Más de 150 países han aprobado este lunes el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas promovido por la ONU y debatido durante  la conferencia intergubernamental de la ONU en la ciudad marroquí de Marrakech.

Se trata de un pacto no  vinculante que pretender sentar las bases de un marco de coordinación entre la mayoría de países miembros de la ONU para ordenar los flujos migratorios mundiales. Un texto poco preciso, con declaraciones de intenciones laxas pero que trata de abordar desde una perspectiva integral un fenómeno que está configurando un nuevo mapa político mundial en torno al discurso migratorio.

Aunque este acuerdo no significa mucho en la práctica, más allá de intentar abordar la cuestión migratoria desde un punto de vista basado en los derechos humanos más que en el control de fronteras, la celebración de esta cumbre ha sido utilizada por países con gobiernos abiertamente anti inmigrantes para hacer campaña no sólo contra el pacto mundial, sino a favor de un repliegue nacionalista. Países, sobre todo receptores de emigrantes, como Australia, Chile, Italia, Israel y un numeroso grupo de los centroeuropeos se han retirado del pacto; junto a Estados Unidos, que lo rechazó desde el principio, y han criticado que el acuerdo supone una cesión de la soberanía nacional en materia migratoria y de control de fronteras, además de que se mezclan los conceptos de migración legal e ilegal.

Precisamente, durante su intervención, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lanzado un mensaje a los países que se han negado a firmar el pacto o que han expresado sus reservas sobre el texto o han pedido tiempo. "No es un tratado" y "no es jurídicamente vinculante", ha matizado Guterres para dejar abierta una pequeña ventana de oportunidad para que, más adelante, puedan sumarse los países reacios.

En concreto, el texto garantiza "el derecho soberano de los Estados a determinar sus política de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional", ha insistido el secretario general de la ONU, al mismo tiempo que ha lamentado la existencia de "falsedades" sobre el documento y el fenómeno migratorio en general.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, reiteró que el documento es un instrumento flexible que se adapta a las necesidad nacionales de los Estados. "Es un momento histórico porque damos un rostro humano a la emigración", ha dicho Espinosa, antes de añadir que los Estados "por más poderosos que sean, no pueden afrontar el reto migratorio solos".

El documento aprobado destaca aspectos de los que apenas se habla en otros espacios políticos sobre migraciones, como la seguridad de las personas que migran, la protección de la vida de las personas migrantes y su acceso de servicios básicos con independencia de su situación regular. "La migración no debe ser un acto desesperado pero, cuando esto es así, debemos cooperar en responder a las necesidades de los migrantes en situación de vulnerabilidad", especifica el texto, que contiene 23 puntos con medidas concretas para abordar el fenómeno migratorio de una forma integral y global. También hace referencia a la cooperación entre países para trazar todas las etapas del proceso migratorio, para coordinar y reforzar la lucha contra el tráfico de personas y la gestión de fronteras de manera integrada, segura y coordinada.

Hace hincapié en facilitar la contratación de personas migrantes de forma que se respete el trabajo decente y en que se aumente la flexibilidad  de las vías para la migración legal. El texto también pide "utilizar la detención de migrantes sólo como último recurso y buscar otras alternativas", aunque en mucho países firmantes se aboga por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En un momento en el que los discursos xenófobos están ganando fuerza en Europa y importantes países del mundo, este pacto también pretende hacer frente al racismo y al odio al migrante que distintos grupos políticos —algunos de ellos, desde el Gobierno— están inoculando en la sociedad actual. Así, el acuerdo establece el compromiso de "eliminar las formas de discriminación" y de prmover "discursos públicos" basados en "datos empíricos" para generar "una percepción realista, humana y constructiva" ante el discurso de miedo. También pide acabar con el dinero público y el apoyo a medios de comunicación o plataformas que "promueve sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia y el racismo".

El seguimiento de este pacto se realizará cada cuatro años "mediante un mecanismo de seguimiento y examen periódico eficaz" para que "las palabras de este documento se traduzcan en acciones concretas que beneficien a millones de personas en todas las regiones del mundo", afirma el documento aprobado.