MADRID. -La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a denunciar ante la Comisión Europea a los Estados miembros de la UE por incumplir las normas legales sobre asilo en relación con la gestión de la crisis de los refugiados.

CEAR también ha anunciado que va a llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "casos individuales" en los que se hayan violado las leyes internacionales, después de agotar "las vías internas" que marca la legislación.

Esta organización ha presentado hoy el informe Lesbos, el naufragio del derecho de asilo'', en el que analiza la situación de los refugiados que actualmente están atrapados en Grecia y el fracaso que ha supuesto el proceso de reubicación puesto en marcha por la UE.

Además, el portavoz de IU en el Congreso, Alberto Garzón, ha anunciado que presentará mañana su querella por un presunto delito de "crímenes de lesa humanidad" contra el presidente en funciones, Mariano Rajoy, en su firma de los acuerdos UE-Turquía sobre refugiados.

En su intervención de este miércoles en el Congreso, Garzón ha acusado al presidente de ser uno de los "burócratas" europeos que han firmado un "acuerdo mercantil con Turquía en el que la mercancía son las personas".

Tras defender que la querella que presentará es un "ejercicio político de dignidad", Garzón ha incidido en que el "matón" turco al que financian los dirigentes de la UE para que les proteja no solo "da palizas" a los refugiados, sino que "asesina a los kurdos".

En su informe, CEAR explica que las personas que buscan refugio en Europa pagan a las mafias en torno a 2.000 euros por el trayecto entre Turquía y la isla griega de Lesbos más un extra por los chalecos salvavidas, mientras que un ferry oficial que hace esa misma ruta cuesta 5 euros.

Cear señala que no hay constancia de que se ofrezca asistencia legal a las personas para solicitar el asilo, para acogerse al programa de reubicación -que se ofrece a personas de Siria, Eritrea, Irak y Somalia- o en los procesos de expulsión.

Por tanto, denuncian que las expulsiones de Grecia a Turquía que han comenzado a ejecutarse esta semana se están haciendo "sin ninguna garantía legal".

El informe muestra la preocupación por la situación de los menores no acompañados y denuncia que se cree que 170 niños podrían estar retenidos en el centro de Moria, desde la entrada en vigor del acuerdo de la UE con Turquía.