Ya en la Antigua Grecia, los ciudadanos más ricos contribuían a la polis, especialmente en los tiempos de guerra, con un impuesto al capital denominado eisphora. A comienzos de esta semana el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla anunciaba que se unía a la estrategia de Madrid para suprimir el impuesto sobre el patrimonio en Andalucía, la comunidad autónoma que capitanea desde 2019. España lo aplica desde 1997, tras una breve interrupción en 2008. Pero, ¿Cómo es la situación en el resto de Europa?

Lo cierto es que la popularidad de este impuesto ha ido decayendo durante las últimas décadas. Mientras en 1990 lo aplicaban en su totalidad doce países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE), en la actualidad está vigente como un todo en España, Noruega y Suiza. Un análisis elaborado para la comisión de Presupuestos de la Eurocámara en 2021 lo achaca a la combinación de una mayor competencia fiscal internacional con los bajos niveles de recaudación y a los altos costes administrativos.

Según el documento, los ingresos a través de los impuestos al capital en el conjunto de la OCDE han pasado desde 1980 del 47% al 24%. Como resultado, las rentas más altas han continuado incrementando sus riquezas dando lugar a una mayor desigualdad y una menor redistribución de la riqueza en la mayoría de países de este espacio. En el conjunto de la Unión Europea, el 1% más rico acumula entre el 20% y el 30% de la riqueza.

La pandemia del coronavirus y las consecuencias socioeconómicas que está dejando la guerra en Ucrania amenazan con exacerbar la desigualdad dejando atrás a los ciudadanos más vulnerables. Para hacer frente a la inflación desatada, la UE se prepara para tasar los beneficios extraordinarios a las compañías fósiles, que han acumulado enormes ganancias con esta crisis, una medida también criticada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Varios gobiernos nacionales se han adelantado y ya aplican este tipo de medidas en España, Italia, Hungría o España.

La ONG Oxfam denuncia que este paso, si bien necesario, no es suficiente, y apela a extender el gravamen a los grandes oligopolios que están engordando sus arcas a merced de los bolsillos de los ciudadanos. La organización estima que durante los dos últimos años, las 1.000 compañías más grandes del mundo han acumulado más de un billón de euros de beneficios.

El debilitamiento del impuesto a la riqueza es un hecho en el grueso del territorio europeo. No obstante, ello no se traduce en una desaparición total, sino en un escenario en el que el impuesto ha ido adquiriendo diferentes formas. En Francia, el bautizado como impuesto de solidaridad a las fortunas, creado en 1989, fue suprimido en 2018 por el Gobierno de Emmanuel Macron. La medida le valió al mandatario liberal el apodo de "presidente de los ricos" y desató la cólera de los chalecos amarillos. Así, esta tasa dio lugar a una nueva, que es la que se encuentra en vigor en estos momentos: el impuesto a la riqueza inmobiliaria. Este gravamen se aplica a las personas que acumulan un patrimonio inmobiliario neto superior a 1,3 millones de euros. No se aplica a los ingresos anuales, sino a las propiedades de residencias, garajes o terrenos no edificados, como los agrícolas.

En Italia y Luxemburgo también se produce sobre escenarios particulares y no sobre un todo. Los transalpinos gravan los activos financieros en el exterior al 0,2% y las propiedades inmobiliarias que sus nacionales tienen fuera del país al 0,76%. En el caso de Luxemburgo existe un impuesto estatal, el Net Wealth Tax (NWT) que grava el 0,5% de las compañías con un patrimonio neto igual o inferior a 500 millones de euros y el 0,05% para las que superen ese umbral. La vecina Bélgica puso en marcha un impuesto a la solidaridad (el impuesto sobre las cuentas de valores o TSA) en 2021 que grava con el 0,15% el capital de aquellas personas que superan el millón de euros. Dos años atrás, el Constitucional belga tumbó un impuesto similar, recuerda el think tank Tax Foundation.

En los nórdicos, con frecuencia aclamados como ejemplo de su estado de bienestar, este impuesto ha sido debate de choques políticos. Suecia lo eliminó en 2007. El Gobierno socialdemócrata estudió su la reinstauración de medidas sobre las rentas más altas el año pasado, pero desistió tas la presión de los partidos liberales. Tras las recientes elecciones que anticipan el regreso de un Ejecutivo conservador apoyado por la extrema derecha, la medida parece abocada al cajón de sastre. Por su parte, Finlandia ultima un impuesto que prevé ver la luz en 2023 sobre el capital acumulado de los ricos que abandonan el país.

España, con Suiza y Noruega

Ginebra y Oslo mantienen esta tradición centenaria. España es, junto a ellos, el único país de la OCDE que lo amplía al patrimonio total. En vigor desde 1892, Noruega aplica una retención del 0,95% a los patrimonios superiores a 180.000 euros y el 1,1% a los que traspasan la barrera de los 2,1 millones de euros. En Suiza, el país europeo con más tradicional pues el impuesto existe desde 1840, la situación varía de forma considerable según cada cantón.

Un informe elaborado por la organización EU Tax Observatory, fechado en 2021, revela que la UE perdió en 2018 7.000 millones de euros en impuestos relacionados con el patrimonio. La ONG cuantifica en 124.000 millones de euros las pérdidas fiscales en suelo comunitario durante ese año.