que fueron hoy acusados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

El fiscal, Luis Moreno Ocampo, ha terminado su investigación sobre la orgía de violencia que siguió a la proclamación de los resultados de las elecciones de diciembre de 2007. Ocampo ha concluido que ha lugar para dos casos y ha pedido a los jueces de la Sala de Audiencias Preliminares que confirmen el procesamiento de los seis políticos kenianos. Los jueces deben decidir en una audiencia futura, tras escuchar a los acusados, si se confirman los cargos.

Cerca de 1.500 personas murieron y 350.000 resultaron desplazadas por la violencia, desencadenada cuando la oposición del Movimiento Democrático Naranja (ODM en inglés) reivindicó su victoria en las elecciones, a pesar de lo cual el candidato del Partido de Unidad Nacional (PNU), Mwai Kibaki fue proclamado presidente e investido apresuradamente en una ceremonia de urgencia.

A partir de ahí, se multiplicaron los enfrentamientos entre grupos étnicos asociados al oficialismo kikuyu y aquellos próximos a la oposición luo, kalenjin y a esa violencia extrema, que incluyó la quema de iglesias con refugiados dentro, se sumaron los desmanes de la policía contra opositores. En el primer caso, presentado por Moreno Ocampo, figuran como instigadores de la violencia contra los seguidores del PNU William Ruto, ministro de Educación suspendido de su cargo, Henry Kosgey, titular de Industria, y Joshua Sang, directivo de la emisora Kass FM.

En el segundo caso, se han incluido a quienes la fiscalía considera que incitaron a la violencia contra los seguidores de la oposición: el jefe de servicios público, Francis Muthaura; el ex comandante de la policía Mohammed Ali y el viceprimer ministro titular de Finanzas, Uhuru Kenyatta. Este último, perteneciente a la familia más rica del país e hijo del primer presidente que tuvo Kenia, está acusado de movilizar a la secta Mungiki para que atacaran a miembros de la oposición.

'Tengo la conciencia tranquila. Estoy deseando exponer mi caso', reaccionó hoy Kenyatta. 'Estoy disponible para hacer frente al fiscal', dijo Ruto en Nairobi, según Reuters. El presidente, Mwai Kibai, insistió en que todavía no se ha abierto un proceso y dijo que no tomará medidas contra los kenianos señalados.

La mayoría de los seis acusados tiene o tenía hasta hace poco cargos en el Gobierno, ya que el acuerdo de paz que puso fin a la violencia implicaba que ambos partidos compartirían el poder en un Ejecutivo de coalición. Ese acuerdo también imponía que si los máximos responsables de la violencia no eran procesados por la Justicia keniana, como de hecho ocurrió, el caso sería enviado a la CPI.