Participantes de un campo de verano organizado por la asociación antimafia Libera.

Ya había caído la noche, pero el fiscal de Turín Bruno Caccia se arriesgó a bajar a la calle para pasear a su perro. En solitario, porque era domingo y quería dar descanso a sus escoltas. No había recorrido muchos metros cuando se le acercó un coche y sus ocupantes le descargaron 14 tiros. Era el año 1993. El asesinato lo planeó un capo de la mafia de Calabria, la Ndrangheta, desde su fabulosa cascina casa de campo en las afueras de la ciudad, con vistas idílicas a las montañas.

Hoy el mafioso, Domenico Belfiore, está en prisión y en la cascina que le confiscaron las autoridades, de 1.000 metros cuadrados, viven desde hace un año y medio cuatro jóvenes organizados en cooperativa.

Muchos italianos se arriesgan al gestionar los bienes expropiados

La han bautizado como Cascina Caccia, en homenaje al fiscal asesinado. Con su presencia desafían el fuerte sentido de la propiedad de una familia mafiosa como los Belfiore y, por si fuera poco, organizan encuentros para escolares y adultos para concienciarles sobre la mafia en la región.

'Hemos recogido miel en la propiedad, el primer producto procedente de un bien confiscado a la mafia en el norte de Italia', explica a Público con orgullo Roberto Laddaga, de 34 años. Ni él ni su compañera Sara, ni la pareja formada por Andrea e Isabel, tienen miedo, a pesar de que han recibido visitas sospechosas. 'Creemos que lo que hacemos es importante; es esto lo que nos da coraje', cuentan.

Llenar las arcas del Estado

«Lo que más teme el mafioso es la pérdida de su patrimonio»

Un ejemplo de transformación radical como este es posible gracias a unas normas que está a punto de dinamitar la derecha italiana, liderada por Silvio Berlusconi. Al Gobierno formado por el partido Pueblo de la Libertad (PdL) y la Liga Norte se le ha ocurrido que una manera fácil de obtener dinero en estos tiempos de crisis es poner a subasta libre los bienes que la Justicia italiana ha confiscado trabajosamente a la mafia en los últimos años.

Adjudicar un bien confiscado es un proceso lento y complejo. Primero, la Justicia lo inmoviliza, y cuando prueba que ha sido adquirido con dinero mafioso, lo confisca. El bien pasa a la Sociedad Estatal del Patrimonio, que lo suele ofrecer al Ayuntamiento de la propiedad en cuestión, siempre que tenga los medios o la voluntad de gestionarlo. El Consistorio busca ciudadanos que osen poner a trabajar el bien ante las mismas narices de la mafia.

Los partidos de la derecha han incluido una enmienda en los Presupuestos de 2010 para subastar los bienes que no hayan sido adjudicados en 90 o 180 días, según el caso. Sus antiguos propietarios tendrían la ocasión de recuperarlos, pues aunque estén en la cárcel suelen poseer tesoros escondidos.

De un plumazo, la derecha de Berlusconi puede convertir en papel mojado dos normas históricas. En 1982, el comunista Pío La Torre impulsó una ley para confiscar los bienes de la mafia, que prosperó gracias a la ayuda del democristiano Virginio Rognoni. La Torre pagaría el atrevimiento con su vida: la Cosa Nostra hizo explotar el vehículo en que viajaba. En 1996, una iniciativa ciudadana reunió un millón de firmas para ceder las propiedades confiscadas a fines sociales.

Las dos normas corren ahora un grave peligro, pues a pesar de la movilización intensa de Libera la red de asociaciones civiles que en Italia luchan contra la mafia, el Gobierno se ha negado a dar marcha atrás y la aprobación definitiva de la norma por el Senado está prevista para el próximo martes.

'Es fácil imaginar quién se presentará a las subastas para comprar las mansiones y las propiedades que pertenecían a los boss y que eran símbolo de su poder', avanza el presidente de Libera, Luigi Ciotti. El fiscal jefe de Turín, Gian Carlo Caselli, añade: 'Los mafiosos poseen una liquidez que les permite comprar lo que quieran, especialmente en estos tiempos de crisis, utilizando un ejército de prestanombres'.

Los familiares de las víctimas lo corroboran en un manifiesto conjunto: 'Lo que más teme el mafioso es la pérdida de su patrimonio', escriben. Mientras que, al contrario, 'conceder al Estado, a los ciudadanos, los bienes construidos con la sangre de nuestros seres queridos da un sentido a su sacrificio'.

Este enorme esfuerzo colectivo se vendrá abajo si Berlusconi aprueba la nueva norma, pues ahora la adjudicación de bienes excede en mucho el plazo fijado antes de la subasta. Que se lo cuenten a Giacomo Messina, hoy presidente de la fábrica de hormigón Calcestruzzi Ericina, en Sicilia.

La cooperativa del hormigón

Su antiguo propietario, el mafioso Vincenzo Virga, fue detenido hace 13 años, y desde ese mismo día Messina y un grupo de trabajadores de la fábrica se movilizaron para conservar su medio de vida. Pidieron a las autoridades que les permitieran formar una cooperativa que gestionara los talleres inmovilizados. Les ayudó un funcionario provincial famoso por su compromiso contra la mafia, así como varios jueces y un banco. La fábrica logró reabrir, todavía bajo propiedad y gestión estatal.

La mitad de los antiguos clientes del mafioso le hicieron boicot y dejaron de comprar este material fabricado de forma honesta. Pero Messina y su gente no se desmoralizaron. La antigua fábrica mafiosa se convirtió en ejemplo de empresa limpia, con sueldos y facturas en regla. A pesar de ello, la cooperativa no ha recibido todavía la concesión definitiva, aunque confían en que llegará pronto.

'Es un camino duro y largo reconoce Messina, pero vale la pena', pues ahora su empresa es un símbolo: 'Hemos demostrado que, juntos, podemos enviar una señal contra la mafia'.