La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado en desacato al Estado de Perú por no cumplir con las resoluciones sobre la paralización de la excarcelación del exdictador Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

En un escrito de 29 páginas, el organismo ha aseverado que el Estado "ha incurrido en un desacato" al violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no cumplir con la decisión de la Corte del pasado 5 de diciembre, que pedía no ejecutar una sentencia previa del Tribunal Constitucional que ordenaba la excarcelación "inmediata" del exdictador peruano.

De la misma forma, ha afirmado que el Estado "ha incurrido en un desacato" al no cumplir con las resoluciones dictadas el 30 de mayo de 2018 y el 7 de abril de 2022, que pedían paralizar el proceso para "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta".

Asimismo, ha solicitado a Perú un informe que investigue, juzgue y, "de ser el caso", sancione "las graves violaciones de Derechos Humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta".

Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por matanzas de civiles. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018.

Tras varios años de trabajo del equipo de abogados de Fujimori alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional ha acabado dando luz verde a su excarcelación, que se produjo el pasado 7 de diciembre.

Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.