No es buena noticia para una convocatoria de huelga general que las principales terminales de autobuses de una de las ciudades más importantes del país, Río de Janeiro, funcionen con total normalidad en la hora punta matinal. También lo hacía el metro, y lo mismo ocurría en las líneas de trenes. La huelga general contra la reforma de la seguridad social del gobierno Bolsonaro no tuvo éxito, ni mucho menos, pero ha ayudado a contextualizar el clima sociopolítico alrededor de la polémica medida propuesta por el ministro de economía, Paulo Guedes.

La ciudad de São Paulo tampoco se paralizó como los sindicatos convocantes esperaban. Los retrasos en el transporte público fueron salpicando sobre todo la parte de la mañana, pero sin estrépito. En las autopistas esta vez no se sintió el vacío de los camioneros que el año pasado colocaron en jaque al país entero con una semana de paro sectorial. Sí hubo autobuses detenidos –más de dos mil– en Salvador de Bahía, oficinas bancarias cerradas en buena parte del territorio brasileño, y manifestaciones, sin duda, enérgicas y multitudinarias contra el nuevo modelo que quiere instaurar el Gobierno brasileño. Sin embargo, la protesta no fue lo suficientemente definitiva como para dar un golpe sobre la mesa. No era sencillo, ya que Bolsonaro aún conserva buena parte del capital social que le llevó a la presidencia.

Uno de los centros neurálgicos de este viernes de lucha fue el ABC de São Paulo, uno de los distritos industriales más importantes de la región metropolitana de la capital paulista. El sindicato de metalúrgicos, cuna del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sacó pecho y con razón: seguimiento del 98% –casi 65.000 trabajadores secundaron la huelga–. "Esta es nuestra demostración de contrariedad a esta reforma que acaba con el derecho de jubilación", alertaba el presidente del sindicato, Wagner Santana. "Después de décadas de trabajo y sufrimiento, no habrá derecho a una jubilación decente".

Sindicato Metalúrgicos ABC SãoPaulo

También habló Luiz Marinho, exmandatario de esa misma agrupación, y exministro de la seguridad social durante la etapa de Lula da Silva: "Esta reforma es innecesaria y cruel", advirtió. "Decir que si no se lleva a cabo la reforma Brasil entrará en quiebra es una gran mentira. Si hay un problema fiscal, haz una reforma tributaria".

Lo mismo que Marinho opina buena parte de la comisión especial que, en la Cámara de Diputados, ha analizado con detalle la propuesta de reforma de la seguridad social proyectada por Paulo Guedes. La están deshilachando más de lo que al Gobierno le gustaría, antes de que pase a la fase de votación tanto en la Cámara Baja como posteriormente en el Senado. Bolsonaro no está siendo capaz de cerrar apoyos con los partidos que, en teoría, deberían darle sustento. Se trata del bloque conocido como "Centrão", en el cual están incluidos todos los partidos de centro y centroderecha, que son mayoría en el Congreso.

De momento, esta comisión especial está eliminando del texto de la reforma, entre otros puntos, el capítulo de las jubilaciones en el ámbito rural, el de los funcionarios de los estados y los municipios, y también está dejando de lado la instauración del régimen de capitalización de la jubilación, que convertía el sistema en un ahorro individual, alejándose del modelo solidario.

De esta incapacidad para negociar del gobierno Bolsonaro llegó lo más inesperado del día de huelga. Los focos se olvidaron de los piquetes y las barricadas y acabaron centrándose en la reacción del ministro de economía ante las alteraciones que está sufriendo su plan. Salía Paulo Guedes de un evento con empresarios italianos en el Consulado General de Italia, en el centro de Río de Janeiro, cuando reconoció ante los micrófonos que le cortaron el paso que "ha habido una reculada que puede frustrar la nueva seguridad social".

Según Guedes, con su propuesta original el Gobierno conseguiría ahorrar 1,2 billones de reales para los próximos lustros. Él contaba con que alguna de las enmiendas de los parlamentarios dejarían este ajuste en 1 billón. Muy a su pesar, se han acumulado tantas enmiendas y rectificaciones que la cifra se ha visto reducida a los 860.000 millones. "No hay compromiso con las próximas generaciones", se lamentaba el gurú económico de Bolsonaro. Avisando también que de seguir así, "dentro de cinco o seis años tendrá que haber otra reforma, continuaría la vieja seguridad social".

Sobre la huelga general que ha añadido un grado más de presión a su delicada situación, Guedes siguió la línea oficial marcada: desacreditación de los huelguistas y manifestantes. "Creo que las protestas deberían hacerse los sábados y los domingos, en lugar de crear atascos en la ciudad para fingir que hay mucho movimiento".