La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que ha reunido durante años a todas las voces que luchan por el acceso a un aborto seguro en Argentina, ha organizado una movilización este miércoles en Buenos Aires ante el Parlamento. Los convocantes de la marcha pretenden "reafirmar la vigencia" de la Ley  de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada a finales de 2020 y que entró en vigor a principios de 2021 en el país.

La protesta coincide con el informe de Amnistía Internacional en el que se denuncia que desde el sector privado existen "barreras" para ejercer el derecho a la interrupción del embarazo. Desde la organización de derechos humanos no han podido acceder a los datos para determinar el número de abortos realizados en la sanidad privada.

Con la entrada en vigor de esta ley, en Argentina se puede interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación, con un máximo de diez días desde su solicitud. Tras ese número de semanas, sólo se puede realizar la intervención en el caso de peligro para la vida de la persona gestante, o si el embarazo es fruto de una violación. Estos últimos requerimientos se mantienen desde la aprobación del Código Penal en 1921.

En el informe, difundido con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, que se celebra este 28 de septiembre, Amnistía Internacional señala que el sector público de salud de Argentina practicó un total de 73.487 interrupciones del embarazo bajo la nueva legislación, al tiempo que aumentó en 420 el número de profesionales que garantizan esta práctica.

Sin embargo, según Amnistía Internacional, un 35% de las reclamaciones ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y un 54% de las demandas ante la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores son de personas que denunciaron que "se le negó el acceso a la práctica" en el sector privado.

El resultado de estos "graves obstáculos" es un aumento del "colapso" en el sistema público, que asume una cuarta parte de esas reclamaciones, provocando una sobrecarga a los profesionales de la sanidad pública.

La batalla que se vivió en las calles argentinas durante años para conseguir la aprobación de esta ley fue una "lucha global" que las mujeres argentinas se ven obligadas a retomar este miércoles con el fin de conseguir un aborto legal y seguro, incluido en el sector privado.