La incorporación de Bolivia a Mercosur va camino de convertirse en odisea, agravada por el golpe de Estado perpetrado tras las pasadas elecciones presidenciales. Sobre la mesa está, desde finales de 2019, la solicitud oficial que realizó Uruguay, uno de los países miembro: suspensión del país andino, igual que en su día fue suspendido Paraguay, o actualmente lo está Venezuela.

El Canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa habló sin tapujos en la última cumbre del Mercosur, en diciembre del año pasado, con presencia incluida de la ministra de relaciones exteriores del gobierno provisional boliviano, Karen Longaric. Según Nin Novoa, Evo Morales había sido "obligado a renunciar a su cargo, provocando un quiebre institucional que representa una ruptura del orden democrático en los términos establecidos en el artículo 3 del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, Bolivia y Chile".

Por ello, Uruguay exige "que se activen los mecanismos previstos en dicho Protocolo, a fin de comenzar las consultas para analizar las medidas a adoptarse, hasta que se restablezca plenamente el orden democrático en Bolivia". El aludido artículo 3 del documento es el que menciona que "toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados Partes (...) dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos siguientes". Entre dichos procedimientos, "consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado", y, si las consultas fueran "infructuosas", disposiciones como "suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".

A día de hoy, los uruguayos no se han movido ni un milímetro de ese planteamiento. La Cancillería afirma, en conversación con Público, que "la posición que Uruguay expuso es oficialmente la posición que Uruguay mantiene hasta ahora"; recalcando que "obviamente, las próximas autoridades [el nuevo gobierno, con Luis Lacalle Pou al frente, toma posesión el 1 de marzo] harán las declaraciones pertinentes sobre el caso cuando consideren necesario".

Respecto a las reacciones de su postura ante el resto de comitivas del Mercosur, la cancillería uruguaya reconoce que no se ha avanzado todavía. "Uruguay hizo la propuesta y se tomó nota, pero no pasó nada más. No hubo resolución al respecto". Nadie se atreve a tomar medidas contundentes ante la fragilidad de la coyuntura en Bolivia, y lo que pueda venir en las inquietantes elecciones de mayo.

El enquistamiento de la interminable fase final de la incorporación de Bolivia a Mercosur la explica para Público el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil: el Protocolo de Adhesión, firmado por todos los Estados el 17 de julio de 2015, todavía no esté vigente porque dicho acuerdo debía ser ratificado por cada uno de los Parlamentos nacionales, y falta precisamente la ratificación de Brasil. "El protocolo tramita actualmente en la Cámara de Diputados en régimen de urgencia. Desde el 17 de mayo de 2018 se encuentra listo para la pauta en el plenario de la Cámara. Después de la eventual aprobación en el plenario, el Protocolo de Adhesión será dirigido a la apreciación del Senado Federal".

La incorporación de Bolivia a Mercosur no se ha ratificado en Brasil, por lo tanto, ni en la etapa final de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, ni con Michel Temer en el poder –tras el traumático impeachment contra Dilma Rousseff– ni durante los primeros once meses de mandato de Jair Bolsonaro. Brasil, ahora, se encuentra en la misma línea ideológica que los provisionales mandatarios bolivianos, es decir, en las antípodas de Argentina, el otro gran peso pesado de la región. "El Gobierno brasileño celebró las iniciativas tomadas por el Gobierno provisional de la presidenta Jeanine Áñez", realza el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño para este reportaje, "con vistas a la estabilización de la situación en Bolivia y a la organización de nuevas elecciones". Consideran que todo son pasos positivos que contribuyen "a la consolidación de la normalidad democrática en el país".

Un golpe "de carácter claramente racista"

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de Parlasur –el parlamento de Mercosur–, por su parte, no tardó en definir lo sucedido en Bolivia como un "golpe cívico-militar". A finales de noviembre una delegación quiso conocer la problemática desde el terreno. Viajaron a Bolivia los diputados Cecilia Merchán (Argentina), Ricardo Canese (Paraguay), Carlos Reutor (Uruguay) y Fernanda Melchionna (Brasil), además del Secretario de Relaciones Internacionales, Luis Seara. Sus principales preocupaciones fueron "la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público; las declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos; el no otorgamiento de salvoconducto a dirigentes que se encuentran con asilo en embajadas, y la persecución a periodistas nacionales y extranjeros".

Una de las participantes en esta visita del Parlasur a Bolivia, la diputada federal brasileña Fernanda Melchionna (Partido Socialismo y Libertad, PSOL), ha resumido para este diario lo que en su opinión es un golpe "de carácter claramente racista, que usó toda suerte de violencia estatal para su consolidación después de la reacción democrática de la población, en El Alto, en Cochabamba". Varios dramas le llamaron la atención, entre ellos "la persecución que ha provocado que sesenta y cuatro parlamentarios –entre concejales, diputados y gobernadores– hayan renunciado a sus mandatos ante las amenazas de bandas paramilitares protofascistas: secuestros, humillaciones públicas y quema de casas".

Tras los intentos de criminalización y las acusaciones de terrorismo a los movimientos sociales y a líderes sociopolíticos indígenas, la convocatoria de elecciones le parece a Melchionna una especie de disfraz, "para que el resultado electoral sea el ansiado por la derecha y así consolidar el golpe desde el punto de vista electoral".

No hay ninguna investigación en curso al respecto de las bandas paramilitares que han asesinado sin piedad durante las últimas semanas y que han sido clave para sembrar el pánico durante el proceso de golpe. La diputada brasileña está totalmente de acuerdo con la propuesta de la cancillería uruguaya, pero además incorpora urgencias: "Exigimos una investigación internacional, independiente, para buscar a los responsables de la masacre de Senkata". Entre esa matanza y la de Sacaba, según las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, fueron asesinadas por lo menos 18 personas. El número global de asesinatos, por todo el país, quedó contabilizado a final del año pasado en 36 personas. Parlasur suma a eso 832 personas heridas y 1513 detenidas.