La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Uruguay al doctor Carlos Américo Suzacq, reclamado en el país latinoamericano por haber asesorado y participado en torturas durante la dictadura cívico-militar que se instauró entre 1972 y 1975. El acusado instruía a los agentes en los interrogatorios con violencia, hecho constituyente de los delitos de abuso de autoridad, lesiones graves y privación ilícita de libertad, todos ellos catalogados como de lesa humanidad.

Nueve de las víctimas del régimen, que sufrieron torturas en uno de los centros de detención, el Regimiento de Caballería Mecanizado número 6, han denunciado al médico uruguayo, afincado en España desde hace más de cuatro décadas. Los antiguos presos recordaban su cara y consiguieron ponerle nombre al facultativo que supervisaba sus martirios. Actualmente tiene 72 años y una clínica en Madrid.

En las correspondientes denuncias quedan reflejados los testimonios de las nueve personas afectadas y todos ellos apuntan al doctor Suzacq como uno de los principales promotores de la violencia institucional consumada durante los cuatro años que duró la dictadura uruguaya. Las víctimas aseguran que era el médico quien decía "cuándo parar o seguir" mientras se realizaban los interrogatorios.

De hecho, uno de los denunciantes reconoce haber sufrido las duras y crispadas tandas de preguntas durante cuatro días seguidos. Todo ese tiempo permaneció "desnudo y esposado de piernas y manos". Los militares le aplicaron varias descargas eléctricas y, según palabras propias, era Suzacq quien les indicaba "si estaba en condiciones de seguir recibiendo tortura".

Arraigo en España

Durante la vista, el médico se negó a acudir a Uruguay, alegando su arraigo en España y su doble nacionalidad, condición que había adquirido por matrimonio en 1978. También trató de buscar justificación en el paso del tiempo, diciendo que los hechos habían prescrito y que en España el delito de lesa humanidad fue introducido con posterioridad. 

No obstante, el tribunal de la Audiencia Nacional que ha visto el caso indica que la posibilidad de que los hechos hayan prescrito según el ordenamiento jurídico español "no es sino una causa potestativa de denegación de la entrega". Es decir, la decisión de extraditar al doctor Suzacq depende única y exclusivamente de la voluntad de los magistrados.

Evitar la impunidad

El tribunal considera que en este caso se cumplen los criterios de doble incriminación y mínimo punitivo. Del mismo modo, argumenta que la nacionalidad española en ningún caso impide la extradición y tampoco lo hace el hecho de haber ejercido la profesión de médico en España durante 29 años. Los magistrados, en atención a la gravedad de los delitos, así como a la "evitación de que queden impunes", han decidido atender la petición de colaboración cursada por Uruguay y ordenar la presencia física del acusado en el proceso penal que mantiene abierto el país de América Latina.