LA HABANA.- La Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC) de los EEUU presentó ante el Congreso la lista de las propiedades estadounidenses nacionalizadas por Cuba en los años 60. Sin dudas, este será uno de los temas que tendrán que discutir ambos gobiernos en el camino hacia la normalización de las relaciones. Y no será difícil de solucionar puesto que también Cuba tiene una larga lista de demandas por los costos de medio siglo de embargo y acciones violentas.

La FCSC reclama unos 8.000 millones de dólares, lo cual incluye 1.800 millones de las propiedades nacionalizadas más los intereses de medio siglo. El abogado Mauricio J. Tamargo, quien años atrás estuvo al frente de esa comisión, hizo un “llamamiento a la Administración y al Congreso para que se mantengan firmes y no retiren elementos clave del embargo o de las sanciones que se mantienen, a menos que los reclamantes reciban el pago completo y justo”.

Sin embargo, las negociaciones no serán tan sencillas porque Cuba también tiene reclamaciones por las pérdidas económicas provocadas por las políticas violentas o de bloqueo de EEUU, que suman nada menos que 116.880 millones de dólares (pdf). Las demandas de La Habana se fortalecen con la reciente desclasificación de documentos de la CIA, donde se detalla la organización de “represalias económicas y acciones de sabotaje” contra la isla.

El 80% de las reclamaciones de los EEUU pertenecen a empresas con las cuales se podría llegar a acuerdos de inversión por deuda, dado que la mayoría de estas compañías, como las telefónicas, parecen más interesadas en hacer negocios con Cuba que en cobrar viejas cuentas. Con un poco de flexibilidad, ambas partes podrían llegar al acuerdo de terminar la partida en tablas, dado que es tan improbable que EEUU pague por los daños como que Cuba salde los 8.000 millones.

Parte de esa flexibilidad ya fue aportada por la propia FCSC cuando dejó fuera de las reclamaciones a las propiedades de los cubanoamericanos que fueron expropiados antes de ser ciudadanos de la Unión. De lo contrario se habría llegado a un callejón sin salida dado que el Estado cubano no tiene dinero suficiente ni reconoce la deuda porque considera que esas confiscaciones se realizaron al amparo de las leyes nacionales.

Al inicio de la Revolución los más ricos dejaron Cuba y se fueron a Miami Beach a esperar que los EEUU les “resolvieran el problema”, una actitud que en esencia viene desde la independencia y se mantiene hasta hoy. Dejaron en sus mansiones y sus fincas a sirvientes y familiares pobres pero las leyes de Reforma Urbana y la de Reforma Agraria convirtieron en propietarios de las viviendas a estos “cuidadores” y en cooperativistas a los campesinos sin tierra.

En Cuba la vivienda no se considera una mercancía, por lo que hay trabas legales a la especulación inmobiliaria, autorizando la tenencia de solo dos casas, una de ciudad y una vacacional, en la playa o en el campo. Otra de las medidas en este sentido fue confiscar las viviendas de los que emigraban de forma definitiva y vendérselas a otro cubano a precios tan módicos que un apartamento de dos cuartos en La Habana puede valer en total unos 200 dólares, los cuales se pagan con un crédito bancario automático. Esto explica por qué el 84% de los cubanos son propietarios de sus casas.

Durante estos 50 años los ciudadanos solo podían permutar sus viviendas y algunos lo hicieron decenas de veces. Hoy es imposible desenredar la madeja para devolver las propiedades a los dueños originales. El Estado no tiene recursos para pagar esas propiedades, que algunas fuentes de Miami sitúan en más de 100.000 millones, por lo que la única vía posible de restitución sería lanzar a la calle a los actuales propietarios y desalojar de sus fincas a los campesinos beneficiados por la reforma agraria.

El campesino Jorge Alfonso, de la cooperativa Ñico Lopez, expresó a Público que pretender recuperar sus fincas es una “locura porque las tierras que se repartieron son las de los que se fueron o las de los que tenían muchas. Y nosotros no vamos a volver a aceptar nunca más que, como en el pasado, unos tengan muchas y otros no tengan ni un pedazo de tierra donde caerse muertos”.

Odalis Báez, habitante de Bayamo, 800 kilómetros al este de La Habana, tampoco acepta devolver su casa a los antiguos dueños. “Si el gobierno decidió confiscar casas y después vendérmela a mí, yo no tengo la culpa. Yo pagué mi casa hace muchos años y tengo el documento de propiedad. De la casa que dejaron solo queda la tierra, la he hecho nueva, me he gastado miles de pesos. Además en la casa que dejaron ellos ahora vivimos cinco familias y te aseguro que no nos vamos a quedar en la calle”, dijo a Público.

La Habana está dispuesta a negociar con Washington el tema de las propiedades estadounidenses nacionalizadas en los 60, pero difícilmente aceptaría poner sobre la mesa los reclamos de los emigrados. El costo político de devolver las propiedades sería tan alto que ni siquiera un gobierno pro-norteamericano se atrevería a dar semejante paso.