El Gobierno de Ecuador ordenó este sábado la reorganización del alto mando de la Policía, tras la muerte de seis colombianos y un ecuatoriano que estaban detenidos como sospechosos del crimen material del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, aseguró que el mandatario Guillermo Lasso ordenó cambiar a la autoridad penitenciaria y al jefe de investigación de la Policía, entre varias medidas que incluye la reorganización del alto mando de la institución del orden.

La medida se adoptó después de que se informara que un ecuatoriano que estaba detenido en Quito se sumaba este sábado a la lista de siete reos colombianos muertos en la penitenciaría de Guayaquil, todos relacionados con el asesinato de Villavicencio.

Mediante un mensaje por la red X, la Secretaría de Comunicación Presidencial informó de que Lasso "nombró al general de distrito César Augusto Zapata Correa como Comandante General de la Policía, a través del Decreto Ejecutivo 889". Este reemplazará a Fausto Salinas.

Ente las acciones que ha emprendido el Gobierno de Lasso "ante la muerte violenta de siete personas privadas de la libertad, vinculados con el crimen" de Villavicencio, se incluye "la separación del cargo del director general de Investigación de la Policía Nacional, general Alain Luna, con la consecutiva baja".

Además, de "la reorganización del alto mando policial", Lasso ha ordenado el "traslado (a otras cárceles) de seis personas vinculadas con la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, para resguardar su seguridad".

También la "remoción del cargo del director del SNAI, Luis Ordóñez, y el respectivo encargo al coronel (en servicio pasivo) Fausto Cobo, actual director del CIES (Centro de Inteligencia Estratégica)".

Asimismo, el Gobierno ha decidido presentar una "denuncia penal contra el director subrogante del CPL Guayas 1 (Penitenciaría de Guayaquil), quien ya ha sido detenido por la Policía Nacional, para que rinda versión ante la Fiscalía".

La muerte de los últimos siete imputados ocurrió pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita dar con el autor intelectual del asesinato de Villavicencio