La condena a la violencia, la necesidad del diálogo y el respeto a la ley han centrado el debate que ha tenido lugar este jueves en la asamblea del Consejo de Europa respecto a la necesidad de encontrar una solución política para la crisis en Catalunya.

El recientemente nombrado presidente de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Hendrik Daems, ha señalado que la libertad de expresión y de reunión es "incompatible" con la "violencia" que observaron el pasado 1 de octubre y ha lamentado que "ni Rajoy ni el Rey" hayan hecho referencias sobre lo ocurrido.

"No podemos aceptar la intimidación por ambas partes", ha dicho Daems, al tiempo que ha criticado los intentos de "segregación en buenos y malos". En este sentido, ha señalado que el Consejo de Europa "ha de tomar partido" y "Madrid y Barcelona han de ofrecer diálogo, dejando de lado su orgullo político y sus cálculos electorales".

El italiano Sergio Divina, de la Liga Norte, ha criticado la "errónea y desproporcionada" reacción del Gobierno español, que a su juicio "se opone a cualquier regla democrática", del mismo modo que también lo ha hecho el político alemán de Die Linke Andrej Hunko.

Asimismo, también ha habido voces en defensa de la legalidad, como el "popular" español José Ramón García Hernández o la también "popular" María Concepción de Santa Ana, quien ha recordado que la Constitución "define a España como una patria indivisible". Asimismo, la socialista española Soraya Rodríguez ha alertado de la "situación dramática" puesto que "una parte del país se ha saltado la legalidad".

Ganira Pashayeva, de Azerbaiyán, ha apoyado la "integridad territorial" y ha destacado que se trata de un problema que "solo puede ser resuelto en el imperio de la ley". "Los problemas separatistas pueden ser una amenaza para Europa y el mundo", ha dicho.

Artículo 155 y participación ciudadana

Por otro lado, también ha habido voces discordantes con la idoneidad de aplicar el Artículo 155 de la Constitución española, como la de Petra de Sutter, del Grupo Socialista, quien ha señalado que aplicarlo "es lo peor que puede ocurrir".

Asimismo, también ha habido peticiones relacionadas con el derecho a decidir. "La posible salida es enmendar la Constitución para permitir el referéndum. La ley es importante, pero la participación ciudadana es más importante", ha dicho Sutter, quien se ha mostrado a favor de una "mediación", al igual que el también socialista Manuel Tornare, que advierte de las "derivas peligrosas" a las que puede llevar la situación. "Está en peligro el futuro de la península ibérica y de Europa", ha indicado.

En esta línea, el británico Roger Gale, del Grupo Conservador, se ha mostrado "convencido" de que "el pueblo catalán tiene derecho a que se escuche su voz", al igual que ocurrió con los escoceses en Reino Unido. Del mismo modo, el canadiense Scott Simms ha recordado el ejemplo de Quebec y el referéndum con el que "muchos problemas" de este territorio se resolvieron y, aunque no ha recomendado la vía de la consulta, ha apelado al diálogo y a la paz.

Por su parte, Jokin Lidarratz (ALDE) ha señalado que "para que la legalidad sea legítima hay que escuchar", mientras que el político de Podemos Pablo Bustinduy ha abogado por el diálogo y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para "solucionar esta crisis."