Un tribunal turco ha absuelto este martes de todos los cargos a nueve personas acusadas de instigar las protestas de 2013 contra el Gobierno del entonces primer ministro y hoy presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que ha apartado del caso a otros siete que están en el extranjero, informaron a Efe fuentes de la defensa.

Según esas fuentes, el juez ha ordenado la puesta en libertad del único acusado que permanecía en prisión preventiva, el empresario, activista y filántropo turco Osman Kavala, detenido en 2017.

Kavala estaba acusado de ser el "instigador y líder" de las masivas protestas populares de 2013 en el parque Gezi de Estambul, que se iniciaron por una manifestación ecologista pero rápidamente se convirtieron en una denuncia del creciente autoritarismo del Gobierno islamista turco. 

También el activista por los derechos humanos Yiğit Aksakoğlu de 43 años que acudió a las manifestaciones como observador, pero le acusaron de ser uno de los cabecillas y de conspirar para derrocar al presidente turco.

En su argumentación, el juez señaló que no hay pruebas suficientes contra los procesados, entre los que hay periodistas, actores, actrices, arquitectas y cineastas.

Siete de los acusados están en el extranjero

Siete de los acusados están en el extranjero, con órdenes de busca y captura emitidos por Turquía. Entre ellos se cuenta el periodista turco Can Dündar, que vive exiliado en Alemania. El juez decidió separar las acusaciones contra estos siete, cerrando el actual caso y abriendo un nuevo proceso sólo contra ellos.

El ex fiscal Ilhan Cihaner señaló a Efe que, de momento, se ha levantado la orden de arresto que pesaba sobre ellos, aunque siguen estando acusados y deben presentarse ante el juez a declarar.

Fuentes de la defensa han asegurado a Efe que se prevé su absolución en el futuro, ya que la inexistencia de pruebas puede aplicarse también a estos acusados. La Fiscalía tiene ahora siete días para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, un plazo tras el que la decisión judicial será firme.

El fiscal había pedido cadena perpetua para tres acusados por "intento de derrocar el Gobierno" y penas de entre 15 y 20 años de cárcel para los demás por colaboración con el mismo delito.

Los testimonios presentados durante el juicio corroboran que los acusados participaban en las protestas, como otras decenas de miles de personas, pero no que tuviesen un papel dirigente.

Los abogados habían denunciado durante el juicio numerosas irregularidades y habían destacado que la acusación carecía totalmente de pruebas y que incluso se utilizaba el testimonio de un testigo que se declaró mentalmente inestable.