La justicia alemana abre este lunes en Múnich el juicio por terrorismo contra la neonazi Beate Zschäpe, única superviviente del grupo Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) cuyos asesinatos de inmigrantes delataron un fracaso policial en toda regla frente a la ultraderecha.

Desde horas antes de la apertura, grupos de manifestantes de izquierda se apostaron ante el edificio de la cámara exigiendo con pancartas el total esclarecimiento del caso y la presunta responsabilidad de los cuerpos de seguridad alemanes, dados los múltiples fallos en las investigaciones. 

Zschäpe, de 38 años, comparecerá ante la Audiencia Territorial muniquesa entre medidas de seguridad extremas, con esposas en las manos y los tobillos, para responder del asesinato de ocho turcos y un griego, de 2000 a 2007, así como de una agente policial, por lo que se le imputa pertenencia a grupo terrorista y asesinato múltiple.

Se trata de la primera vez que se aplica el término terrorismo a asesinatos de la ultraderecha en Alemania, a lo que se suma el hecho de que no ha trascendido nada de las declaraciones de la acusada en los sucesivos interrogatorios policiales a que se la ha sometido.

Será así el primer contacto directo con la procesada, cuyo rostro ha llenado las portadas de todo el mundo y en medio de las sucesivas polémicas que han envuelto el caso, incluida la exclusión inicial de medios turcos del juicio, país de origen de ocho de sus víctimas.

Zschäpe ingresó en prisión preventiva el 8 de noviembre de 2011, cuando se entregó a la policía tras incendiar la casa donde había convivido con los otros dos miembros de la NSU, Uwe Böhnhard y Uwe Mundlos.

Sus dos compañeros habían aparecido muertos cuatro días antes en una autocaravana, en lo que inicialmente se consideró un doble suicidio de dos delincuentes acosados por la policía tras atracar un banco.

En esa casa parcialmente destruida de Zwickau (este del país) se encontraron las pistas y el arma con que habían muerto asesinados nueve inmigrantes en distintos puntos del país, así como macabros vídeos donde el grupo se jactaba de sus crímenes.

Salió a relucir lo que la canciller Angela Merkel calificó de 'vergüenza para Alemania'. Es decir, la revelación tardía de una célula neonazi que asesinó impunemente a inmigrantes, en distintos puntos del país, sin que la policía llegara a detenerlos.

No se siguió el rastro de los asesinatos, que se atribuyeron a ajustes de cuentas entre extranjeros o crímenes familiares, pese a que un simple cruce de datos habría revelado que se habían realizado con la misma arma -una Ceska 83 calibre 7,65 milímetros-.

Los tres neonazis se financiaron atracando bancos y, además de los diez asesinatos que se imputan a Zschäpe, cometieron en 2001 y 2004 dos atentados con bomba en Colonia, con una veintena de heridos, que también se atribuyeron a extranjeros.

Su primera víctima fue un vendedor de flores de Nuremberg, al que siguieron otros ocho comerciantes -desde un sastre a vendedores de frutas y verduras o cerrajeros- en distintos puntos del país.

Zschäpe será juzgada junto a cuatro presuntos cómplices de la NSU, cuyos vínculos con otros ultraderechistas se revelaron tan tardíamente como todo lo que rodea al caso y en medio de sospechas de inoperancia o encubrimiento policial con esos círculos.

Será así un proceso en que no solo se juzgará a la presunta autora de los crímenes racistas que conmocionaron a la Alemania de Merkel, sino también, aunque indirectamente, la ineficacia o lasitud de las fuerzas de seguridad frente a la ultraderecha.

Ni la policía ni los servicios de espionaje cayeron sobre ellos, pese a que se tenía constancia de las actividades del grupo con tan revelador nombre desde 1998, año en que pasó a la clandestinidad.

Al cúmulo de errores, negligencia o connivencia se sumaron la destrucción deliberada de actas policiales relacionadas con el grupo, ya con Zschäpe en prisión y sin motivo aparente.

La reacción de Interior fueron varios relevos en los cuerpos de seguridad y la reorganización de sus estructuras, vistas las lagunas de coordinación entre los 64 estamentos policiales o de inteligencia del país, repartidos entre los 'Länder' y el Estado federal.

A la cadena de escándalos que rodearon el caso se sumaron, en la recta final, las demandas ante el Tribunal Constitucional de medios turcos, que habían quedado fuera del reparto de acreditaciones entre los 50 puestos previstos para la prensa.

Tras un largo tira y afloja, se resolvió la cuestión por el procedimiento del sorteo, cuyo resultado desató nuevas protestas ya que quedan fuera varios medios alemanes de difusión nacional, en un país donde los juicios no se transmiten por televisión ni tampoco se pueden seguir por vídeo en alguna sala vecina de mayor aforo.

Será así un proceso en que no solo se juzgará a la presunta autora de los crímenes racistas que conmocionaron a Alemania, sino también, aunque indirectamente, la ineficacia o lasitud de las fuerzas de seguridad frente a la ultraderecha.

Para el juicio se han previsto 80 vistas, lo que teóricamente prolongaría el proceso hasta enero de 2014, aunque se cuenta con que se extienda más.

El pliego de la acusación está contenido en 488 páginas, se han convocado 606 testigos a declarar y la acusación particular representa a 80 demandantes, la mayoría familiares de las víctimas.