SÍDNEY
Actualizado:Decenas de periodistas y directores de medios de Australia podrían ser procesados por su cobertura del caso en el que ha sido condenado por abusos sexuales a dos niños el cardenal George Pell, responsable de Finanzas del Vaticano.
Los reporteros han recibido ya notificaciones legales en las que se les pregunta por qué motivos no deberían ser procesados por desacato al tribunal, que había decretado el secreto del proceso para garantizar que el cardenal tenía un juicio justo en otro proceso distinto por abusos.
Pell fue condenado en 2018 por haber abusado de dos niños pero una orden del tribunal prohibió a los medios informar sobre el juicio en ese momento para garantizar que el segundo proceso por abusos fuera justo. Esos otros cargos fueron retirados el martes, lo que permitió que se pusiera fin a la prohibición de publicación y los medios publicaran sus informaciones sobre el juicio.
Una orden del tribunal prohibió a los medios informar sobre el juicio contra el cardenal Pell para garantizar que el segundo proceso por abusos fuera justo
La prohibición de publicación se aplicó en todo el territorio australiano para todo tipo de medios accesibles desde Australia. Sin embargo, cuando Pell fue condenado, el 11 de diciembre, algunos medios australianos publicaron titulares, incluido uno que rezaba "censurado", y artículos que informaban de que una persona de perfil alto había sido condenada por un delito grave que no podía contarse.
El juez del tribunal de condado de Victoria, Peter Kidd, responsable del proceso contra Pell, ha mostrado su malestar con la cobertura informativa de los medios dos días después del veredicto y ha convocado una vista con los fiscales y los abogados del cardenal.
"Mi pensamiento al minuto es que dado lo potencialmente ofensivas y flagrantes que son estos incumplimientos, un número muy importante de personas de los medios están afrontando, si son encontradas culpables, la perspectiva de encarcelamiento y, de hecho, un encarcelamiento importante", señaló el juez, en la vista con los fiscales y los abogados, unas declaraciones que ahora se pueden publicar.
La pena máxima por desacato al tribunal en el estado australiano de Victoria es de cinco años de prisión y de una multa de más de 96.000 dólares australianos (unos 60.000 euros) para personas y cerca de 500.000 dólares para empresas (unos 314.000 euros). El diario de Victoria The Age ha informado este martes de que la Fiscalía ha enviado 32 notificaciones a periodistas y medios del grupo Nine Entertainment para que expliquen por qué no deben ser procesados por desacato.
Los medios se defienden
"Negamos los cargos", ha dicho una portavoz del grupo Nine, tras confirmar que su empresa ha recibido notificaciones del juzgado. Debido a las restricciones de publicación, se desconoce cuándo se enviaron los requerimientos. La Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) también ha recibido una notificación.
Algunos medios extranjeros no afectados por la legislación australiana publicaron la condena a Pell y el tema fue abordado ampliamente en redes sociales
"Defendemos toda nuestra cobertura y nuestras acciones en este tema. Hemos respondido a la Fiscalía enérgicamente contestando a cualquier acusación de mala actuación por nuestra parte", ha afirmado la portavoz del grupo audiovisual, en una declaración remitida por correo electrónico. La prohibición de publicación de informaciones sobre el juicio fue emitida para impedir que el jurado del segundo proceso contra el cardenal Pell por abusos pudiera verse influido por las informaciones del juicio anterior.
Sin embargo, algunos medios extranjeros no afectados por la legislación australiana publicaron la condena a Pell y el tema fue abordado ampliamente en redes sociales. El diario The Washington Post y el medio The Daily Beast publicaron el veredicto y detalles del juicio en diciembre, mientras que The New York Times informó en su edición en papel pero no en la digital.
Durante el juicio contra Pell, los ciudadanos australianos podían asistir a las sesiones e incluso a la lectura del veredicto pero al salir se les informaba de la orden de prohibición de informar. "Obviamente puede haber tensión entre el principio de justicia abierta, que es lo que tenemos, y el de un juicio justo", ha dicho la portavoz del Instituto de Derecho de Victoria, Kerry O'Shea.
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