Las protestas en la capital canadiense han entrado en su tercera semana. Una situación incontrolable que ha llevado al Gobierno a invocar la Ley de Emergencias por primera vez.

Después de conseguir desbloquear el puente Ambassador, el paso fronterizo más importante entre Canadá y Estados Unidos, el Gobierno parecía poder frenar las manifestaciones. Sin embargo, los camioneros antivacunas y las organizaciones de extrema derecha cambiaron el cruce Ambassador por otros puentes y se lanzaron a intentar bloquear otras ciudades como Toronto o Quebec.

La Policía no puede contener a los manifestantes, que han ingeniado estrategias para sortear las multas, y las críticas de los ciudadanos a la gestión de la crisis ha llevado al jefe del cuerpo de seguridad de Ottawa a dimitir. Ante esta situación, el primer ministro canadiense ha puesto en marcha la Ley de Emergencias.

Esta disposición se creó en 1988 y se encuentra dentro de los poderes de emergencia. Anteriormente, estaba la Ley de Medidas de Guerra (1914), cuyo objetivo era otorgar poderes adicionales al gobierno canadiense en tiempos de guerra, invasión e insurrección. La Ley de Emergencias es la sucesora de esta.

El primer ministro apuntó que la Ley de Emergencias es una herramienta adicional que proporciona al Gobierno federal el poder para manejar situaciones según surjan, tomar medidas extraordinarias con límite de tiempo, tener límites geográficos específicos y desplegar un uso moderado de medidas expansivas fuera de lo común.

Una de las medidas que puede tomar Trudeau es la enviar al Ejército a las calles, pero el presidente lo ha descartado. "No estamos limitando la libertad de expresión de las personas. No estamos limitando la libertad de reunión pacífica. No estamos impidiendo que la gente ejerza su derecho a protestar legalmente. Estamos reforzando los principios, valores e instituciones que mantienen libres a todos los canadienses", sentenció el primer ministro.

La Ley de Emergencias es una forma que tiene Trudeau para atajar la crisis y tomar medidas inmediatas para afrontar las protestas. De esta forma, habrá un mayor apoyo a los cuerpos de seguridad y protocolos mejorados en lugares con infraestructura crítica, operaciones gubernamentales, cruces fronterizos y aeropuertos.