MADRID.- Un 97% de los europeos dijo no al blindaje de las multinacionales en el tratado de libre comercio que Washington y Bruselas negocian con sigilo. Fue la primera y la única vez que la Comisión Europea pidió su opinión a la ciudadanía sobre un apartado concreto del tratado transatlántico, y el rechazo de 146.000 europeos apenas le ha hecho cambiar su hoja de ruta, como tampoco lo han hecho las crecientes protestas contra el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

La Comisaria de Comercio, Cecila Malmström, compareció este miércoles ante el Europarlamento para vender los cambios que Bruselas quiere aplicar al polémico mecanismo de protección de inversiones o ISDS (Investor-State Dispute Settlement), que permitirá a las multinacionales demandar a los estados en los que inviertan por cifras millonarias, y que la Comisión se niega a dejar fuera de las negociaciones.

Pero, aún en el caso de contar con la aprobación de la cámara para aplicar estos cambios, deberían aceptarlos también los negociadores de Washington. "Estados Unidos no va a permitir eso", sostiene Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, que recuerda que EEUU ni siquiera reconoce a los tribunales internacionales en asuntos relacionados con los derechos humanos, y que no ha suscrito ocho de los diez convenios básicos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Sánchez descarta de entrada que EEUU acepte la remodelación, pero también advierte que esta es sólo superficial, que es "la presentación del ISDS de toda la vida, pero con un nuevo maquillaje". "Sólo sirve para lavar la cara al TTIP y decir que apoyan una justicia independiente", denuncia.

Sánchez: "Bruselas da por hecho que el antiguo ISDS permitía influir en el derecho a regular a los estados"

De hecho, en su discurso de este miércoles Malmström ha propuesto crear un artículo que se refiera "expresamente" al derecho de los gobiernos a aplicar "políticas públicas con total libertad" en el nuevo ISDS, algo que Sánchez interpreta como una confirmación del peligro sobre el que lleva casi un año alertando. "Ya da por hecho que el antiguo permitía influir en el derecho a regular de los estados", razona.

Podemos forma parte del grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/ NGL) al que también pertenece Izquierda Unida, que este miércoles criticaba en una nota de prensa "el empeño de la comisión en mantener la legitimidad de los tribunales de arbitraje en las negociaciones del TTIP". "Dotar de cierta transparencia a una institución injusta no hace que esta adquiera legitimidad", afeaba la eurodiputada de IU Marina Albiol en el comunicado.

El mecanismo ISDS ha sido muy criticado por las ventajas que otorga a las empresas frente a los estados, que no tienen capacidad de iniciar procesos de demanda. A menudo estos procesos suelen durar años, y afrontarlos supone costes millonarios, ya que requieren de los servicios de abogados especializados y los tramitan paneles arbitrales, y no los tribunales nacionales.

Sánchez explica que otra de las propuestas de Malmström es hacer una lista previa de los árbitros y, a largo plazo, crear una suerte de corte internacional con árbitros fijos con conocimientos avanzados sobre el TTIP. El problema es que Bruselas no habla de prohibir las puertas giratorias para que esos árbitros no puedan trabajar después para las empresas involucradas en procesos en los que ellos hayan intervenido: "Sólo habla de contar con personas con conocimientos sobre el TTIP, no pide expertos en derechos humanos", apunta Sánchez, antes de denunciar que la Comisión tampoco acota temporalmente sus promesas: "No da informaciones específicas, la mitad de lo que dice son propuestas de futuro".

Albiol: "Dotar de cierta transparencia a una institución injusta no hace que esta adquiera legitimidad"

Malmström promete también la creación de un mecanismo de apelación, ya los tribunales de ISDS suelen emitir laudos de obligado cumplimiento, frente a los que no cabe recurso. Sin embargo, sigue sin dar fechas y emplaza este mecanismo en un escenario futuro, como ocurre con la prohibición a las empresas de recurrir a las justicias nacionales y al arbitraje al mismo tiempo, para obtener una doble compensación. "Ha dicho que los inversores deberán [may, en inglés] elegir una de estas vías, no que estarán obligados a ello", afinaba Sánchez, representante de uno de los partidos españoles más críticos con el acuerdo, junto a IU y Equo. 

Este miércoles, siguiendo la senda habitual, liberales y conservadores aplaudieron la iniciativa de Malmström, los socialistas suavizaron sus críticas sobre el acuerdo, y
Los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea rechazaron la reforma del ISDS, como también lo han hecho organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Corporativo Europeo (CEO) o el Trasnational Institute. 

Olivet: "Estas reformas son una bofetada en la cara de la opinión pública que ha rechazado el ISDS"

"Las propuestas de reforma de la Comisión Europea en el CETA [acuerdo con Canadá] y el TTIP no instauran una diferencia significativa sobre el sistema de protección de inversores. Al contrario, lubrican el sistema para hacerlo aún más merecedor de críticas. Estas reformas son una bofetada en la cara de la opinión pública que ha rechazado categóricamente la inclusión del acuerdo ISDS en la consulta de la Comisión", carga Cecilia Olivet, investigadora del Trasnational Institute, en un comunicado remitido este miércoles.

Malsmström y la Comisión intentan templar los ánimos por todos los medios, vender un mecanismo que varios estados europeos ya han rechazado públicamente. Detractores del tratado como Sánchez tienen claro que sea cual sea la apariencia del ISDS este no perderá su esencia, y temen que la Comisión pueda estar ganando tiempo y distrayendo la atención en este frente para poder reforzar el poder de las multinacionales y limitar el de los estados con otras herramientas.