MADRID.- Julio no es un buen mes en casa de los Molfino, una familia argentina que fue brutalmente golpeada por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El día 21 de este mes se cumplen 31 años del asesinato en Madrid de Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos que luchaba contra el horror… Hasta que el horror cayó sobre ella. Tres décadas después, sus asesinos siguen beneficiándose de la misma impunidad que entonces: según ha podido confirmar Público, las huellas que dejaron en la escena del crimen han desaparecido. No están. O alguien quiere que no estén.

Ya sea en los duros años setenta o en pleno siglo XXI, la historia de los Molfino es la historia de la lucha contra la impunidad. Marcela, una de las hijas de Noemí, fue secuestrada junto a su marido, Guillermo Amarilla, el 17 de octubre de 1979, poco después de que regresaran al país tras haber estado algo más de un año en París. Cuando los verdugos enviados por el Ejército les arrancaron de su casa, la joven estaba embarazada del que sería su cuarto hijo. Nadie lo sabía. Ni siquiera ella, que se enteró de la noticia cuando ya estaba en manos de los militares y no podía compartirlo con su pareja.

Cuando los verdugos enviados por el Ejército les arrancaron de su casa, la joven estaba embarazada del que sería su cuarto hijo

Todo indica que Guillermo murió antes que Marcela. ¿El motivo? Al igual que en otros tantos casos, la dictadura esperó que diese a luz, luego le quitó a su hijo recién nacido y entonces sí la mató. Quizás la hayan tirado de un avión. O quizás la fusilaron al borde de su propia fosa. Solo sus verdugos, que hoy podrían seguir vivos, lo saben. Lo único que está claro es que el niño fue entregado a un funcionario del Batallón 601 del Ejército y su mujer, quienes se hicieron pasar por sus padres biológicos y lo anotaron con el nombre de “Martín”. El joven –que hoy se llama Guillermo Amarilla Molfino- recuperó su identidad gracias a la lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Mamá coraje

Vuelta al infierno de finales de los setenta. Mientras Marcela y Guillermo engrosaban la larga lista de desaparecidos, su madre pasó a formar parte de ese grupo de mujeres valientes que buscaban a sus hijas e hijos. Noemí –que había quedado viuda varios años antes- no dudó en recorrer varias oficinas de organismos internacionales para pedir auxilio. Tenía motivos de sobra: otro de sus hijos, Miguel Ángel, se encontraba preso en una de las cárceles legales del régimen, a la que había llegado tras sobrevivir a las torturas más crueles que la mente humana pueda imaginar.

Esta “madre coraje” llegó incluso a la sede de la ONU en Ginebra, donde compareció ante la Comisión de Derechos Humanos. Su voz empezó a molestar a la dictadura, que por entonces –primeros meses de 1980- realizaba una intensa campaña internacional para tratar de limpiar su imagen. Por esas mismas fechas, España ya era un aliado incondicional del régimen: tal como reveló Público, el gobierno de Adolfo Suárez concedió préstamos millonarios a la Junta Militar, además de mostrarle su apoyo en diferentes organismos internacionales. No en vano, España fue el primer país que reconoció oficialmente a los golpistas.

La Comisión Argentina de Derechos Humanos denunció públicamente los secuestros y advirtió sobre la escalada represiva del régimen más allá de sus fronteras

En ese marco, la Reina Sofía viajó a Argentina en junio de 1980 para participar en los actos por el 400 aniversario de la fundación de Buenos Aires. Mientras ella ofrecía una recepción en la embajada española con la participación de varios uniformados, un comando de la dictadura ponía fin a las denuncias de Noemí Gianotti de Molfino contra la dictadura. La mujer fue secuestrada en Lima (Perú), donde por entonces estaba afincada Noemí junto a Gustavo, uno de sus hijos. En el operativo también fueron secuestrados otros tres ciudadanos argentinos que se encontraban en esa misma ciudad, mientras que Gustavo, que por entonces tenía 18 años, logró salvar su vida gracias a que en ese momento se encontraba fuera del hogar.

El caso tuvo una amplia repercusión internacional. En España, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) denunció públicamente los secuestros y advirtió sobre la escalada represiva del régimen más allá de sus fronteras. Aquello fue un preludio de lo que estaba por venir: 36 días después de su secuestro en Lima, Noemí Gianotti de Molfino llegaba a Madrid en el vuelo 742 de Varig, procedente de Sao Paulo, Brasil. Viajaba acompañada por dos hombres que, según contaría posteriormente una azafata, no la dejaban ni ir sola al baño. En el aeropuerto de Barajas eran aguardados por otros dos individuos que un par de días antes habían alquilado una habitación en el aparthotel situado en el número 37 de la calle Tutor. Los dos agentes introdujeron a Noemí por la zona de la cafetería, evitando así que el personal de recepción notase su presencia. Poco después pidieron un pollo al chilindrón, pan y vino blanco. Esa misma tarde, la madre argentina fue envenenada por sus captores.

Una vez consumado el crimen, los enviados de Videla colgaron el cartel de “No molestar”, invirtieron algunas horas en limpiar minuciosamente las huellas y abandonaron al lugar. Antes de irse, aquellos misteriosos individuos colocaron sobre la mesa de noche varios pasaportes falsos, con el objetivo de pintar el crimen como un “ajuste de cuentas” entre miembros del grupo armado Montoneros. Uno de los documentos llevaba la foto de Noemí, pero estaba a nombre de una desconocida María del Carmen Sáenz. Sobre la misma mesilla colocaron un ejemplar de Diario 16 en el que podía leerse un sugerente titular: “Los terroristas muertos eran de un comando legal”, decía la noticia principal, en referencia a un operativo contra ETA que se había realizado esa misma semana.

“Los terroristas muertos eran de un comando legal”, decía la noticia principal, en referencia a un operativo contra ETA

Tres días más tarde, cuando la empleada de la limpieza hizo de tripas corazón y abrió la puerta de la habitación 604, el cadáver de Noemí estaba tan hinchado que resultaba irreconocible. Sus asesinos habían cubierto el cuerpo con una manta, lo que facilitaría su rápida descomposición y, de paso, borraría de su organismo cualquier rastro del veneno suministrado. También intentaron eliminar cualquier rastro que pudiese identificarlos, pero no lo consiguieron: tras revisar el lugar, los efectivos de la Policía Judicial de Madrid hallaron dos huellas en un vaso que se encontraba en el lavabo, así como cinco colillas de cigarros que habían quedado en un plato del salón. De ahí bajaron al aparcamiento, donde permanecía el coche alquilado en el aeropuerto por los verdugos. Los policías madrileños buscaron más huellas, y las encontraron en un espejo del quitasol y en un paquete de tabaco de la marca “Benson and Hedges” que habían dejado sobre la bandeja del salpicadero.

De acuerdo a la documentación obtenida por Público, estas huellas sólo fueron cotejadas con la base de datos dactiloscópica de España, donde no dieron resultados positivos. En Argentina, lugar desde el que habían partido los agentes, jamás se comprobaron. El 20 de noviembre de 1980 -coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte de Franco- el juez encargado de este caso, Luis Lerga, decretó ese día el cierre de las investigaciones.

Misteriosa pérdida

31 años después, el destino de esas valiosas pruebas sigue siendo un auténtico enigma. Tras las denuncias formuladas en el documental No me olvides. El año que Videla mató en Madrid en torno a la ausencia de una investigación seria sobre las huellas, los familiares de Noemí consiguieron que el juzgado especial de delitos de lesa humanidad ubicado en San Martín (Buenos Aires) solicitase a España el envío de la causa judicial. Actualmente, este caso forma parte de la causa denominada “Contraofensiva”, que incluye otros 85 casos de asesinatos cometidos por la dictadura en Argentina, Brasil y Perú. 

La solicitud de la causa judicial fue tramitada por la jueza argentina Alicia Vence a través del ministerio de Exteriores de ese país. Sin embargo, no valió de nada: fuentes próximas a la familia Molfino han confirmado a Público que en la documentación remitida por los tribunales españoles “no están las huellas”. 

Este caso forma parte de la causa denominada “Contraofensiva”, que incluye otros 85 casos de asesinatos cometidos por la dictadura en Argentina, Brasil y Perú.

De manera paralela, este periódico comprobó ese mismo extremo en el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) de Buenos Aires, donde existe otra copia de la causa judicial. Tras revisar la voluminosa documentación judicial, Público ha confirmado que las huellas tampoco figuran en esta copia, entregada al ministerio de Justicia argentino en enero de 1999 por el Consulado General de ese país en Madrid, bajo el sello de “reservado”. Otro detalle importante: en esta documentación faltan algunos folios, que fueron omitidos sin ningún tipo de explicación.

Los misterios no terminan ahí. En el marco de una larga investigación periodística, el autor de este artículo accedió en enero de 2013 a las diligencias realizadas a finales de los noventa por el juez Baltasar Garzón, quien por entonces tramitaba una querella contra la cúpula militar argentina por crímenes de lesa humanidad. El denominado “caso Molfino” fue incluido en aquella causa a petición de los familiares de la víctima, por lo que todas las pruebas recabadas en 1980 –incluyendo las huellas- deberían haber sido enviadas a ese juzgado. Sin embargo, allí tampoco aparecieron.

Curiosamente, algunos días antes de que la Audiencia Nacional permitiese el acceso a esta documentación, una funcionaria identificada como “Laura” –en el formulario localizado por este periodista no aparecía su apellido- solicitó de manera “urgente” las piezas documentales 125 y 147 de esa misma causa, por lo que finalmente no pudieron ser consultadas por el responsable de esta crónica. Nunca fue posible establecer el contenido de esas carpetas. 36 años después del asesinato de Noemí, su historia sigue teniendo el mismo título: impunidad.