Leidy Di tiene 21 años, nació en el departamento de Atlántida, Honduras, y fue vendida a los 16 años por su hermano mayor, que pertenece a una banda criminal. Esta joven con la que hablé recientemente por videollamada, logró escapar luego de dos años y medio de ser explotada en casas particulares. La fueron moviendo hasta llegar a Tegucigalpa. Un día, mientras se hacía la manicura vio un anuncio en la televisión sobre trata y explotación sexual; pasó toda la noche pensando: "Esto es lo que yo he vivido; alguien allá afuera puede ayudarme", así que se ofreció para ir a hacer la compra en la tienda de la esquina y su cuidadora aceptó dejarla ir sola; después de todo, llevaba dos años comportándose bien.

Leidy Di llamó a la policía, recibió ayuda, declaró ante una agente del Ministerio Público y la refirieron a una organización feminista que le dio atención y protección durante un año. Hoy vive en Guatemala y colabora con una iglesia en labores de ayuda a niñas sin hogar. Aún teme por su vida, su hermano se dedica todavía a conseguir niñas en el pueblo, y está convencida de que la red de tratantes que está tras ella tiene tentáculos en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala, pues chicas de esos países estaban cautivas en las casas de seguridad en las que vivió.

María Julia, la jefa de la casa-prostíbulo clandestino en que la explotaban por última vez, no fue detenida, la policía únicamente encarceló a la mujer que las cuidaba, quien, a su vez, había sido víctima de trata y explotación sexual y había logrado ascender en el escalafón de la red.

Como en el resto del mundo, la explotación sexual se ha incrementado de forma exponencial y las víctimas son cada vez más jóvenes. Pero, ¿cómo ha cambiado el rostro de este delito en América Central y México? ¿Qué ha cambiado en el modelo de negocio de la esclavitud humana?

Desde el 2010, con mis investigaciones advertí un cambio en la escala y el modelo de negocio de esclavitud humana, en particular para la explotación sexual. Desde entonces he seguido la pista de los flujos de traficantes y tratantes de personas operados por las diversas redes. Los datos de los últimos informes de Trata de Personas de la UNODC y la OIT revelan que el 71% de las víctimas de trata de personas son explotadas sexualmente; la edad promedio de las niñas es de 14 y 15 años, mientras mi investigación muestra que la edad promedio de los clientes que elevan la demanda de sexo comercial, todos hombres, es de 30 a 52 años. Les sigue el 21% con trabajos forzados y el 1% para tráfico de órganos, especialmente, según la UNODC, riñones, corneas, pulmones, hígado, piel y por último corazón.

En América Central el 61% de víctimas de trata son mujeres, el 14% hombres, el 21% niñas y el 4% niños. La mayoría de los lugares de explotación sexual de las víctimas siguen siendo los bares table dance, le siguen las casas y departamentos clandestinos con un 24%, los moteles de paso vinculados a redes criminales, burdeles legales, clubes nocturnos y, con un aumento notable, encontramos que las redes contactan a las víctimas por vía cibernética para explotarlas desde casas de seguridad. Las "alquilan" online por horas llevándolas a los domicilios particulares de los clientes; allí entran en connivencia redes de taxistas.

El Reporte Global Sobre Trata de Personas de la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) muestra que lo que advertimos como tendencia hace 10 años es hoy un hecho comprobado. El ranking delictivo mundial cambió radicalmente. Hace seis años la trata de personas estaba solo por debajo de la producción, trasiego y venta de drogas ilícitas; hoy en día, según el informe de Global Initiative Index el número uno son los delitos financieros (lavado de dinero y derivados), el número dos es la trata de personas; la cosecha y tráfico de cannabis se lleva el tercer puesto y, cuarto, el tráfico de armas.

Detrás de estos delitos de la delincuencia organizada están, en el puesto cinco, los productos falsificados o piratas; seis, las drogas sintéticas; siete, la cocaína; ocho, los ciberdelitos; nueve, la heroína; y 10, la extorsión.

Al investigar en cada territorio, entendemos que los grupos de delincuencia organizada tienen fortaleza económica gracias a la creación de un modelo financiero sofisticado que vende más personas que servicios o materia prima. Los carteles saben que a las víctimas (mujeres y menores de edad) se les criminaliza y desestima su testimonio.

Para entender este fenómeno es indispensable comprender que el modelo de negocios criminales más sofisticado ha sido elaborado en México por los tres grupos de crimen organizado más poderosos del país y que operan en corredores de toda América Central: el Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana; de ellos derivan clústeres y grupos de menor ranking que conforman los 150 cárteles activos en México.

Según los reportes internacionales de trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, el 41% de las víctimas de América Central escapan solas y piden ayuda; en México, el 85% son rescatadas por la sociedad civil y la policía. Las mujeres que he entrevistado recientemente reportan que su vendedor original fue un hombre de la familia, un novio, esposo, pareja o amigo, pero quienes operan el entrenamiento, los cuartos de grabación de pornografía forzada, el movimiento y la seguridad de los burdeles clandestinos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala son mujeres. La mayoría de ellas, según testimonios de las sobrevivientes, fueron en su momento víctimas de explotación y se quedaron en el negocio, siempre comandadas por algún hombre de un grupo de delincuencia organizada regional. Su única salida fue quedarse con los tratantes, porque la otra opción era volver a un entorno de violencia familiar, hambre y abandono, dice Leidy Di. Además, los tratantes han entendido que es mejor que las entrenadoras y cuidadoras sean las que van a la cárcel, son las desechables de estas redes.

Es notable que, en Centroamérica, el 46% de las arrestadas son mujeres. En América del Norte, la mayoría de las personas detenidas y sentenciadas por trata para la explotación sexual comercial son hombres. Hoy en día casi el 60% de las redes son operadas por negocios de la delincuencia organizada con alto nivel de sofisticación, eso hace más complejo el trabajo para las policías no especializadas.

En el año 2004, publiqué el testimonio de un tratante de niñas que reveló que un kilo de cocaína se vende una vez, pero a una niña la puedes explotar hasta durante diez años. Otro tratante, preso en Nueva York, reveló que había ganado 150.000 dólares en un año explotando a tres niñas.

Debido al índice de impunidad regional en Centroamérica (el 96%), podemos decir que buena parte de las mujeres que hoy son miembros –sin poder de decisión– en las redes de trata de personas, lo son porque las autoridades les dejaron solas al no perseguir a los maltratadores, a los operadores y clientes de la explotación sexual, la prostitución forzada y la pornografía infantil. En un ambiente sin libertad de elección, quedarse al lado del opresor es para muchas de ellas la única opción para mantenerse vivas.

La mayoría de las víctimas que he entrevistado a lo largo de los años han dicho que no es lo mismo tener oportunidades y libertad de elegir que verse empujadas a una opción sin libertad. En 62 entrevistas que hice, todas las mujeres y niñas que han denunciado revelan que antes de ser captadas huían de violencia intrafamiliar, de pederastia familiar o maltrato filial y deseaban migrar a México huyendo de la violencia sistemática. Sumado a ello, cuando estos países entran en crisis, los primeros recortes gubernamentales recaen sobre el financiamiento de refugios, centros de atención a víctimas y de las ONG dedicadas a proteger a víctimas de trata.

Sin voluntad y capacidad de abatir a estas corporaciones criminales, los gobiernos han permitido que los líderes de la delincuencia organizada transnacional se conviertan en los grandes empleadores regionales y sus "empleadas-víctimas" sean desechables. Este fenómeno se repite también con los niños explotados para el sicariato y la narcoagricultura, se les ve como delincuentes y no como víctimas de trata de personas. Según el estudio citado de Science.org, en México los cárteles emplean a más personas que el propio gobierno.

Todos los estudios evidencian que es urgente aplicar políticas públicas con perspectiva de género y de infancia, reconocer la esclavitud humana como parte de los delitos de crimen organizado y no como delitos individuales, tal como sucede actualmente, porque eso provoca que la carga de la prueba recaiga sobre las víctimas y no sea resultado de investigaciones especializadas que persigan a todos los eslabones de la cadena delictiva.

Paralelamente, la prostitución se sigue considerando un "oficio" en la región y los gobiernos dan aval legal a los prostíbulos, moteles y clubes dedicados a la explotación sexual, que a su vez se dedican a blanquear capitales como parte de los delitos circulares. Además, en Honduras y Guatemala existe una contradicción en el Poder Judicial y los propios textos legales confunden la trata y tráfico de personas, lo cual se debe a la traducción literal del inglés de las leyes norteamericanas que se han copiado sin un análisis de fondo de tipificación penal y cambios de los códigos de procedimientos penales.

Mientras tanto, en varios países de América Latina, las y los gobernantes y candidatos políticos evitan mencionar el poder financiero y empresarial de las redes criminales dedicadas a la trata de personas que operan al margen de la ley, profundizando así la brecha de género. La feminización de la trata de ambos lados de la moneda le sale barata tanto a los grupos criminales como a los gobiernos que la ignoran.