WASHINGTON.- El Congreso de Estados Unidos ha aprobado la reforma de la ley de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que limita la recolección masiva de datos privados de ciudadanos. La aprobación llega tras dos semanas de debate en el Senado que provocaron que partes de la polémica Ley Patriota expiraran en la noche del domingo pasado.

La Cámara alta por fin ha dado su consentimiento a la ley de reforma conocida como Ley de Libertad de EEUU sin ningún tipo de enmienda. El presidente Barack Obama ya ha promulgado la norma, con lo que vuelve a entrar en vigor con las modificaciones correspondientes.

Tras conocerse el resultado del voto en el Senado, el propio Obama emitió un comunicado en el que celebró la aprobación de la Ley de Libertad. "La aplicación de esta legislación fortalecerá las garantías de las libertades civiles y proveerá mayor seguridad al público en estos programas", indicó el presidente, quien calificó de "innecesario" el tiempo que la ley ha tardado en ser reformada y de "inexcusable" que ésta expirase durante unos días.

La nueva ley obligará a la NSA a acotar la recolección de datos a través de las llamadas telefónicas, en un nuevo ajuste entre las exigencias de la seguridad nacional y el derecho a la intimidad de cualquier ciudadano. De esta manera, Estados Unidos continuará con sus prácticas de vigilancia pero no será el Gobierno quien recopile de manera masiva la información de los ciudadanos, sino que recaerá en manos de las compañías telefónicas, que en caso de requerirla por motivos de seguridad, se la facilitará específicamente.

Los escollos para la aprobación del texto los protagonizaron dos republicanos, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y el senador y precandidato presidencial Rand Paul, aunque por razones bien distintas. Con una votación de 67 votos a favor y 32 en contra, se puso fin a dos semanas de desacuerdos entre dos facciones de la oposición republicana, pese a que el texto original fue aprobado de manera abrumadora y bipartidista en la Cámara de Representantes hace catorce días.

Incluso, el presidente de la Cámara baja, el republicano John Boehner, y el propio Obama coincidieron en apoyar la reforma de la Ley Patriota, una situación excepcional dada la polarización que existe entre el Congreso, controlado por los republicanos, y la Casa Blanca, de color demócrata. Pero fue en el propio seno de los senadores conservadores donde estaba el problema.

Mientras que Paul es un firme detractor del espionaje masivo que ejecuta Estados Unidos amparándose en dicha legislación, McConnell pretendía que la ley se mantuviera como estaba, incluyendo la controvertida capacidad del Gobierno para recopilar datos de usuarios. Ante el fracaso para llevar adelante su postura y la consiguiente expiración de la propia ley que defendía, McConnell cedió a aceptar la legislación para no dejar en el limbo las herramientas de inteligencia durante demasiado tiempo, pero introdujo varias enmiendas para "asegurar que los programas de vigilancia funcionen correctamente".

La presentación de dichas modificaciones auguraba por necesidad un retraso aún mayor de la reactivación de la ley de vigilancia, ya que el texto tendría que haber vuelto a la Cámara Baja, sin embargo, todas las enmiendas presentadas fueron rechazadas. "Hay un gran número de nosotros que siente totalmente que se trata de un debilitamiento significativo de las herramientas que se pusieron en marcha a raíz del 11S (atentados del 11 de septiembre de 2001) para proteger el país", dijo McConnell.

La primera de sus enmiendas, rechazada en una votación de 42 votos a favor y 56 en contra, pretendía cambiar la estructura de un nuevo grupo de expertos creado por la Ley de Libertad de EEUU para cedérsela al Tribunal Secreto de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, encargado hasta ahora de revisar la recolección de datos.

La segunda enmienda, rechazada por 44 a 54, habría retrasado el tiempo de transición de la NSA para poner fin a su programa de registros telefónicos de seis meses a un año, aunque los funcionarios de la agencia habían asegurado que seis meses era tiempo suficiente para pasar a un nuevo sistema.

La enmienda final habría impuesto nuevos requisitos a las empresas de telefonía, ahora encargadas de almacenar los datos, y hubiera obligado al director de inteligencia nacional, James Clapper, a certificar que el Gobierno no pierde información crítica al renunciar a la mayoría de la recogida de información. Los legisladores de la Cámara Baja, incluidos los del propio partido republicano, rechazaron la idea de que el proyecto de ley se modificara, por lo que obtuvo una aprobación de 338 a favor y tan solo 88 en contra.

La expiración de la legislación, cuyas prácticas fueron reveladas por el excontratista del Gobierno Edward Snowden hace dos años, ha vuelto a reabrir el debate sobre la búsqueda del equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad y la privacidad de las personas, algo que esta reforma logra a ojos de la mayoría de los congresistas y también del propio Obama.