Las manifestaciones campesinas en la región de El Catatumbo, situada al norte de la provincia colombiana de Santander, han sido reprimidas con extrema dureza por las fuerzas de seguridad con un saldo trágico de decenas de heridos de bala y cuatro campesinos muertos, en cuyos entierros se ha multiplicado la participación ciudadana.

Los habitantes de la zona protestan desde hace ya tres semanas por la erradicación forzada bajo vigilancia policial del cultivo de hoja de coca cuya suspensión exigen, así como la de iniciativas minero-energéticas en el territorio, y piden que se protejan los derechos humanos en una región azotada por el paramilitarismo y donde aparecieron los primeros casos de los llamados 'falsos positivos', el asesinato de jóvenes civiles desarmados e inocentes a los que luego se disfraza y se hace pasar por guerrilleros muertos en combate y de los que ya hay documentados más 1.000 casos en todo el teritorio colombiano.

Los líderes campesinos se ofrecen a contribuir ellos mismos a la erradicación del cultivo de coca, siempre que se declare a la comarca 'Zona de Reserva campesina', que implica un cierto grado de autogobierno, y que el Estado lleve a cabo programas de cultivos sustitutivos, desarrollo, programas institucionales de crédito, asistencia sanitaria, riego, salud y educación. Como señala el sociólogo Alfredo Molano, consultado por Público, 'la situación no deja de ser paradójica: los campesinos pidiendo el cambio de una economía ilegal por una legal protegida como propiedad privada y bajo una figura creada por ley, como es la Zona de Reserva Campesina'.

Las negociaciones con el gobierno, que denuncia que el movimiento campesino está infiltrado por la guerrilla de las FARC, han fracasado hasta el momento y las principales vías siguen bloqueadas en una zona en la que la tensión puede dar lugar a nuevas víctimas. Que las FARC estén detrás de la protesta es algo que niegan los líderes campesinos, lo que sí está probado es que la zona ha sido blanco de la incursión paramilitar protegida por el ejército desde 1999. Solo en el primer año, según datos contrastados, se asesinó a 800 civiles y hubo al menos 20.000 desplazados. Según un informe del entonces embajdor de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman: 'soldados del ejército se pusieron brazaletes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, la sigla de la unidad paramilitar) y participaron activamente en las masacres...'.