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Filipinas arresta a la expresidenta Arroyo por fraude electoral

La máxima pena por este delito es la cadena perpetua.

EFE

La policía de Filipinas puso este viernes bajo arresto en un clínica de Manila a la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, en cumplimiento de la orden de detención emitida por un tribunal de justicia por presunto fraude en las elecciones de 2007. Al menos tres agentes entraron al hospital de Saint Luke, en el que está ingresada Arroyo, y ejecutaron la orden judicial emitida después de que la Comisión Electoral acusase formalmente a la exmandataria.

El Tribunal Regional de Pasay, en Manila, ordenó el arresto de Arroyo y también del que era presidente de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, cuando se cometió el supuesto fraude.

El tribunal entregó las órdenes a la Policía del distrito de Pasay para que las ejecute. La legislación penal de Filipinas contempla que la máxima pena por este delito es la cadena perpetua.

José Miguel Arroyo, marido de la exmandataria y que también estaba siendo investigado, ha sido exonerado por falta de pruebas. La orden de detención fue emitida pocas horas después de que los abogados de la expresidenta anunciaran que su cliente tenía la intención de abandonar el país esta tarde para ser sometida a tratamiento médico en Singapur.

Después quería viajar a Alemania y España, también para visitar a varios médicos especialistas en dolencias en relacionadas con las vértebras cervicales y la glándula tiroides.

El Tribunal Supremo ratificó este jueves el permiso que le concedió el martes para poder salir del país, contradiciendo así la orden gubernamental de que no abandonara suelo filipino por riesgo de fuga. La expresidenta trató de viajar a Singapur el pasado martes, pero su salida fue bloqueada por las autoridades aeroportuarias de Inmigración ya que su nombre está incluido en la lista de personas con riesgo de fuga.

Arroyo tiene pendientes otros seis casos de corrupción en los tribunales. Hasta el momento, ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta, actualmente diputada, y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.

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