Polonia continúa su pulso ante la gran crisis jurídica jamás vivida en la UE. El primer ministro Mateusz Morawiecki ha comparecido ante el Pleno de Estrasburgo. Lejos de dar marcha atrás en el histórico fallo que declara la supremacía nacional sobre el derecho comunitario, el aliado de Vox en la cámara ha reiterado, desafiante, que su país no se dejará "chantajear" y ha constatado que la Constitución polaca está por encima de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Este paradigma es histórico. Nunca un país había ido tan lejos amenazando la savia bruta del proyecto comunitario. El escudo de la máxima instancia judicial europea vertebra la integración y la cohesión de la UE. Pone a todos los Estados miembro ante el mismo baremo legal y supone una garantía de protección para los 450 millones de ciudadanos comunitarios.

Con este telón de fondo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha pronunciado en el Pleno uno de sus discursos más contundentes. "La sentencia [polaca] pone en tela de juicio los cimientos de la UE y es un desafío directo a la unidad del ordenamiento jurídico europeo (...) No vamos a tolerar que se pongan en riesgo nuestros valores comunes", ha señalado la alemana, que ha advertido de consecuencias "serias" y "graves" si el país no da marcha atrás. Varsovia se arriesga a perder miles de millones de euros en los próximos cinco años. De momento, el Ejecutivo comunitario mantiene bloqueados los 36.000 millones de euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia polaco.

Además, en los próximos días prevé articular por primera vez el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, que se encuentra en un limbo legal a esperas del pronunciamiento de Luxemburgo. Esto privaría al país de miles de millones de euros. No solo del Fondo de Recuperación, sino también de partidas estructurales del presupuesto europeo, del que el país del Este es uno de los principales beneficiados. Bruselas también prevé sentar –de nuevo- a Varsovia ante la corte de Luxemburgo y Von der Leyen ha rescatado el Artículo 7. El díscolo de la UE ya tiene iniciado este instrumento, conocido como el botón nuclear de los tratados, que permite quitar el sagrado derecho de voto en el Consejo Europeo. Pero cuando han pasado cerca de cuatro años de su activación, esta herramienta se ha mostrado obsoleta y apenas ha tenido consecuencias.

Lejos de doblegarse, el líder del PiS –partido que comparte grupo con Vox en la Eurocámara- se ha mostrado desafiante. Fiel a su tono populista ha advertido de que no aceptará "chantajes" mientras su país "está siendo atacado de forma injusta e imparcial". Su principal argumento se sustenta en acatar del TJUE solo las decisiones que no van contra sus intereses alegando que algunos ámbitos nacionales se encuentran fuera de los límites de los tratados. Pero cuando un país acepta entrar en la UE se compromete a salvaguardar los derechos y los valores comunitarios y, sobre todo, a reconocer y a acatar la supremacía del derecho europeo como guardián de estos derechos y valores. En línea con los de Abascal, el PiS polaco refuta más integración europea y defiende una Europa de Estados soberanos.

Se calienta la cumbre europea

El tema del Estado de Derecho no es un punto de la agenda de los 27 líderes de Estado y de Gobierno, que se reúnen el próximo jueves y viernes en el Consejo Europeo. Pero la deriva polaca será, sin duda, el gran elefante en la habitación.
El propio premier polaco ya ha caldeado el ambiente enviando una controvertida carta a sus 26 homólogos en la que asegura que la UE se encuentra en una deriva "centralizada" y "sin control democrático" que es "muy peligrosa". Acusa al bloque de "chantaje financiero" y de "usurpación de poderes". "Os escribo esta carta para tranquilizaros y, al mismo tiempo, para que os preocupéis", arranca la misiva.

La crisis polaca también amenaza con desatar divisiones en el seno de la UE. Estados como Luxemburgo, Bélgica o Países Bajos exigen a Bruselas más contundencia. El neerlandés Mark Rutte pidió recientemente a la Comisión Europea que no descongele el plan de recuperación polaco. Sin embargo, potencias como Francia, y especialmente, Alemania siguen apostando por incidir en un diálogo que solo ha favorecido la deriva del Estado de Derecho en Polonia y en Hungría durante los últimos años. "El discurso de Morawiecki demuestra que Merkel se equivoca: el diálogo con el Gobierno polaco es en realidad un diálogo entre sordos", ha señalado la eurodiputada liberal Sophie in't Veld.

Indignación en la Eurocámara

El Parlamento Europeo es la institución más vocal con la defensa de los derechos fundamentales. La intervención de Morawiecki ha desatado frustración e indignación en la cámara que preside el italiano David Sassoli. Exceptuando a los grupos de extrema derecha, hay consenso para exigir a Varsovia que dé marcha atrás antes de que sea demasiado tarde.

El popular alemán Manfred Weber ha recordado que cuando su país entró en la UE, se vio obligado a cambiar su Constitución para adaptarla al acervo comunitario. Y no al revés. "Con este discurso, se alinea con adversarios de la UE como Putin. Frene esto ya", la ha espetado, sabiendo que la confrontación con el Kremlin es uno de los puntos débiles de Varsovia.

La española Iratxe García Pérez, de los Socialdemócratas, advierte de que Polonia está caminando por un peligroso sendero "de regresión y autoritarismo" que le empuja hacia fuera de la UE: "Dice que no quiere un Polexit. Nuestro grupo tampoco. Pero cuando uno se salta las normas, se está poniendo solo en la puerta de salida". Una idea que ha abundado entre los principales grupos del hemisferio. "No está siendo honesto con los ciudadanos polacos. Y lo sabe. Sus acciones constituyen una forma audaz de sacar a Polonia de la UE", ha afirmado Malik Azmani, en nombre de los liberales de Renovar Europa.

Los expertos aseguran que la crisis jurídica desatada por el PiS puede tener consecuencias más graves para el proyecto europeo de las que tuvo el propio Brexit. El Polexit ya comienza a asomar, pero la salida del país se atisba muy lejana. La UE no tiene mecanismos para expulsar a un miembro, y a pesar de sus continuos ataques, Polonia no cuenta con apoyo ni en las calles ni en el Parlamento para solicitar su adiós voluntario. "El Gobierno polaco quiere tener manos libres para vulnerar los derechos humanos, pero no renuncia a que paguemos la fiesta entre todas. Así que, en el fondo, esto no va de límites jurídicos y soberanía. Esto va de una guerra abierta a los derechos", ha afirmado Sira Rego, de Izquierda Unitaria.