Los abogados de Julian Assange han decidido mover ficha. Después de que como ellos mantienen “la administración Trump está negándose a revelar detalles sobre los cargos contra él a pesar de que fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado a Associated Press y a The New York Times que ha sido acusado en secreto”, han mandado un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo a dicho organismo que exija a Estados Unidos que revele los cargos que tiene contra él”. Sostienen que “el proceso judicial secreto abierto en Estados Unidos contra el Sr. Assange y Wikileaks supone “un ataque sin precedentes al derecho a publicar información veraz.”

Como ya contó este diario el pasado mes de noviembre, la justicia estadounidense pretendería mantener los cargos ocultos hasta que pueda detenerlo.

De momento, Assange ya lleva en la Embajada de Ecuador en Londres más de seis años y medio, desde que el 19 de junio de 2012 pidió asilo político. Entonces estaba acusado en Suecia de una agresión sexual y temía que Estados Unidos aprovechara esto para pedir su extradición. Por eso, aunque la justicia sueca archivó aquel caso en 2017, Assange decidió seguir con su aislamiento en la sede diplomática por temor a ser detenido en cuanto pusiera un pie en la calle y enviado a Estados Unidos.

Un temor que se agrava más aún después de que, según el equipo legal del fundador de Wikileaks con Baltasar Garzón a la cabeza, “en los últimos meses los fiscales federales estadounidenses han contactado a personas en Estados Unidos, Alemania e Islandia para presionarles con el objetivo de que testifiquen en contra del Sr. Assange a cambio de inmunidad en el proceso. Y esos acercamientos -continúa el escrito- están relacionados con las publicaciones de Wikileaks sobre la diplomacia estadounidense, Guantánamo, las guerras de Irak y Afganistán”.

En los 1.172 folios del texto, sostienen ademas que poseen “evidencias que acreditan que la Administración Trump intenta presionar a Ecuador para que entregue al Sr. Assange” y destacan que “a diferencia de las amenazas veladas que habían hecho con anterioridad” ahora importantes figuras políticas estadounidenses “habrían remitido graves amenazas contra Ecuador”.

Dado que consideran que todas estas actitudes son reflejo de una “persecución política por parte de la Administración Trump”, piden además del pronunciamiento favorable y urgente de la CODH, “la solidaridad internacional con esta causa en la que la libertad de acceso a la información y de difusión de ésta libremente, está en grave riesgo.”

En su petición sostienen ademas que dicha persecución cuenta con el permiso y la colaboración judicial de Ecuador “de forma fluida a través de una comisión rogatoria y permitiendo el interrogando a los funcionarios de su embajada en Londres”.

Por eso, en esa misma línea, además de pedir a Ecuador que lo proteja de la extradición a Estados Unidos y ante la desconfianza que genera en ellos el comportamiento de sus responsables, piden también a la Comisión “que obligue a Ecuador a cesar en sus actividades de espionaje contra el Sr. Assange y terminar con el aislamiento decretado a través del protocolo especial recientemente aprobado”.

El protocolo especial impuesto por Ecuador

Se trata de un documento en el que su embajada en Londres pedía al australiano que evitara publicar comentarios políticos en Internet que pudieran perjudicar sus intereses diplomáticos; que cuidara y alimentara a su gato o de lo contraria lo perdería; que mantuviera limpia la embajada (especialmente el baño) y que se realizara chequeos médicos trimestrales pagador por su propio bolsillo. No es el único gasto que reclamaban a Assange: la misión diplomática también explicó que no iba a seguir pagando por su comida, su lavandería o cualquier otro gasto relacionado con su estancia a partir del 1 de diciembre de 2018.

“Es prácticamente un régimen carcelario”, denunció entonces el abogado Carlos Poveda, integrante de la defensa de Assange en Ecuador. “Este nuevo régimen va en contra de su dignidad humana básica como asilado”. El texto sostenía que si Assange no cumplía con cualquiera de estos requisitos, perdería automáticamente el asilo político del que disfruta.

Estas medias impuestas en octubre del año pasado se sumaban a las primeras restricciones que llegaron el pasado verano, cuando se le llegó a cortar el acceso a internet y el control de las llamadas y las visitas.Según sus abogados, las nuevas restricciones suponían también que cualquier persona que quisiera visitarlo tendría que aportar datos personales de carácter privado además de que la embajada se reservaba la opción de confiscar material tanto al propio Assange como a sus visitas.Ya entonces, Baltasar Garzón explicó que el australiano se encontraba en un estado precario de salud debido a lo prolongado de su asilo y calificó de "inhumana" su situación dentro de la sede diplomática.