BUENOS AIRES.- La muerte del fiscal Alberto Nisman ha sacudido el tablero político en Argentina. Y promete hacerlo durante un tiempo más. Aún así, el calendario electoral sigue inmóvil. El 9 de agosto son las elecciones primarias, donde cada fuerza deberá resolver cuáles son sus candidatos a la presidencia para las generales del 25 de octubre. El reloj corre y los interrogantes afloran. ¿Está en juego la gobernabilidad? ¿Cómo puede repercutir el expediente Nisman sobre la jefa del Ejecutivo Cristina Fernández de Kirchner y los candidatos presidenciales de su partido, el Frente para la Victoria (FpV)? ¿Sus detractores están utilizando políticamente la investigación?

Para empezar: la continuidad del Gobierno nacional no está en riesgo. ¿Por qué? Dos razones. La cúpula del peronismo, resorte esencial de la estabilidad democrática en Argentina, emitió el jueves un comunicado respaldando fuertemente a la jefa del Ejecutivo: "Exigimos el cese del uso de la mentira, la calumnia y la difamación. El Consejo apoya enfáticamente a Cristina Fernández y su gobierno”. Mientras la estructura peronista —conformada por 15 presidentes de comunidad (de un total de 24), 133 diputados y 43 senadores nacionales (poseen mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas) y el principal sindicato, la Confederación General del Trabajo (CGT)— se mantenga detrás de la máxima mandataria, la gobernabilidad está garantizada.

En paralelo, la sociedad argentina olvida con facilidad hechos de esta naturaleza. Ejemplo fehaciente: la desaparición, en el 2006, del albañil Julio López, que estuvo preso en la última dictadura militar (1976-1983) y declaró como testigo, treinta años después, en los juicios contra los represores, reiniciados bajo la gestión del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Nunca más se supo de él. Ocho años después, es una incógnita su paradero. Sólo un puñado de organizaciones y familiares siguen reclamando por su aparición. El ciudadano, en general, no suele movilizarse a gran escala ni determinar su voto por corrupción, falta de transparencia o crímenes de alto voltaje político, que sería el mix del caso Nisman. En el último informe del Latinobarómetro (2013), estudio de opinión pública de prestigio en la región, la corrupción aparece en el quinto escalón de las preocupaciones del argentino, detrás de la delincuencia, la inflación, el paro y los problemas financieros. Resta saber si estamos frente a la regla o a la excepción.

Yendo al año electoral, Cristina Fernández de Kirchner no puede presentarse a la re-reelección porque la Constitución se lo impide. El foco hay que ponerlo en su fuerza, el Frente para la Victoria (FpV), donde el peronismo es la columna vertebral. En su seno habitan Daniel Scioli, exvicepresidente de Néstor Kirchner y actual presidente de la comunidad de Buenos Aires, y Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte de la Nación desde el 2007. Son las dos mejores propuestas que tiene el oficialismo para retener la máxima investidura. Según una encuesta de Poliarquía, el primero tiene una intención de voto del 20%; el segundo, del 8%. A ninguno de los dos le alcanza, de manera independiente, para ser el nuevo inquilino de la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional. No poseen capital político propio. Ambos necesitan el respaldo de Fernández para escalar en los estudios demoscópicos y terminar de proyectarse como alternativas serias. Por eso están preocupados en cómo puede llegar a salir la presidenta del caso Nisman. Cualquier costo político que pague ella, reduciría sus ambiciones electorales.

Y para jugar el papel de jueza en dicha contienda intestinal de su partido, la presidenta Fernández, primero, deberá desligarse por completo, frente a la opinión pública, de la muerte de Nisman y, segundo, demostrar que la denuncia hecha por este fiscal, que la acusaba de encubrimiento del atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), era infundada. Las dos cartas escritas por la jefa del Ejecutivo referidas al caso no han sido un buen paso inicial. No sólo por las contradicciones (el lunes pasado aseveró que lo de Nisman era un suicidio y el jueves se refirió a un asesinato), sino también por el medio escogido: misivas vía Facebook. La sociedad, que todavía no ha salido del asombro, esperaba un contacto más directo. Y más viniendo de una líder que que suele salir en cadena nacional —comparecencia pública, sin preguntas de periodistas, que, por ley, han de retransmitir en directo todos los medios de comunicación— para anunciar obras públicas.

Pensando a medio plazo, Cristina Fernández de Kirchner necesita retirarse con la cabeza en alto y con un buen caudal de poder político en sus manos. Objetivo que, antes del sisma Nisman, venía cumpliendo: los principales estudios de opinión le daban un 40% de imagen positiva. Cifra para nada desdeñable, después de casi ocho años de gestión, en un país que supo tener cinco presidentes en tan solo quince días durante la crisis económica del 2001. Pero ¿por qué precisa marcharse por la puerta grande? Por un lado, para asegurarse el blindaje frente a las denuncias de corrupción, la más trascendental: lavado de dinero a través de sus hoteles en la Patagonia. Sin recursos políticos no podrá presionar ni ofrecerle nada a cambio al próximo mandatario. Quedaría en soledad frente a la justicia. Sin ninguna protección. Y, al mismo tiempo, para mantener intacto su anhelo de regreso al ejecutivo en un futuro. Quizás, en las elecciones generales de 2019.

¿Y en la acera de enfrente? Del otro lado de la calle está la oposición, que, vale aclararlo, rebasa a los partidos. El kirchnerismo tiene dos frentes de batalla: Clarín y las fuerzas políticas rivales. El grupo mediático, desde la ley de medios audiovisuales que impulsó Cristina Fernández, en el 2009, para democratizar el espacio radioeléctrico y permitir la pluralidad de voces, se ha ensañado contra el Gobierno. Con sus más de 250 flujos de información —entre canales de televisión, diarios, revistas, webs, radios—, lo ha atacado desde todos los ángulos. Y el caso Nisman le ha calzado justo para su propósito cardinal: impedir un triunfo oficialista en las urnas este año. Su lupa está en cada detalle de la investigación, que, con seguridad, mantendrá latente en sus informativos hasta el día de la votación. Su consejero delegado, Héctor Magnetto, sabe que está ante una oportunidad única para deslegitimar a la administración kirchnerista.

Los dos presidenciables con más posibilidades de la oposición, Mauricio Macri, de Propuesta Republicana (PRO), alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y Sergio Massa, del Frente Renovador (FR), al frente del ayuntamiento de Tigre y ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández, también pretenden llevarse su tajada electoral. Ambos —ideológicamente, a la derecha del kirchnerismo— están con la calculadora en la mano midiendo cada declaración y aparición. No en vano, fueron los primeros en pararse frente a las cámaras para repudiar la muerte de Nisman y acusar elípticamente al Gobierno nacional. Con un discurso republicano, institucionalista y moral intentan ser los portavoces de la desazón ciudadana. La lógica indica que intentarán dilatar el efecto Nisman hasta el 9 de agosto, fecha de los comicios. Será su latiguillo, junto a la inflación, la inseguridad y la corrupción, las tres “epidemias” que —según ellos— ha propagado el kirchnerismo desde su ascenso al poder en el 2003.

Hipótesis políticas-electorales que corren a la par de las forenses-judiciales. Todas, por ahora, frágiles. Sensibles —quedó claro la semana pasada— al cambio brusco. Como Argentina: un país donde la certeza es un bien escaso y la adrenalina lleva las riendas. Y más, con unas urnas en el horizonte.