Un total de 1.074 civiles murieron en el primer semestre del año víctimas de la guerra afgana. Esto implica un aumento del 1,3 por ciento respecto al mismo período del año anterior, según datos divulgados por la organización Afghanistan Rights Monitor (ARM). Además, entre enero y junio resultaron heridos más de 1.500 civiles.

La ARM responsabilizó a los insurgentes talibanes de 661 de las muertes civiles del semestre -un 61 por ciento del total-, debido sobre todo a explosiones de minas colocadas en carreteras  (282 bajas) y a atentados suicidas (127 bajas).

Según los datos, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) acabó por su parte con las vidas de 210 civiles, una 'reducción considerable' debido sobre todo a 'restricciones impuestas en el uso de bombardeos aéreos.

Las fuerzas de seguridad afganas mataron a 108 civiles, mientras que otros 67 murieron a manos de 'hombres armados asociados con firmas privadas de seguridad o grupos criminales armados'.

La organización pidió a los grupos en conflicto que renuncien o reduzcan el uso de bombas camineras por su efecto sobre la población civil, que se ha llevado 'la peor parte de las bajas causadas por la guerra'. Aunque el nuevo comandante en jefe de las tropas internacionales, David Petraeus, ha declarado su intención de reducir las pérdidas de vidas civiles 'al mínimo absoluto', la ARM consideró que la llegada de refuerzos extranjeros tendrá malos efectos sobre la población.

Según datos de la ONU, el año 2009 fue el más sangriento para la población civil de Afganistán desde la caída del régimen talibán, con 2.412 muertos, debido al incremento de la actividad insurgente y la expansión del conflicto a nuevas zonas.

En Afganistán hay desplegados en la actualidad unos 130.000 soldados extranjeros, y está previsto que ese número aumente hasta 150.000 cuando lleguen los últimos refuerzos anunciados por los distintos países que componen la coalición militar.

De acuerdo con su propia definición, la ARM es una organización independiente establecida en Kabul que intenta investigar con imparcialidad y denunciar posibles violaciones de derechos humanos en Afganistán.