La 'reforma histórica' de la Justicia que con tanto ahínco lleva anunciando Silvio Berlusconi desde que estallara el caso Ruby ya está preparada. El Consejo de Ministros, en una reunión extraordinaria, aprobó este jueves por unanimidad un decreto ley que pretende modificar diez artículos de la Constitución con el fin de acabar con el papel determinante que los fiscales tienen en las investigaciones y procesos judiciales que persiguen a Il Cavaliere desde hace 15 años.

En palabras de Berlusconi, 'el fiscal, para hablar con el juez, tendrá que comportarse como lo hace el abogado defensor, entrar en su despacho habiéndose quitado el sombrero y tratándolo de usted'. Fue la típica broma de Berlusconi para disfrazar un sueño, la práctica anulación del poder de la Fiscalía. De cualquier manera, no se hará realidad hoy cuando se reanude el juicio por el caso Mills, en el que Berlusconi está imputado por sobornar a un abogado para testificar a su favor.

Son muchos los puntos polémicos del decreto ley que ha sido calificado por la oposición como una reforma 'antidemocrática' y 'ad personam', es decir, creado por y para proteger a Berlusconi de sus juicios. El cambio clave pasa por la separación de la carrera de jueces y fiscales, poniendo a los primeros a la cabeza de la Justicia y dejando a los segundos sometidos a un mero trabajo administrativo, casi a elección del Parlamento, que decidirá qué investigaciones son o no prioritarias. Al mismo tiempo elimina el poder de la Fiscalía sobre la Policía Judicial e introduce el concepto de 'responsabilidad civil' de los fiscales, lo que implica que en caso de error, podrán ser llamados a juicio y pagar los costes de su bolsillo.

Otra de las polémicas surge porque el nuevo texto establece que si una persona ha sido declarada inocente en juicio ordinario, la Fiscalía no tendrá el derecho de recurrir al Tribunal de Apelación. Por último, el Consejo Superior de la Magistratura se partirá en dos, uno para los jueces y otro para los fiscales, ambos presididos por el presidente de la República y controlados por un Tribunal de Disciplina.

Hay que tener en cuenta que la aprobación final de esta reforma judicial no será un camino de rosas. Para que se modifique la Constitución, el nuevo texto pasará dos veces por el Senado y por el Parlamento.

Aquí, en una última votación, tendrá que obtener el visto bueno de dos tercios de los diputados. Si no se diera este resultado, el pueblo tendrá la última palabra con un referéndum. No obstante, por particularidades del sistema italiano, si llegados a este punto no votara el 50% de los ciudadanos, la reforma se aprobaría automáticamente.

Berlusconi llegó a decir este jueves que esta es 'una reforma que si hubiera sido aplicada hace 20 años no habría anulado a la clase dirigente en el 93, no se habría producido el terremoto político del 94 [] y sobre todo no se estaría intentando eliminar a este Gobierno'.

Es una afirmación interesante. Si en 1993 no hubiera existido el proceso Manos Limpias que destapó la corrupción del sistema político, es posible que Il Cavaliere no hubiera 'saltado al campo' jamás y no hubiera gozado de inmunidad parlamentaria.