La campaña para las legislativas del 17 de diciembre comenzó este viernes en Túnez bajo una polémica nueva ley electoral sin candidaturas de partidos políticos, con más de un millar de aspirantes a diputado y sin convocatorias de actos ni publicidad de programas políticos.

Con los tunecinos más pendientes del Mundial de Catar que de los comicios, sin carteles electorales visibles, las elecciones del próximo mes conformarán el Parlamento tunecino, disuelto por el presidente, Kais Said, que gobierna con plenos poderes desde julio de 2021.

"No sabemos hasta hoy cómo estará el Parlamento, quienes son los candidatos... para el pueblo tunecino estas elecciones no tienen interés, muchos sectores van a boicotear después de enmendar una ley electoral que no establece reglas para unos comicios democráticos ni libres", valoró a Efe Kaled Barudi, analista de El Chourouk desde la céntrica Avenida de Burguiba, centro político de la capital.

Este viernes, sus cafés y calles colindantes carecían de ambiente electoral, también las escaleras del Teatro Municipal que ha congregado a simpatizantes y detractores del presidente en continúas manifestaciones ante la dudosa hoja de ruta política de Said.

La nueva ley electoral, reformada el pasado septiembre, introduce un sistema de elección directa de diputados, entre candidatos que pueden expresar su adhesión a una formación política sin que esta pueda hacer campaña por ellos.

La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) aceptó un total de 1.058 candidaturas uninominales, 936 hombres y 122 mujeres, repartidas entre 161 distritos electorales -para un escaño por ganador-, y con diez de ellos que finalmente quedaron vacantes.

Para ser candidato, los aspirantes debieron presentar un aval de 400 firmas legalizadas de electores residentes en su distrito, con paridad entre hombres y mujeres, y un 25 % de ellos, menores de 35 años.

Ciudadanos y sociedad civil han expresado su confusión ante este sistema de candidatos uninominales, gran parte desconocidos, con los el presidente pretende que la ciudadanía "recupere su soberanía", después de haber acusado a los partidos políticos de ser "corruptos y obsoletos".

Las legislativas se celebrarán con una nueva Constitución, aprobada en el referendo de julio con más de un 70% de abstención, que otorga mayores poderes ejecutivos al presidente y debilita sustancialmente el papel de la Cámara.

La mayoría de partidos políticos boicotearán las elecciones convocadas unilateralmente por el presidente, como el pasado referendo, y que parece despertar la misma desafección como toda la política de Said con la que ha querido rectificar la transición iniciada con el derrocamiento del dictador, Zine el Abidine Ben Ali.

La oposición considera un golpe de Estado la política de Said y el final del proceso democrático que Túnez inició en 2011.