El 32% de los hogares de Estados Unidos no pudieron hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca en julio debido a la crisis económica desatada por el coronavirus, que tiene al país norteamericano con más de 40 millones de personas en el paro. Según los datos de la web Apartment List, el 13% de los hogares sólo pudieron pagar una parte del alquiler o hipoteca mientras que el 19%, prácticamente uno de cada cinco, no pudieron realizar ningún pago en absoluto.

No es la primera vez que emergen datos tan preocupantes sobre un derecho básico como es la vivienda. Un informe del Instituto Aspen centrado sólo en el alquiler ya alertó a mediados de junio de que al menos 20 millones de estadounidenses estarán en riesgo de ser desahuciados cuando llegue septiembre. ¿Por qué septiembre? Porque el 31 de agosto expira la moratoria a los desahucios fijada por la administración Trump al principio de la pandemia. 20 millones de personas es el 6,11% de la población de Estados Unidos, lo que equivaldría a que en España 2,9 millones de personas fueran desahuciadas al terminar agosto. Y eso sería sin contar los desalojos por impago de hipotecas.

El país se debate entre la crisis económica y el paro galopante y un presidente, Donald Trump, empeñado desde junio en forzar a toda costa la reapertura económica; claro que esa estrategia del Gran Regreso, como él la denomina, ha disparado los contagios y muertes por coronavirus, especialmente en Estados del sur como Texas, Florida y Arizona. Sin embargo, ese presunto Gran Regreso no lo están notando los hogares: la web Apartment List ya alertó en mayo que el 24% de ellos no habían podido pagar su alquiler o hipoteca, un porcentaje que subió al 31% en mayo y que desde entonces se mantiene estable: en junio fue del 30% y este mes el dato ha alcanzado su máximo del 32%.

"Los desahucios masivos serían un desastre", alerta el informe del Instituto Aspen, que sigue: "Tanto para los individuos como para las familias, los desahucios provocan un daño severo y cuando se extienden en la sociedad se producen consecuencias muy significativas para comunidades enteras e incluso afectarían a la velocidad de la recuperación futura".

Esta amenaza de los desahucios masivos la ha desencadenado la pandemia de coronavirus pero, junto a ésta, hay otras aristas así como un telón de fondo igualmente responsable de la situación. Una de esas aristas es el modelo de cobertura sanitaria basado fundamentalmente en pólizas privadas que el trabajador obtiene a través del empleador. En Estados Unidos, antes de la crisis del coronavirus, había más de 40 millones de personas sin seguro médico o con uno muy malo. Con los niveles de desempleos disparados por la pandemia, esta cifra supera los 60 millones. Esto significa, que personas en el paro tienen que asumir el coste de sus pólizas médicas o, si no, de las facturas en el caso de que necesiten de atención sanitaria. Es un gasto más que se añade a la hipoteca o alquiler, la factura de la compra y a la deuda o los gatos generales de esa persona o familia.

Y ése es, de hecho, el telón de fondo: un sistema económico basado en el endeudamiento. Según los datos de un informe de la Reserva Federal publicado en febrero (antes de declararse la pandemia), la deuda de las familias estadounidenses ascendía a 14,15 billones de dólares, la cifra más alta de la historia. Es decir, una media de 43.272 dólares por ciudadano (37.930 euros). De esa cifra total, las hipotecas suponían 9,56 billones de dólares mientras que la deuda por estudios ocupaba el segundo lugar con 1,51 billones, cifra que también supone un máximo histórico.

El informe alerta de que la deuda estudiantil es tan elevada que puede lastrar el futuro de los jóvenes puesto que en Estados Unidos el acceso a cualquier hipoteca o crédito (no sólo para adquirir un bien o servicio sino de tipo formativo, etcétera) depende de que uno disponga de un buen historial de crédito (credit score); dicho historial se exige en multitud de ocasiones, incluso para alquilar una vivienda. El vicepresidente de la Reserva Federal en Nueva York, Wilbert Van Der Klaauw, señaló en un comunicado que "los datos muestran que la transición a la delincuencia de quienes han contraído una deuda con su tarjeta de crédito ha aumentado constantemente desde 2016, especialmente entre los jóvenes".

Los jóvenes son, de hecho, los que más problemas están teniendo para afrontar el pago de sus alquileres o hipotecas. El 41% de quienes tienen entre 18 y 29 años no han podido afrontar el pago completo de julio (el 21% lo ha hecho parcialmente y el 20% no ha podido pagar nada), un porcentaje que es del 35% entre los 30 y los 44 años. De los 45 a los 60 años baja al 29% y para las personas por encima de los 60 años es del 19%.

El nivel de renta del hogar es determinante también, sin embargo, nadie está exento de los impagos, hasta el punto de que el 24% de los hogares con más de 100.000 dólares de ingresos anuales (87.500 euros) no ha podido pagar su alquiler o hipoteca en julio. Con todo, para los hogares con ingresos de hasta 25.000 dólares (21.900 euros) la tasa es de impago es del 42% mientras que en la franja de 25.000 a 50.000 dólares alcanza el 36%.

Richmond, epicentro de los desahucios en EEUU

A pesar de la moratoria federal a los desahucios, muchas demandas de desalojo siguen llegando a los juzgados. En Richmond, la capital del Estado de Virginia, es una de las ciudades donde más está sucediendo esto. No es extraño: la ciudad es la segunda del país con un índice más alto de desahucios mientras que el Estado ostenta la tasa más elevada en Estados Unidos. Según los datos del Laboratorio de Desahucios de la Virginia Commonwealth University, entre 2000 y 2016, el 11% de las viviendas de la capital recibieron una orden de desalojo. El dato para toda Virginia fue del 5,12%, más del doble que la media nacional. Estos datos contrastan con el hecho de que Richmond, ciudad de 223.000 habitantes (1,2 millones si se toma el área metropolitana) es la sede de nueve de las 500 compañías más grandes del país y sólo cinco áreas metropolitanas albergan más empresas de entre las 500 compañías de mayor tamaño. Sin embargo, algunos barrios de Richmond tienen una tasa de desahucio del 33%.

Una investigación de este mes del Laboratorio de Desahucios asegura haber identificado "1.055 demandas de desahucios que afectarían a 108 edificios de viviendas en Richmond y [los municipios del área metropolitana Henrico y Chesterfield, y que habrían sido tramitados a pesar de que esas propiedades estarían cubiertas bajo la ley de la moratoria". La investigación asegura que "esto significa que hay motivos para estar preocupados por el hecho de que los inquilinos en estos casos no están disfrutando de las protecciones a las que tienen derecho para la ley federal".

Kathryn Howell, directora del Laboratorio de Desahucios, explica a Público que la existencia de 1.055 demandas sobre 108 edificios "implica la existencia de casos en los que hay propietarios que están demandando a múltiples inquilinos en un solo edificio". Y todo ello, a pesar de que los inquilinos están cubiertos por la ley federal aprobada por la administración Trump.

Otro problema que afecta a otras viviendas en todo el país, advierte Howell, es que la ley aprobada por Trump tiene agujeros: "La moratoria federal", explica, "sólo cubre propiedades que estén relacionadas de algún modo con fondos de la administración federal, como la Asociación Federal de Hipotecas [una empresa hipotecaria con fondos públicos creada por Roosevelt durante la Gran Depresión] o la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios [respaldada también por el gobierno federal]. Muchas de las demandas que han llegado a los tribunales de Richmond son precisamente sobre viviendas que no están relacionadas con esta situación".

Desde primeros de julio varias asociaciones por el derecho a la vivienda están convocando manifestaciones frente a los tribunales de Richmond para protestar por la tramitación de los desahucios en medio de la pandemia y a pesar de la moratoria federal e incluso de una ley estatal de Virginia. El 1 de julio una de esas protestas acabó siendo atacada por la policía, que usó gas pimienta para disolverla. Ese día, Cole Blisset, miembro del Sindicato de Inquilinos de Richmond, declaró a la NBC, declaró que la capital y el Estado de Virgnia "tienen la absoluta necesidad de proteger a los inquilinos para que éstos no tengan que elegir emplear todos sus ingresos en el pago del alquiler. Tenemos familias enteras que literalmente se enfrentan a la decisión de elegir entre pagar por la comida, por la atención médica o pagar el alquiler".

Según el Laboratorio de Desahucios, en estos momentos, hay un total de 3.871 expedientes de desalojos de viviendas entre Richmond (2.212 casos), Henrico (945) y Chesterfield (714) que están siendo tramitados por los juzgados de la capital de Virginia, a pesar de que el 27% de los cuales está en teoría protegido por la ley federal. Es por esto por lo que Howell propone que "para que la moratoria legal sea efectiva, una posible solución sería que los juzgados requieran a los propietarios que demuestren previamente que sus viviendas están exentas de la moratoria antes de proceder a tramitar la demanda de desahucio, cosa que se está haciendo en algunos Estados, como Michigan".

A pesar de los agujeros de las moratorias federales y estatales, éstas unidas al cierre de los juzgados durante ciertos momentos de la pandemia del coronavirus, entre enero y mayo de este año, señala otra investigación del laboratorio dirigido por Howell, "los propietarios han presentado en el área metropolitana de Richmond un total de 9.770 demandas de desahucios frente a las 17.633 del mismo período del año pasado". Y a pesar del pronunciado descenso, de las 80.664 viviendas habitadas de Richmond ciudad, 4.447 (un 5,53%) ha recibido entre enero y mayo de este año una demanda para ser desalojada. De ahí que la investigación del Laboratorio de Desahucios alerte del riesgo de que, una vez termine la moratoria a finales de agosto, se produzca "una oleada de desahucios masivos".