La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril para cumplir una condena de 12 años por corrupción, presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar salvar la candidatura del exgobernante a las elecciones presidenciales de octubre, rechazada por las autoridad electoral.

La defensa del ex jefe de Estado informó de que presentó esta noche un recurso ante el Supremo Tribunal Federal para que, mediante una cautelar, deje sin efectos la decisión del sábado, en la que el Tribunal Superior Electoral le negó el registro a la nueva candidatura presidencial de Lula.

Los abogados argumentan que el tribunal electoral se negó a acatar una petición del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que se le respeten los derechos políticos al expresidente, incluso el derecho a disputar las elecciones, a conceder entrevistas a la prensa y a mantener contacto con los miembros de su partido.

De acuerdo con la defensa, la decisión del Comité de la ONU, que es integrado por especialistas en el área de los derechos humanos y no por representantes de los gobiernos, tiene carácter vinculante y es de obligatorio cumplimiento por parte de Brasil, debido a que el país es signatario de los tratados internacionales que reconocen la competencia del órgano.

El Supremo debe pronunciarse de manera urgente

En la decisión del sábado en la que vetó la candidatura del exmandatario, el Tribunal Electoral respondió que la determinación carece de carácter vinculante y agregó que el Comité de la ONU se pronunció "sin haber escuchado antes al Estado brasileño" y que lo hizo por medio de solo dos de sus 18 miembros.

De acuerdo con la petición hecha por la defensa de Lula, el Supremo tiene que pronunciarse de manera urgente, ya que el Tribunal Electoral dio plazo hasta el 11 de septiembre para que el Partido de los Trabajadores (PT) anuncie su nuevo candidato presidencial.

El Tribunal Superior Electoral decidió en la madrugada del sábado, por seis votos a uno, que Lula no podrá aspirar a la Presidencia por haber sido condenado en segunda instancia por corrupción.

La legislación brasileña prohíbe que sean postulados a cargos públicos los condenados en segunda instancia por tribunal colegiado, como es el caso del expresidente, una medida de combate a la corrupción que fue sancionada por el propio Lula en 2010.

El dirigente del Partido de los Trabajadores, que lidera todas las encuestas de intención de voto con un favoritismo de cerca del 40 %, alega que fue condenado injustamente y que sufre una persecución política destinada a impedir que sea elegido para un tercer mandato.