Una polémica ley que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación entró en vigor este miércoles en Texas (EEUU) después de que el Tribunal Supremo del país no se pronunciara sobre una solicitud de urgencia presentada por clínicas en ese estado para bloquearla.

La ausencia de intervención judicial ha hecho que la norma, conocida como Ley 8 del Senado, entre en vigor a la espera de que el Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, adopte una resolución.

La legislación permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la prohibición. La medida supone que prácticamente se veta abortar en Texas, ya que ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación.

Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación (cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas) ha entrado en vigor en Estados Unidos.

En su solicitud de emergencia para bloquear la legislación, las clínicas de servicios abortivos advirtieron de que la ley "reduce inmediatamente y catastróficamente el acceso al aborto en Texas, prohibiendo cuidados a al menos el 85% de los pacientes" que requieren de una intervención de este tipo en el estado. Asimismo avisaron de que posiblemente muchas clínicas abortivas tengan que cerrar sus puertas.

En una rueda de prensa telefónica, uno de los abogados que llevan el caso, Marc Hearron, letrado del Center for Reproductive Rights, dijo este miércoles que todavía están evaluando los siguientes pasos a tomar para responder a la entrada en vigor de la medida. "Estamos esperando a que la Corte Suprema actúe, todavía esperamos que diga algo más tarde hoy o en los próximos días", indicó.

Por su parte, Vanessa Rodríguez, responsable del centro de atención telefónica de Planned Parenthood en Gran Texas, apuntó en la misma llamada que "es importante recordar que las leyes no evitan que la gente se quede embarazada". Planned Parenthood es la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva en EEUU.

Rodríguez recordó que antes de que la norma entrara en vigor, ya había en Texas otras medidas que restringían este tipo de intervenciones, como cuando el año pasado, al comienzo de la pandemia de covid-19, el gobernador Greg Abbott, "vetó el aborto, al considerarlo como un procedimiento médico no esencial". "En ese momento los pacientes ya estaban afrontando el temor y las complicaciones de la pandemia, y tuvieron que hacer frente a una crisis innecesaria y adicional para acceder a un aborto", detalló.

Los precedentes marcados por el Supremo vetan a los estados prohibir al aborto antes de que el feto sea viable, es decir, cuando puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, a las 22 o 24 semanas.

Todo esto se produce cuando el Supremo se prepara para escuchar en su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre, una apelación sobre una ley de Misisipi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EEUU en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade, en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que defenderá el derecho al aborto frente a una polémica ley del estado de Texas que "viola flagrantemente el derecho constitucional", pero no llegó a anunciar acciones legales de su Gobierno contra la ley, como ha ocurrido con otras iniciativas estatales para restringir el aborto.

"Mi Administración está profundamente comprometida con el derecho constitucional establecido en Roe contra Wade hace casi cinco décadas y protegerá y defenderá ese derecho", afirmó el gobernante en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

Una de las mayores dificultades para Biden es que la norma de Texas está diseñada para ponérselo difícil a los tribunales, ya que normalmente una demanda que busca bloquear una ley al considerarla inconstitucional nombra a funcionarios gubernamentales como acusados. Pero esa ley prohíbe a los funcionarios estatales aplicar la legislación al delegar en particulares la posibilidad de denunciar a cualquiera que lleve a cabo un aborto.

Al respecto, Biden consideró "escandalosa" ese punto de la ley que delega en particulares el poder de interponer una denuncia y avisó que podrá tener consecuencias negativas en familias donde alguien pueda haber tenido un aborto o entre el personal médico del estado de Texas.

Asimismo, consideró que dificultará el acceso de las mujeres a la atención médica, especialmente de aquellas con bajos ingresos o que pertenecen a comunidades de color.