Santiago de Chile
Actualizado:“Pido perdón por mis debilidades y mis flaquezas y estoy confiado en la misericordia de Dios. Creo profundamente en la verdad, y creo profundamente en la justicia”. Fueron las palabras de despedida del hasta ahora arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. El cardenal dijo adiós a los fieles este domingo en una ceremonia realizada en la Catedral Metropolitana de la capital chilena luego de que el Papa Francisco aceptara el sábado su renuncia. El prelado la había presentado por primera vez hace dos años, cuando estaba a punto de cumplir los 75, edad establecida para dejar el cargo. Luego, lo volvió a hacer el año pasado, cuando la Conferencia Episcopal de Chile al completo fue citada al Vaticano por la crisis que estalló en el país y que llevó a 34 prelados a poner sus cargos a disposición del Pontífice.
La salida de Ezzati llegó luego de que el viernes la Corte de Apelaciones de Santiago, en una decisión unánime, rechazara la petición de sobreseimiento definitivo realizada por la defensa del ahora ex arzobispo. A partir de ahora, la Fiscalía podrá seguir adelante con la investigación en su contra por presunto encubrimiento de abusos sexuales que habrían realizado, durante años, altos jerarcas de la Iglesia Católica chilena.
Para alejar sospechas, Ezzati hizo públicas las cartas que recibió cuatro días antes del anuncio público del Vaticano, en las que el Pontífice le anticipaba que aceptaba su renuncia. Un gesto hacia la opinión pública para demostrar que la decisión de Roma no tendría relación alguna con la resolución de los tribunales. “Le ruego guardar el embargo de las mencionadas noticias hasta el día y la hora indicados”, concluía el texto.
Según el registro de la Fiscalía Nacional, hasta finales del 2018, en Chile había 148 investigaciones vigentes relacionadas con casos de abusos sexuales. Las personas investigadas ascienden a 202 y las víctimas a 255, de las cuales 110 son a niños, niñas y adolescentes.
Imputado en tres casos
Ricardo Ezzati está imputado como eventual encubridor de los hechos presuntamente cometidos por al menos tres sacerdotes: el ex canciller del Arzobispado de Santiago Oscar Muñoz, a quien se acusa de violación y abusos, y los curas Jorge Laplagne y Tito Rivera.
Óscar Muñoz enfrenta cargos por abusos reiterados a menores y un estupro cometidos entre 2002 y 2018. Jorge Laplagne, ex párroco de la Iglesia San Crescente y Nuestra Señora de Luján del barrio de Ñuñoa, es investigado por dos denuncias –de 2011 y 2015– que no fueron consideradas verosímiles y en las que se le acusa de haber abusado sexualmente de un menor.
El sacerdote Tito Rivera, por su parte, es investigado por encubrir un presunto delito de violación cometido por al interior de la Catedral de Santiago en 2015. Una investigación de la Fiscalía de Rancagua –100 kilómetros al sur de Santiago– reveló que Ezzati habría sido conocedor de los hechos por parte de la víctima y, pese a que un año y medio después inició el proceso canónico penal, nunca envió los antecedentes al Ministerio Público ni los dio a conocer a la ciudadanía. Según el relato del denunciante, cuando le contó a Ezzati cómo fue violado, éste lo abrazó, lo invitó a rezar por su victimario y le entregó 30 mil pesos (unos 40 euros). Finalmente, Rivera fue suspendido por 14 años del Ministerio Sacerdotal luego de que otra de sus víctimas entregara varias fotos con imágenes de sexo explícito donde aparecía junto con otros jóvenes.
“Yo no tengo conciencia de haber confesado, porque no lo conozco, y menos todavía de haber sabido, de haberle dado un abrazo y haberle dicho que un sacerdote le entregaría un dinero a nombre mío. Eso, lastimosamente, no es así”, declaró Ezzati tras conocerse el nuevo escándalo. “Sin duda alguna, pudimos haber cometido algunos errores, no soy infalible, pero todos los casos que han sido denunciados en la Arquidiócesis de Santiago, de la cual soy responsable desde el año 2011, han sido investigados”, afirmó entonces el ex arzobispo.
Ezzati fue cuestionado por víctimas, laicos y el conjunto de la opinión pública por la forma de enfrentar la crisis en la Iglesia Católica chilena y su poca claridad a la hora de posicionarse ante los múltiples casos de abusos sexuales perpetrados por religiosos que han ido saliendo a la luz. Su nombre empezó a ser cuestionado a partir de 2009, cuando víctimas del sacerdote Fernando Karadima lo acusaron públicamente de encubrir los abusos sexuales cometidos por el cura. El septiembre pasado el Papa expulsó a Karadima del sacerdocio "por el bien de la Iglesia Católica".
El sustituto: un sacerdote español
En el lugar de Ezzati, el papa Francisco ha colocado al español Celestino Aós Braco, quien asumió como administrador apostólico sede vacante de la archidiócesis de la capital hasta que designe al nuevo arzobispo. Santiago se suma así a las ocho jurisdicciones eclesiásticas –de un total de 27 que hay en el país– que ya se encontraban en situación de sede vacante y a cargo de administradores apostólicos.
Aós, de 73 años, es español, originario de Artaiz, Pamplona. Estudió Filosofía en Zaragoza y Teología en la capital navarra. Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, entró como franciscano capuchino en 1964. Fue ordenado sacerdote en 1968.
A Chile llegó en 1983, en plena dictadura, cuando fue nombrado vicario parroquial en Longaví, al sur del país. Desde entonces pasó por varias diócesis y se desempeñó en distintos cargos, algunos de ellos en la justicia eclesiástica. En 2014 fue nombrado obispo de Copiapó.
“Atenderemos y ayudaremos a quienes sufren atropellos a su dignidad de persona resultado de los abusos y delitos, absolutamente injustificables e absolutamente intolerables, por parte de clérigos. No bastan retoques de maquillaje, necesitamos reformas y cambios profundos”, dijo el sacerdote español durante su primera liturgia en la catedral santiaguina.
Sin embargo, tras su estreno ya se instaló la sombra de la sospecha. Durante su etapa en Valparaíso como miembro de un tribunal eclesiástico –en el cargo de promotor de justicia– recibió acusaciones en contra del ex sacerdote Jaime Fonseca, destituido el año pasado por el Papa. Según el denunciante, Aós habría declarado las denuncias como no verosímiles y habría ayudado a encubrir a Fonseca que, finalmente, fue sentenciado en agosto de 2018 por el mismo Papa por abuso sexual, manipulación de conciencia y malversación de fondos, razón por las que fue expulsado de la Iglesia.
Ante las acusaciones que lo señalan, Aós salió este lunes a explicarse: “En un tribunal eclesiástico hay distintos papeles. El promotor de justicia, en aquel entonces, tenía una delimitación bien marcada de funciones. Yo las cumplí como mejor creí, y el promotor de justicia no es quien tomaba las sentencias”, precisó luego de negar con rotundidad haber sido encubridor de abusos sexuales.
Sea como sea, la desconfianza ya apunta hacia Aós y las reacciones no tardaron en hacerse públicas. Los activistas laicos ya han anunciado que se mantendrán en alerta para analizar el trabajo del nuevo
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