BOGOTÁ.- Con la presencia de familiares de víctimas ─principalmente madres─, de ONG nacionales e internacionales, y del propio Ministro de Justicia, se iniciaron ayer en la Comuna 13 de Medellín, uno de los populosos barrios periféricos de la segunda capital de Colombia, las operaciones de movimiento de tierras en el paraje La Escombrera para tratar de desenterrar los restos de centenares de víctimas del ejército y los paramilitares. El propio Ministro Juan Fernando Cristo definió la zona como “la fosa común a cielo abierto mayor del mundo en un ámbito urbano”.

Los hechos que dieron lugar a estos enterramientos de personas, consideradas como “desaparecidas” , se produjeron entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 y constituyeron el inicio de la política de “seguridad” de Álvaro Uribe, entonces Gobernador de la región de Antioquia, cuya capital es Medellín. Más de mil soldados apoyados por unos 800 paramilitares y helicópteros de la Fuerza Aérea, “retomaron” a sangre y fuego el territorio de la Comuna 13 para acabar con el presunto dominio de la guerrilla. Las víctimas fueron enterradas clandestinamente. Según el jefe paramilitar Don Berna, hoy extraditado a Estados Unidos, no bajaron de 300 los cuerpos sepultados entre escombros.

Otro exparamilitar , Juan Carlos Villada, alias Móvil-8, ha declarado que él mismo participó en el enterramiento de unas 50 personas en el Polígono 1, una zona aledaña a La Escombrera, donde los antropólogos forenses han iniciado su trabajo.

Según declaraciones de los paramilitares, hay más de 300 cuerpos enterrados

La profesora Natalia Springer relataba ayer en el diario El Tiempo la existencia de otras zonas en Medellín donde se produjeron hechos criminales similares, incluyendo la desaparición de niños. Como en Santa Elena, cerca de la reserva militar donde, según paramilitares desmovilizados, un grupo de chicos fue sacado a la fuerza de un partido de fútbol por hombres armados para ser descuartizados y luego enterrados sus despojos. Según esta respetada analista y profesora “las casas de descuartizamiento siguen vigentes”.

El jesuita Javier Giraldo, activista por los Derechos Humanos que realizó una breve ceremonia al inicio de los trabajos de exhumación, relató que casos como el de la Comuna 13 de Medellín se pueden registrar en otras zonas del territorio colombiano, como en La Macarena (región del Meta), Vistahermosa, San José del Guaviare o Villavicencio.
El propio Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, acaba de informar que tiene en marcha 20.453 investigaciones sobre desaparecidos basadas en las declaraciones de paramilitares desmovilizados que han hablado de más de 2.000 cementerios clandestinos.

Según la Dirección de Justicia Transicional la cifra de enterrados “NN” se elevaría a 105.000, mucho más que la suma de todos los desparecidos en la etapa de las dictaduras del Cono Sur.

Como declaraba ayer una de las líderes de la organización de madres de víctimas, más allá de recuperación de cadáveres, “en Colombia se está desenterrando la verdad”.