El pasado marzo, en plena campaña de las municipales turcas, la Policía detuvo en Madrid a dos 'terroristas'. Se trataba de Remzi Kartal y Eyyup Doru y, bajo la acusación de formar parte del PKK (el ilegal y considerado terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán), el gobierno turco del islamista Erdogan cursó orden de detención y extradición. Pasados tres meses de aquello, la justicia y el Gobierno español desoirán con total seguridad la orden dado su estatus de refugiados políticos.

Cuando se celebren las vistas en la Audiencia Nacional (hoy la de Kartal y en unos días la de Doru) el fiscal pedirá que se diga no a Turquía, un firme aliado de España en proyectos como la Alianza de Civilizaciones. Podrán así volver a Bélgica y Francia, sus países de residencia.

En declaraciones a Público, Doru no escondía su satisfacción, pero lamentaba haber pasado 'unos días en la cárcel, tres meses con la incógnita de saber si se nos extraditaría y el deber de presentarse dos veces por semana'. En mayo, los dirigentes del movimiento kurdo declararon ante el juez Fernando Andreu después de que el Consejo de Ministros diera trámite al expediente de extradición.

Kartal fue diputado en la Gran Asamblea turca por el DEP que tras ser ilegalizado mutó a las siglas DTP, vencedor de las municipales en el Kurdistán y es uno de los líderes independentistas en el exilio. Doru es consultor del Consejo de Europa y representa en Europa la causa de la mayor nación sin estado del planeta, partida entre Turquía, Irak, Irán y Siria.

Fuentes fiscales señalaron que desde que se tuvo constancia de su estatus y se comprobó 'su actividad estrictamente política', se descartó la extradición. Ellos, en cambio, creen que la presión de partidos como IU, ERC y el BNG ante el ministro Francisco Caamaño, y las misivas al Gobierno de eurodiputados, de diputados del Reino Unido, del PS francés y de organizaciones humanitarias (entre ellas ACNUR y Amnistía Internacional) han tenido mucha influencia.